AJAM: El 80% de la minería en Bolivia es ilegal; dejó de ser artesanal y cuenta con maquinaria moderna


En Sorata, en el departamento de La Paz, fue descubierto un campamente minero, donde trabajaban 11 personas de nacionalidad china

La Policía conduce a ciudadanos chinos detenidos en operaciones ilegales de minería. Foto: BTV

eju.tv

En las últimas horas, un operativo policial aprehendió a 15 personas —entre ellas 11 de nacionalidad china— por realizar minería ilegal en el municipio de Sorata, en el departamento de La Paz. Actividades ilícitas como esta se replican en distintas regiones del país y representan el 80% del total de la explotación minera, denunció el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria.



Tras la intervención en Sorata, zona con importante presencia minera, los aprehendidos fueron trasladados a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz para prestar sus declaraciones e iniciar la investigación correspondiente.

Sanabria se apersonó a las instalaciones policiales y aseguró que estas operaciones clandestinas ya no son de escala artesanal, sino que operan como emprendimientos industriales con inversiones que alcanzan hasta los 5 millones de dólares, destinados principalmente a la adquisición de maquinaria pesada.

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“Hemos podido establecer que más del 80% de la actividad minera en el país es ilegal. Esto no ocurre únicamente en la extracción aurífera, sino también en la minería tradicional en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija, además de municipios como Tupiza. Se trata de actividades mineras a gran escala que debemos identificar y frenar”, afirmó la autoridad.

La AJAM es la entidad estatal encargada de fiscalizar y combatir la explotación minera no autorizada en el territorio nacional.

Al respecto, Sanabria detalló que durante la intervención en Sorata se halló maquinaria de última generación, campamentos equipados e infraestructura cuyo valor supera fácilmente los 5 millones de dólares.

Los aprehendidos aguardan su audiencia de medidas cautelares, en la que un juez determinará si se defienden en libertad o bajo prisión preventiva.