Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Las elecciones generales están programadas para el 17 de agosto de 2025. Foto: El Alteño
Boris Bueno Camacho / La Paz
Hay 12 partidos habilitados para las justas generales sin líderes visibles; Defensa Civil reporta cinco fallecidos, entre ellos dos niños, por las últimas lluvias en el país; y, el 99% de las personas mayores de 60 años continuará recibiendo el pago de la Renta Dignidad en 2025. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
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– Hay 12 partidos habilitados para las justas generales sin líderes visibles
A tres meses de la convocatoria a las elecciones generales de 2025, 12 organizaciones políticas están habilitadas para participar en los comicios y una 13ª en la última etapa de su trámite. Sin embargo, no se visibilizan candidatos ni del oficialismo ni de la oposición, tampoco hay liderazgos claros, coincidieron los analistas. En agosto, Nueva Fuerza Patriótica (NFP) recolectó las firmas de adhesión, a través del sistema biométrico. El pasado viernes, APB Súmate entregó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 108 mil firmas para obtener la personería jurídica. Para el politólogo Franklin Pareja, es la primera vez en 20 años que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene un candidato definido y tampoco se sabe si irá dividido o unido.
– Vocal del TSE prevé que segunda parte de las judiciales costará entre Bs 150 millones y 183 millones
Aún sin una fecha definida, la segunda parte de las elecciones judiciales le costarán al país entre Bs 150 millones y Bs 183 millones, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe. “En el momento que se reanude esta complementación de estas autoridades, ¿sabes cuánto le va a costar al Estado? otros 183 millones. Yo me animo a decir, entre 150 a 183 millones que le va a costar. No sé a quién se le ocurrió parcelar las elecciones judiciales, bueno, eso es por no respetar el principio de preclusión”, cuestionó. La tercera elección judicial de Bolivia se efectuará el 15 de diciembre, pero no se realizará de forma completa por una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En lo que va del año, las radioemisoras de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se adjudicaron contratos de publicidad por un total de Bs 800.000. De acuerdo con una revisión que hizo la ANF de los contratos en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), se verificó que en esta gestión se suscribieron cinco convenios entre el Ministerio de la Presidencia y las radioemisoras de los sectores sociales que apoyan al gobierno de Luis Arce e integran el Pacto de Unidad.
– Defensa Civil reporta cinco fallecidos, entre ellos dos niños, por las últimas lluvias en el país
El Viceministerio de Defensa Civil reportó cinco fallecidos por una mazamorra y riadas producto de las intensas lluvias que cayeron en el país. Los fallecidos son de eventos climatológicos en los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Tarija. “En el municipio de Presto del departamento de Chuquisaca, existen dos fallecidos por la crecida de un río; en Sucre, un niño que realizaba pastoreo fue alcanzado por un rayo”, explicó el viceministro Juan Carlos Calvimontes. “En Tarija, una persona adulta mayor fue aplastada por un muro por la crecida de una quebrada y en La Paz, está nuestra niña Camila, aplastada por una mazamorra”, añadió. La autoridad informó que las lluvias y riadas están causando problemas en la producción de frutas y hortalizas.
– Mazamorra en el Sindicato Avispas del trópico de Cochabamba deja cuatro muertos
Tras una fuerte lluvia, una mazamorra caída cerca de las 02:00 del domingo en el Sindicato Avispas, de la Central Paractito de la Federación Yungas Chapare, dejó el saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos niñas, quienes fueron sepultadas en sus viviendas de madera. José Chambi Toledo, un comunario de la zona, informó que tres integrantes de su familia y una niña que era vecina perdieron la vida, luego de una tarea de rescate que concluyó pasado el mediodía ayer. El comunario, en una entrevista con Radio Kausachun Coca, detalló que los fallecidos son su hermano Pedro Chambi Toledo (42), su cuñada Josefina Aguilar (33), una de sus hijas de 13 años y una niña de 12 años que era su vecina y que vivía en otra casa de madera.
Tras una reunión que sostuvieron este domingo, autoridades de la Alcaldía de La Paz se comprometieron este domingo a autorizar a la inmobiliaria la ejecución de su “plan de acciones inmediatas” en Bajo Llojeta. Uno de los propósitos es agilizar el retiro del lodo que terminó afectando a 40 viviendas. “Vamos a trabajar, a mi cabeza, una comisión técnica y vamos a permitir, vamos a autorizar todos los permisos que sean necesarios y a partir de ahora se va a trabajar de una manera coordinada para lograr que la gente esté en tranquilidad, que la gente vea que hay una acción”, anunció el alcalde paceño Iván Arias. “Lo importante es sacar el lodo, lo importante es sacar el agua, trabajar en la parte de arriba”, añadió.
– El 99% de las personas mayores de 60 años continuará recibiendo el pago de la Renta Dignidad en 2025
El 99% de 1.226.111 personas continuará recibiendo el pago de la Renta Dignidad en 2025, mientras que 13.370 ya no, confirmó el gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán. “De aprobarse la ley (del Presupuesto General del Estado), en realidad no recibirían la Renta Dignidad 13.370 personas. Para que tengamos un orden del universo, nosotros pagamos a 1.226.111 personas, eso quiere decir que el 99% de los beneficiarios de la Renta Dignidad van a continuar recibiendo su beneficio”, aseguró. El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 plantea limitar el pago de la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 años que continúan trabajando en el sector privado.
– ANH niega desabastecimiento de garrafas y asegura que no existe crisis en GLP ni gas natural
El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, aseguró que el combustible que se comercializa en Bolivia cumple con todos los requisitos de calidad establecidos por las normativas vigentes, descartando la existencia de una crisis en el país relacionada con el Gas Licuado de Petróleo (GLP) o el gas natural domiciliario. Jiménez destacó que Bolivia produce entre 1.500 y 1.600 toneladas métricas de GLP, de las cuales el mercado interno consume alrededor de 1.300 toneladas, lo que se traduce en 130.000 garrafas de GLP comercializadas diariamente. El excedente de esta producción es exportado a otros países. «No hay crisis en el estado boliviano ni en gas natural domiciliario ni en GLP», afirmó el director de la ANH.
La reciente viralización en redes sociales de la denuncia de una empresaria que no pudo recuperar su dinero en dólares avivó los reclamos de la población boliviana por la crisis económica del país y la incapacidad bancaria de devolver los depósitos realizados en esa moneda. Si bien la medida está contemplada dentro de la legislación nacional, recuperar los ahorros en moneda local supone perder actualmente cerca del 40% del dinero, debido a que los bancos hacen el cambio a 6,96 bolivianos, el valor oficial, pero en el mercado el dólar oscila entre 10,50 y 12 bolivianos. El Código de Comercio boliviano establece que “las obligaciones contraídas en moneda extranjera se cubrirán en la moneda estipulada cuando fuera legalmente posible».
Las fuerzas policiales incautaron en los últimos 11 meses 210 armas de fuego, entre fusiles de asalto de grado militar, escopetas, pistolas, armas artesanales y más de 50.000 municiones. De acuerdo con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, las armas tenían como destino final facilitar actividades de narcotráfico, contrabando y actos violentos que desestabilizaron el orden público, como los ocurridos durante los bloqueos de caminos en el trópico de Cochabamba y la masacre de Pucamayu, motivada por una venta fallida de fusiles militares. La autoridad precisó que la internación ilegal de armamento tiene un claro objetivo: combatir, y dar de baja, a las fuerzas de seguridad del Estado.