Los atracos, asesinatos y otros delitos proliferan, lo que causa alarma y temor en la población por la falta de seguridad ciudadana, ya que los jefes policiales dan más importancia al resguardo de dirigentes del partido de gobierno e inmiscuirse en política, dejando de lado el rol constitucional que tienen que cumplir.
Editorial El Diario
Los delitos en contra de la propiedad privada y la seguridad de las personas han rebasado los límites de la tolerancia, porque los delincuentes cometen sus fechorías con libertad e incluso a una cuadra de donde está la guardia presidencial, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales y a dos de un regimiento policial.
La ausencia de los uniformados en diferentes barrios de la ciudad constituye una carta blanca para que actúen los ladrones y atracadores, los que ahora actúan a plena luz del día, sin ocultar su rostro ni el dejo peruano o colombiano al hablar, en algunos casos. Por falta de control de armas los malhechores hacen uso de pistolas, revólveres y otras, algunas de reglamento, propiedad de policías. La fiscalización sobre la tenencia de armas de fuego es estricta para el ciudadano común, que requiere de la autorización correspondiente para poder portarlas y defenderse de los antisociales que pululan en las diversas zonas urbanas del país. Por ello es urgente que los legisladores, asumiendo su rol fiscalizador, convoquen a los miembros del Alto Mando Policial y a los Ministros de Defensa y Gobierno para que respondan sobre esas irregularidades y la flexibilidad con la que actúa la institución del orden, lo que hace que el pueblo dude de su compromiso con la sociedad para garantizar la seguridad de todos los bolivianos.
La población no cesa de sorprenderse por los atracos, asaltos y asesinatos que son cometidos cada vez con mayor frecuencia, sin que la Policía Nacional y los representantes del Ejecutivo y del Ministerio Público respondan sobre el incremento de la delincuencia en el territorio nacional y expliquen lo que están haciendo contra la delincuencia que no respeta las vidas de las personas. Por tal motivo los vecinos de barrios periféricos se han organizado para luchar contra los ladrones, los que cuando son sorprendidos cometiendo fechorías, corren el riesgo de ser torturados y linchados.
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Los últimos atracos, asaltos, asesinatos y robos que se produjeron en el país tienen que ser motivo de reflexión de las autoridades nacionales, porque en muchos casos los policías se limitan a anunciar investigaciones, las que generalmente no conducen a dar con el paradero de los autores, de quienes se dice que son extranjeros asociados con avezados delincuentes bolivianos. Informaciones policiales dan cuenta que los ladrones en la ciudad de Santa Cruz ingresaron a una casa de cambios, ubicada en una calle contigua a la Plaza 24 de Septiembre, de donde se llevaron 250 mil dólares, mientras que a una pareja de comerciantes en una zona populosa y a plena luz del día los delincuentes les arrebataron 80 mil dólares. Un tercer robo se cometió a un restaurante, de donde se llevaron 12 mil bolivianos y cuatro garrafas, delitos ocurridos en sitios próximos a centros policiales. Además cuando se solicita la presencia de policías para atender esos casos, generalmente llegan cuando los robos y atracos se consumaron y los delincuentes tuvieron tiempo para huir sin dejar rastro.
En los últimos meses hubo una serie de asesinatos, algunos de los cuales se los descubrió por presión de familiares de las víctimas y de la población. En esos crímenes se utilizó armas de fuego. Es el caso de un delincuente de 18 años de edad que reconoce otros tres homicidios, pero las investigaciones del Ministerio Público apuntan a cinco más. Ni qué decir de policías que se involucran con delitos de esa naturaleza o extorsionan a la gente, siendo generalmente dados de baja y nada más. Esa forma de actuar hace que la gente pierda confianza en la institución del orden.
Por ello las autoridades y los legisladores deben exigir a la Policía Nacional que cumpla su misión de garantizar la seguridad de la población.