La intervención en la población Jupichaque detectó una bocamina, maquinaria pesada y mineral acopiado en áreas de la Empresa Cruz Arce. La comisión de la AJAM y efectivos policiales fueron retenidos durante seis horas.
La explotación ilegal de antimonio fue identificada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en la población de Jupichaque, en el departamento de Potosí, donde se realizaban trabajos extractivos sin autorización en áreas mineras de titularidad de la Empresa Minera Cruz Arce Ltda. El operativo también derivó en amenazas y la retención de funcionarios y policías durante aproximadamente seis horas.
La intervención, que se realizó en días pasados por personal legal y técnico de la AJAM Regional Tupiza-Tarija y de la Dirección Ejecutiva Nacional, con apoyo policial, permitió evidenciar labores de extracción de antimonio en las áreas mineras «Sucesivas Victoria y Victoria».
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Durante la inspección, la comisión encontró una bocamina habilitada al pie de un farallón rocoso, una retroexcavadora que removía y cargaba material, además de acopios de mineral de coloración gris oscura, herramientas e implementos utilizados en la actividad minera.
Según la verificación de la AJAM, las personas que desarrollaban los trabajos no contaban con derechos mineros ni autorización para explotar el área, cuyos derechos corresponden a un titular legalmente reconocido.
La fiscalización fue interrumpida por amenazas y bloqueos
El operativo se vio interrumpido por la llegada de un grupo de personas que impidió la salida de la comisión mediante amenazas y bloqueos. Los funcionarios de la AJAM y los efectivos policiales permanecieron retenidos durante alrededor de seis horas, en medio de presiones y amenazas contra los vehículos institucionales.
Asimismo, se reportaron restricciones para que el personal pudiera comunicarse y abandonar el lugar. Finalmente, la comisión logró retirarse del sector, bajo la exigencia de no retornar al área minera.
El director departamental de la AJAM Tupiza, Óscar Santos, señaló en el reporte de intervención que «las personas que realizaban actividades de explotación no cuentan con derecho minero alguno sobre el área, pese a que esta pertenece a un titular legalmente reconocido».
Pese a las amenazas, el personal de la AJAM y los efectivos policiales priorizaron el resguardo de su integridad física y evitaron un enfrentamiento que pudo tener consecuencias mayores.