Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Los integrantes de la Comisión de Justicia Plural de Diputados. Foto: CD
Comisión de Justicia Plural aprueba proyecto de resolución camaral para ampliar por 90 días el estado de excepción. Acuerdo con el FMI: Ministro asegura que no se olvidará a los más vulnerables, puede ser con bono u otro mecanismo. PDC se fractura a 10 meses de gestión de Paz con discrepancias sobre el respaldo al Gobierno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
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La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Resolución Camaral que plantea ampliar por otros 90 días el estado de excepción, medida que ahora deberá ser considerada por el pleno de la Cámara Baja y posteriormente por la Asamblea Legislativa. El diputado Alejandro Medinaceli explicó que, una vez que el pleno de Diputados emita su pronunciamiento, la propuesta pasará a la Vicepresidencia para que, conforme a la Constitución, se convoque a la Asamblea Legislativa, instancia que deberá debatir y revisar la ampliación. «Una vez que se pronuncie el pleno de la Cámara de Diputados, el proyecto pasaría a la Vicepresidencia para que, de acuerdo con una disposición constitucional, se convoque a la Asamblea Legislativa, que será la instancia que revise», detalló.
Los equipos técnicos de ocho gobernaciones del país sostuvieron una reunión para trabajar en una posición conjunta sobre la Agenda 50/50 y avanzar en propuestas que permitan fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos departamentales. Durante la reunión se analizó la propuesta de Reversión de la Condicionalidad sobre los Recursos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, planteada por Tarija, además de mecanismos técnicos, financieros y legales vinculados con la autonomía departamental. Como resultado, los representantes técnicos suscribieron un Acta de Conclusiones, en la que establecieron el 24 de septiembre como plazo para que las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada departamento se pronuncien sobre los acuerdos alcanzados.
El expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge «Tuto» Quiroga, exigió al Gobierno la publicación íntegra del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque hasta la fecha solo se ha transparentado un anexo relativo a los compromisos del Ejecutivo, pero no el contrato ni los términos finales de la negociación. “No se le puede pedir al Congreso voten a ciegas. Hay un anexo, ¿dónde está el acuerdo? no es cuestión de mostrarte un anexo de la postura del gobierno, dónde está el acuerdo, los términos que se ha negociado”, planteó sobre el anexo revelado del acuerdo con el organismo internacional. El programa económico acordado entre Bolivia y el FMI contempla, entre sus puntos centrales, la eliminación de la subvención a los carburantes a partir de enero de 2027.
Mientras socializa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Asamblea Legislativa, el ministro de Economía, Christian Morales, enfatizó que las medidas contemplan mecanismos de apoyo para los sectores más vulnerables durante la transición económica, mediante mecanismos que podrían ser un bono. “El Estado no se va a olvidar de aquellos sectores que realmente necesitan un apoyo por parte del Estado”, afirmó. El plan presentado al Fondo, y que permitirá el financiamiento de unos 1.900 millones de dólares en tres años, tiene metas de recorte de déficit y reducción de gastos, además de proponer el retiro de la subvención a los combustibles desde 2027. El ministro indicó que el acuerdo fija metas en cuanto a la reducción del gasto, pero aseguró que no dejarán a un lado a los más vulnerables.
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, prevé que en un plazo de un año se pueda llegar al referéndum para definir los artículos de la Constitución Política del Estado que serían modificados mediante una reforma parcial. “La propuesta del diputado Alarcón que nos parece que es la que agiliza este proceso. Nos lleva a que más rápido en el plazo de un año tengamos ya identificados y consensuados los puntos de la reforma para ir al proceso de referéndum. Es decir, en un año podríamos tener ya hecha la consulta y el referéndum para ver los artículos que se cambiarían en la Constitución”, afirmó. El legislador señaló que el proceso contempla integrar las distintas propuestas existentes y generar consensos sobre los cambios, antes de elaborar la ley de necesidad de reforma constitucional.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) se fracturó a 10 meses de gestión de Rodrigo Paz, que llegó a la silla presidencial con esa sigla. En esa fuerza han surgido discrepancias entre facciones que respaldan y cuestionan al Gobierno. La facción liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, respaldó la gestión del jefe de Estado y aseguró que ese partido no puede debilitar la capacidad del Gobierno y ser opositores de su propio proyecto político. “Debilitar la capacidad del Estado sería y es una equivocación, el presidente recibió un mandato democrático y debe ser respetado y tener condiciones constitucionales para gobernar. La mayoría del PDC ha determinado apoyar al presidente Rodrigo Paz”, manifestó el parlamentario.
El expresidente del Senado y excandidato presidencial Andrónico Rodríguez afirmó que Evo Morales representa un «liderazgo agotado» que recurre a la «insinuación medrosa y al chisme de pasillo» para atacar a las nuevas figuras políticas ante la «falta de ideas». Rodríguez reapareció a través de sus redes sociales para responder al expresidente y dirigente cocalero, quien durante su habitual entrevista en la emisora digital Radio Kawsachun Coca (RKC) sugirió que los familiares de Rodríguez tendrían vínculos con la minería ilegal del oro. «Qué lamentable que un líder al que admirábamos tanto recurra a la guerra sucia contra sus propios hermanos. Ante la falta de ideas y el temor evidente al surgimiento de nuevos liderazgos, recurres una vez más a tu táctica preferida», cuestionó Rodríguez.
El expresidente Luis Arce amplió su declaración dentro del caso del ex Fondo Indígena y su defensa anunció que este mes solicitará el cese de su detención preventiva. Arce se encuentra detenido preventivamente desde diciembre pasado y en su primera comparecencia se acogió a su derecho al silencio. Esta vez presentó su versión de los hechos y documentación de descargo. La declaración ampliatoria se realizó el martes, según informó su abogado Fernando Rivadeneira, quien afirmó que los documentos demostrarían que el exmandatario no tuvo participación en las irregularidades investigadas. Arce es investigado por hechos relacionados con el Fondo Indígena durante su gestión como ministro de Economía. Entre las observaciones figura la transferencia de recursos a cuentas privadas.
En el Regimiento de Caballería Mecanizada «Ingavi», ubicado en la ciudad de El Alto, se detectó un intento de sustracción de material explosivo incautado, y que se encontraba en un vehículo de la Aduana Nacional. El personal de seguridad de la unidad militar advirtió el hecho irregular e inmediatamente puso el caso en conocimiento de la Fiscalía. A través de un comunicado oficial, el Ejército confirmó lo ocurrido este jueves en el interior de sus instalaciones: «Se activaron de manera inmediata los procedimientos correspondientes y se dispusieron las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos». Tras la detección, la institución militar formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, que inició las investigaciones preliminares para determinar las circunstancias del intento de robo.
Estados Unidos destinó 2,5 millones de dólares al proyecto «Actuando Juntos Contra la Trata» (ATFAT, por sus siglas en inglés), implementado por Save the Children, con el objetivo de incrementar la protección a sobrevivientes de este delito y fortalecer las tareas de prevención en poblaciones vulnerables de Bolivia. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Erik Martini, informó sobre el respaldo para fortalecer las estrategias de lucha contra la trata y tráfico de personas. «Este proyecto de Save the Children ya comenzó y se encuentra en su primer año de ejecución, de los cinco que abarcará. Hemos unido esfuerzos con estas instituciones estratégicas y con el Gobierno boliviano para proteger a las personas en condiciones de mayor riesgo y brindar asistencia integral a las víctimas», explicó.