Cortez aclaró que, aunque existen otras causas vinculadas al Fondo Indígena donde podría haber menciones a Aramayo, en el expediente que él tiene a su cargo, el único donde se acusa a Parra, la figura del fallecido no aparece.
eju.tv / Video: Radio Fides
El fiscal de La Paz, Diego Cortez, confirmó hoy (13) que el Ministerio Público presentó una acusación formal contra la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el marco del denominado ‘Proyecto Miel’, que involucra a 13 comunidades de la provincia Bautista Saavedra, y anunció que solicitará la pena máxima de ocho años de prisión. Asimismo, la autoridad negó categóricamente que la Fiscalía haya requerido declaraciones del fallecido Marco Antonio Aramayo, y calificó esa versión como una “confusión” que no se ajusta a la realidad procesal del caso.
«Debe haber una confusión de parte del señor abogado. Primero, porque el Ministerio Público ha conocido varias denuncias de personas involucradas en hechos de corrupción, en donde el Fondo Indígena también es parte, por proyectos que no se ejecutaron. En el caso específico mío, está asignado esta autoridad fiscal en el Proyecto Miel, que implica a 13 comunidades de la provincia Bautista Saavedra. Y en el caso concreto, y dentro de la acusación, no figura el señor Aramayo ni como testigo, ni como parte, y absolutamente nada», enfatizó el fiscal en conferencia de prensa.
Cortez aclaró que, aunque existen otras causas vinculadas al Fondo Indígena donde podría haber menciones a Aramayo, en el expediente que él tiene a su cargo, el único donde se acusa a Parra, la figura del fallecido no aparece.
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“Los argumentos que se tienen publicados con referencia a este extremo no son reales, no son ciertos”, remarcó la autoridad, al desestimar las especulaciones que circularon en redes sociales y algunos medios sobre una supuesta solicitud de declaraciones póstumas.
La acusación contra Parra se centra en el Proyecto Miel, una iniciativa que debió beneficiar a 13 comunidades de la provincia Bautista Saavedra y que, según la investigación fiscal, no se ejecutó pese a que se desembolsaron recursos públicos. El fiscal Cortez detalló que la pena solicitada de ocho años de cárcel es la máxima establecida por la normativa para los delitos imputados, y aunque la decisión final recaerá en la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público actuará con firmeza para que se aplique el castigo más severo.
“En la misma acusación nosotros solicitamos la máxima pena, que implica los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La norma nos señala ocho años como una pena máxima, sin embargo, será la autoridad jurisdiccional previo al desarrollo del juicio que se determine la pena a aplicarse, pero el Ministerio Público, como es deber, está pidiendo la pena máxima”, concluyó el fiscal.