El Decreto Supremo 5636 dispone la vigencia de la medida extraordinaria en todo el territorio nacional. La norma encomienda a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas la ejecución de las medidas previstas durante el estado de excepción y autoriza el apoyo militar para el restablecimiento del orden público y la protección de servicios esenciales.
eju.tv / Video: BTV
El presidente Rodrigo Paz Pereira declaró estado de excepción por conmoción interna en todo el territorio nacional mediante el Decreto Supremo N.º 5636, aprobado la madrugada de este sábado por el Gabinete de Ministros, luego de cincuenta días de bloqueos, hechos de violencia y afectaciones al abastecimiento de bienes esenciales en distintas regiones del país.
La medida tendrá una vigencia de 90 días calendario a partir de la publicación de la norma y constituye la primera aplicación de la Ley N.º 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, promulgada el pasado 8 de junio.
En la parte considerativa del decreto, el Gobierno sostiene que los bloqueos prolongados de carreteras, los hechos de violencia y las afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos esenciales generaron una alteración del orden público interno que compromete la seguridad de la población, la libre transitabilidad y la estabilidad institucional.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La norma dispone que las Fuerzas Armadas coadyuven a la Policía Boliviana en el control y restablecimiento del orden público interno, al considerar que existe una situación de conmoción interna y una insuficiencia operativa sobreviniente que pone en riesgo la seguridad pública y la estabilidad constitucional del país.
Entre las tareas autorizadas figuran la protección de infraestructura crítica y activos estratégicos del Estado, el resguardo de instalaciones públicas, la seguridad de rutas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, la protección de aeropuertos, hospitales, redes de telecomunicaciones y sistemas energéticos, además de operaciones humanitarias y apoyo para garantizar la libre transitabilidad.
Asimismo, el decreto autoriza la instalación de puestos de control, perímetros de seguridad y controles vehiculares y de carga en rutas estratégicas y zonas de intervención para prevenir el transporte de armas, explosivos, artefactos incendiarios y otros elementos vinculados a hechos de violencia.
El presidente Paz se dirige a la nación rodeado de sus ministros. Foto: captura de pantalla
La norma establece también restricciones temporales al ejercicio de los derechos de circulación, locomoción, tránsito y reunión, cuya aplicación deberá ser definida mediante resoluciones conjuntas de los ministerios de Gobierno y Defensa en función de la evolución de los acontecimientos y de las necesidades de seguridad.
Entre las medidas extraordinarias previstas se incluye la prohibición de bloqueos de carreteras y vías de circulación, restricciones a concentraciones masivas no autorizadas, limitaciones al uso de drones en zonas de intervención y la posibilidad de restringir determinadas actividades económicas o recreativas cuando resulte necesario para preservar la seguridad pública.
El Decreto Supremo establece además que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas podrán efectuar arrestos de hasta ocho horas ante incumplimientos a las disposiciones del estado de excepción, con posterior traslado de las personas ante la autoridad competente.
No obstante, la norma precisa que la declaratoria no suspende las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información ni los derechos de las personas privadas de libertad.
El decreto dispone además su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, que establece la revisión de la medida dentro de las 72 horas posteriores a su declaratoria.
La declaratoria del estado de excepción constituye la medida de mayor alcance adoptada por el Gobierno desde el inicio de la actual crisis y abre una nueva etapa en la estrategia estatal para restablecer la transitabilidad, garantizar el abastecimiento y recuperar el funcionamiento regular de los servicios esenciales en el país.