Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
José Armando Urioste fue posesionado por Edmand Lara y asumió formalmente la conducción interina del Ministerio Público; Rodrigo Paz le planteó cuatro desafíos para recuperar su institucionalidad e independencia. La Fiscalía y el Gobierno exponen nuevas revelaciones sobre la supuesta estructura vinculada a Marset, mientras avanza la agenda 50/50 y el INE reporta una inflación acumulada de 3,88%. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, posesionó la tarde de este lunes a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino. Con el acto, Urioste comenzó formalmente una gestión transitoria de tres meses, hasta que la Asamblea Legislativa designe al titular del Ministerio Público. La nueva autoridad comprometió transparencia, independencia y seguridad jurídica y afirmó que durante su gestión “no se va a tapar” nada. También sostuvo que busca terminar con un sistema de justicia que, según sus palabras, permitió extorsiones y persecuciones. Lara señaló que una de las principales tareas será “limpiar la corrupción” en el Ministerio Público.
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José Armando Urioste afirmó que no piensa comprometer su trayectoria profesional durante los 90 días que permanecerá como fiscal general interino. “Tengo 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión y no lo voy a embarrar por 90 días”, declaró durante el acto de posesión. La nueva autoridad aseguró que llega al cargo sin intención de enriquecerse y advirtió que cualquier persona que intente ofrecerle dinero será denunciada. Urioste reconoció que el periodo de interinato es corto, pero dijo que buscará dejar una Fiscalía institucionalizada. La Ley 260 establece que el interinato debe durar tres meses, plazo durante el cual la Asamblea Legislativa deberá encaminar la elección del fiscal general titular.
El presidente Rodrigo Paz planteó cuatro desafíos al fiscal general interino José Armando Urioste durante el acto de reconocimiento realizado en Palacio Quemado. El primero es recuperar la institucionalidad del Ministerio Público para que sus decisiones vuelvan a fundamentarse exclusivamente en la ley. El segundo es recuperar la credibilidad, de manera que los ciudadanos puedan confiar en que sus denuncias serán investigadas sin importar quién tenga poder o influencia. El tercero consiste en garantizar la independencia de la Fiscalía frente al Gobierno, partidos políticos, intereses económicos y organizaciones criminales. Como cuarto punto, Paz pidió iniciar una transición que prepare institucionalmente al Ministerio Público para una transformación profunda.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Roger Mariaca habría estructurado una organización delictiva y de protección al narcotráfico desde el Ministerio Público y sostuvo que las nueve fiscalías departamentales “recaudaban” para el exfiscal general. Según la versión de Oviedo, Mariaca organizaba la estructura, llevaba la contabilidad, recibía dinero, distribuía roles y designaba a los fiscales departamentales. El ministro también mencionó entre los supuestos integrantes de esa estructura al exministro Eduardo Del Castillo, al exfiscal superior Martín Irusta, al exfiscal Luis Carlos Tórrez y a una funcionaria encargada de gestionar liberaciones. Oviedo vinculó además la presunta red con organizaciones criminales brasileñas.
Un informe policial incorporado a la investigación judicial por el caso Sebastián Marset identifica a Tatiana Verónica Marset Alba como la conductora de una vagoneta GAC blanca, con placa 6660-XEP, registrada en el inmueble donde fue capturado el narcotraficante uruguayo. El documento señala que ese vehículo sería el que aparece saliendo de la vivienda de Marset horas antes de su captura, ocurrida el 13 de marzo. El informe también identifica otros dos vehículos y a sus respectivos conductores. El dato adquiere relevancia porque la jueza Livia Alarcón negó haber sido la mujer que aparece en las imágenes difundidas y sostuvo que el vehículo blanco no era suyo. Alarcón afirmó que ese día estaba en su domicilio y pidió que se verifique la geolocalización de su teléfono.
Los equipos técnicos del Gobierno y de las nueve gobernaciones avanzaron este lunes en la elaboración de dos proyectos de ley que serán parte de la agenda hacia la cumbre del 12 de octubre en Cobija, Pando. Las propuestas están orientadas a fortalecer las competencias regionales en materia de dominios tributarios y relacionamiento internacional. El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, informó que ambos proyectos serán remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La reunión también permitió avanzar en la agenda del modelo 50/50, entre los temas está la redistribución de recursos y la liberación de cargas financieras para las administraciones departamentales. Los acuerdos técnicos serán evaluados en la cumbre política entre gobernadores y ministros.
La inflación acumulada en Bolivia llegó a 3,88% entre enero y septiembre de 2026, después de que los precios al consumidor aumentaran 0,85% durante septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). La variación acumulada a 12 meses alcanzó el 5,70%. El incremento mensual estuvo relacionado con el comportamiento de varias divisiones de bienes y servicios, entre ellas transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, comunicaciones, vivienda y servicios básicos. Entre los productos que más subieron estuvieron el tomate, con 38,12%; la papa, 8,82%; los teléfonos celulares, 5,64%; y la cebolla, 6,03%. El transporte en microbús o colectivo aumentó 2,21%.
Bolivia enfrenta una doble presión energética: recuperar la producción de gas natural, reducida después de años de menor exploración e inversión, y responder al aumento de la dependencia de combustibles importados. El análisis plantea que la recuperación del sector requiere preservar la producción de los campos existentes, desarrollar reservas ya identificadas y atraer nuevas inversiones. El director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Iver von Borries, considera necesario contar con una nueva Ley de Hidrocarburos, seguridad jurídica, incentivos a la exploración y menor burocracia. Francesco Zaratti plantea, entre otras medidas, importar petróleo crudo para procesarlo en las refinerías nacionales, además de acelerar las energías renovables.
El ministro de Economía, Christian Morales, informó que la subvención a la gasolina se mantendrá hasta mediados de enero en aplicación del Decreto Supremo 5652. La norma establece el mantenimiento de los precios fijados durante 12 meses, plazo que se cumple el 13 de enero. La autoridad señaló que el Gobierno deberá iniciar un proceso de diálogo con distintos sectores para explicar, según su posición, los efectos negativos de mantener la subvención. Morales recordó que el diésel ya se comercializa a precio internacional y que la gasolina de aviación Grado 100 también se encuentra bajo ese esquema. Según el ministro, el Gobierno asumió ante el FMI el compromiso de eliminar las subvenciones a los carburantes hasta 2027.
El Gobierno central asumirá desde este año la entrega gratuita de más de 221.000 títulos de bachiller en formato digital y eliminará el trámite de legalización. El presidente Rodrigo Paz informó que los documentos contarán con un código QR que permitirá a los estudiantes imprimirlos las veces que necesiten sin pagar por cada copia. Actualmente, la legalización e impresión del título representan alrededor de Bs 200 por estudiante. El Ejecutivo destinará Bs 11 millones para la entrega de los títulos y estima que el costo operativo del nuevo sistema será de poco más de Bs 600.000, equivalente a aproximadamente Bs 3 por documento. La medida devuelve al nivel central la responsabilidad de financiar y entregar los títulos de bachiller.