Respecto al traslado de los cuatro imputados a los distintos centros penitenciarios definidos por la autoridad judicial, el fiscal Sarmiento explicó que dependerá de aspectos logísticos y estará a cargo de la Policía Boliviana.
eju.tv / Video: BTV
La decisión de enviar al exfiscal general del Estado Roger Mariaca a la cárcel de Cantumarca, en Potosí, responde a criterios de seguridad y a la necesidad de evitar que los cuatro imputados tengan contacto entre sí mientras avanza la investigación por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el narcotráfico.
El fiscal Edwin Sarmiento, integrante de la comisión que investiga el caso, señaló este sábado por la noche que Mariaca, por su condición de exfiscal general, «ha conocido varios procesos» y que la decisión de enviar a los cuatro imputados en diferentes centros penitenciarios busca evitar posibles contactos entre ellos.
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«Precautelando su seguridad y la de los imputados, evitando la contaminación, evitando que entre ellos puedan tener algún tipo de contacto, es que se ha dispuesto que sean en diferentes penales del país», explicó Sarmiento, tras la audiencia cautelar que duró más de 15 horas.
Como parte de la resolución judicial, Mariaca deberá ser trasladado al penal de Cantumarca, en Potosí; Alberto Zeballos, al penal de El Abra, en Cochabamba; Martín Irusta, al recinto penitenciario de Patacamaya, y Aparicio, al penal de Chonchocoro, ambos en La Paz.
La audiencia estuvo a cargo del Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar de La Paz y se prolongó por más de 15 horas antes de conocerse la resolución, que dispone seis meses de detención preventivas en distintos recintos carcelarios para los cuatro imputados, mientras continúa las investigaciones. La investigación incorpora, según los antecedentes expuestos durante el proceso, informes policiales, información atribuida a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), antecedentes provenientes de Estados Unidos, material audiovisual y elementos secuestrados durante las aprehensiones.
Consultado sobre un pronunciamiento del Consejo de la Magistratura que habría advertido sobre una presunta presión política en el caso, Sarmiento negó que exista una actuación de ese tipo y aseguró que la comisión de fiscales trabaja bajo criterios jurídicos.
«Nosotros no tenemos ningún interés político. Vamos a actuar siempre en el marco de la ley, principio de legalidad, principio también de debida diligencia que tenemos que aplicar en estos casos y, fundamentalmente, la objetividad que tiene que caracterizar a la Fiscalía», afirmó.
Respecto al traslado de los cuatro imputados a los centros penitenciarios definidos por la autoridad judicial, Sarmiento explicó que dependerá de aspectos logísticos y estará a cargo de la Policía Boliviana.
De acuerdo con la imputación fiscal, Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio son investigados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía sostiene como hipótesis que los cuatro presuntamente forman parte de una estructura que proporcionaba presunta protección institucional al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
