La acción penal busca que la Fiscalía investigue presuntas irregularidades en el proyecto de radares, contratado por más de 191 millones de euros en 2016. Una auditoría interna estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.
El Ministerio de Defensa presentó este jueves ante la Fiscalía una querella penal contra cuatro exministros de esa cartera de Estado y otras 15 personas por el caso SIDACTA, relacionado con el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo, con el objetivo de que se investiguen las presuntas irregularidades registradas durante la ejecución del proyecto y se establezcan las responsabilidades que correspondan.
Entre los exministros comprendidos en la acción penal figuran Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar. La querella también incluye a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
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El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, señaló que los tipos penales identificados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Asimismo, precisó que el daño económico inicialmente cuantificado asciende a Bs 1.478 millones.
El proyecto SIDACTA fue contratado en 2016 por más de 191 millones de euros bajo la modalidad de llave en mano. El acuerdo contemplaba la provisión e implementación de un sistema integral con radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
El ministro Justiniano explicó que “no se compraron radares aislados. Se contrató un proyecto llave en mano. Eso significa que el Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, señala la declaración del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
Siete modificaciones y observaciones en once radares
Según los antecedentes incorporados a la auditoría interna, el contrato experimentó siete modificaciones que ampliaron el plazo de ejecución de 31 a 82 meses. Además, la entrega y demostración final fueron reportadas aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder.
Los informes técnicos registraron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: nueve estaban operativos con observaciones y dos no se encontraban operativos. Los otros dos funcionaban sin observaciones.
Pese a estas condiciones, el proyecto reportó un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
La Unidad de Auditoría Interna estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. La determinación del alcance de ese monto, la metodología utilizada y su relación con las decisiones adoptadas deberán ser examinadas por las instancias competentes.
Los exministros y las modificaciones contractuales
De acuerdo con los antecedentes presentados, los cuatro exministros están vinculados a la suscripción del contrato original o de sus modificaciones durante sus respectivas gestiones:
* Reymi Ferreira Justiniano: suscribió el contrato original y los contratos modificatorios primero y segundo.
* Javier Zavaleta López: suscribió los contratos modificatorios tercero y cuarto.
* Luis Fernando López Julio: suscribió el quinto contrato modificatorio.
* Edmundo Novillo Aguilar: suscribió los contratos modificatorios sexto y séptimo.
La inclusión de estas personas en la querella no constituye una declaración de culpabilidad. El objetivo de la acción penal es que se examinen las actuaciones, decisiones y eventuales responsabilidades individuales.
“No se está acusando a nadie simplemente por haber sido ministro, funcionario público, militar o representante de una empresa”, establece el documento presentado ante la Fiscalía.
Defensa anuncia coordinación con otras instancias
El Ministerio de Defensa anunció que trabajará junto con la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia para respaldar la investigación, contribuir al esclarecimiento de los hechos y proteger los recursos públicos.
La cartera de Estado sostuvo que corresponde al Ministerio Público investigar los antecedentes y determinar los pasos que procedan, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas comprendidas en la querella.
“No habrá encubrimiento. Tampoco habrá condenas anticipadas. Habrá investigación, debido proceso y defensa firme del patrimonio del Estado”, sostiene el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
Será el Ministerio Público el que determine el curso de la investigación y, posteriormente, la justicia establezca las responsabilidades penales que correspondan, conforme a ley.