Cuestiona el uso de recursos públicos que podrían haberse destinado a obras más necesarias para el país.
eju.tv
La diputada Rosario García, primera secretaria de la Cámara de Diputados y miembro del MAS-IPSP, lanzó una dura crítica contra la administración del ex presidente Evo Morales, cuestionando los elevados recursos económicos destinados a procesos electorales que, según ella, no tuvieron ningún impacto significativo en Bolivia.
En su intervención, García señaló que durante el mandato de Morales, se malgastaron Bs 410 millones en tres procesos electorales que finalmente no tuvieron validez, poniendo en tela de juicio la gestión económica del entonces mandatario.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“¿Qué hemos conseguido con este referéndum? Prácticamente hemos malgastado Bs 410 millones que podían haberse utilizado para la construcción de hospitales y obras en beneficio de todos los bolivianos”, afirmó la diputada.
La diputada menciona tres eventos clave:
- Referéndum del 21 de febrero de 2016: Costó Bs 166 millones y no se respetaron sus resultados.
- Elecciones primarias de enero de 2019: Con un gasto de Bs 27 millones, este proceso también resultó ineficaz.
- Elecciones nacionales de octubre de 2019: Se gastaron Bs 217 millones, y los resultados fueron invalidados.
En todos estos casos, los resultados fueron invalidados o desestimados, lo que para García constituye un uso ineficiente y poco responsable de los recursos del Estado.
Esta declaración adquiere mayor relevancia en el contexto actual, donde la gestión del presidente Luis Arce, también del MAS-IPSP, busca marcar una diferencia respecto a las administraciones anteriores. Durante la celebración del 72 aniversario del sindicato de trabajadores de YPFB, Arce aseguró que su gobierno respetará los resultados del próximo referéndum de diciembre, en un claro mensaje de compromiso con la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales.
El referéndum, cuyas preguntas están en revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, será realizado el 1 de diciembre junto a las elecciones judiciales, siempre y cuando se cumplan los plazos estipulados. La respuesta sobre la constitucionalidad de las preguntas se espera para el 31 de agosto, en lo que será un paso clave para garantizar la viabilidad del proceso.