El caso investiga presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica relacionados con la compra de dos escáneres.
eju.tv / Video: Gigavisión
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó este lunes que dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de escáneres para la Aduana Nacional se emitió una alerta migratoria contra la expresidenta de la institución, Karina Serrudo, quien además cuenta con una orden de aprehensión pendiente de ejecución.
«Debemos mencionar que inmediatamente se emitió la orden de aprehensión, la autoridad fiscal también emitió un requerimiento a Migración para establecer el último paradero de esta persona. Conforme a los datos, estamos a la espera de las respuestas por parte de la institución y, con ello, el Ministerio Público, en este caso la comisión de fiscales, emitirá lo que por derecho corresponda a fin de lograr la ejecución de dicha orden de aprehensión, si correspondiese», afirmó la autoridad paceña.
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El caso investiga presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica relacionados con la compra de dos escáneres. Torrez señaló que se espera que la Policía Boliviana pueda dar cumplimiento a la orden de aprehensión dentro de este proceso que indaga posibles irregularidades en la contratación.
En el marco de esta investigación, el fiscal también informó que dos personas fueron sometidas a medidas cautelares, luego de no presentarse a sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público. Tras ser aprehendidas y prestar su declaración, la autoridad jurisdiccional determinó aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva, disponiendo detención domiciliaria para ambos investigados.
El caso salió a la luz a finales de febrero pasado, cuando se conoció que Serrudo enfrenta un segundo proceso penal y una orden de aprehensión por la compra de dos escáneres con un presunto sobreprecio de 20 millones de bolivianos, según información oficial.
La exautoridad también es investigada en otro caso por presuntas irregularidades en la adquisición de un terreno y la construcción del edificio de la Aduana en Tarija, donde se estima un daño económico de aproximadamente 10 millones de bolivianos, en una obra que llegó a costar 27 millones de bolivianos.