Catastro multifinalitario, tarea ineludible del gobierno municipal


Ingrid Wichtendahl

WICHTENDAHL Como se sabe los tres elementos que conforman el municipio son territorio, población y gobierno municipal. A partir de este hecho es lógico inferir que el buen gobierno de un municipio debe empezar con el conocimiento cabal de su territorio y de los vecinos que lo habitan. Precisamente de esto trata el catastro ya que es el censo de todas y cada una de las parcelas que conforman el territorio para registrar sus datos físicos, las mejoras que tiene e identificar a la persona responsable de la misma, indistintamente de su calidad de propietario o poseedor.

La práctica del registro catastral en el mundo se remonta a los primeros asentamientos humanos. Surge con fines meramente tributarios hace más de 6.000 años en la antigua ciudad de Caldea. Sin embargo su concepto y objetivo evolucionaron en concordancia con el crecimiento y desarrollo de las ciudades para convertirse hoy en un catastro con múltiples fines. La historia muestra que a partir del siglo dieciocho, el Catastro fue considerado como el único instrumento técnico que garantiza la igualdad fiscal de los ciudadanos y que coadyuva a la solvencia financiera de los Estados.



Es célebre el interés que demostró Napoleón por el catastro. Un aspecto relevante que caracterizó a la revolución francesa desde el punto de vista socioeconómico fue servir de cauce para facilitar el acceso de las clases populares a la propiedad inmobiliaria como un derecho personal. Fueron muchas las actuaciones de índole social que se llevaron a cabo en las etapas posteriores a la revolución, pero de todas ellas sin duda la más importante fue la promulgación del hoy llamado código civil napoleónico, cuya influencia en Europa y América sigue siendo evidente.

Pues bien, Napoleón consideró que un Catastro que abarcase todas las propiedades de su imperio era el mejor complemento para la implementación del recién elaborado Código Civil. En 1807 por Ley de Finanzas encarga a su Ministro del Tesoro, Mollien, la confección de Catastros Parcelarios recalcándole sus ideas de manera clara: ”Las mediciones parciales son una pérdida de tiempo y dinero. La única vía posible es cartografiar toda la tierra de todos los municipios del Imperio, propietario a propietario. Este catastro parcelario será el complemento perfecto a mi Código en materia de propiedad de la tierra. Es imperativo que los planos sean lo suficientemente precisos y completos como para permitir la exacta delimitación de linderos y la supresión de litigios”.

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Hoy es criterio generalizado que el Catastro Multifinalitario, como se lo conoce actualmente, es la herramienta más eficaz para lograr una gestión territorial transparente, con justicia tributaria y recaudación eficiente.

Lamentablemente, en nuestro medio, el catastro es uno de los temas de orden urbano menos apreciado o estudiado. Es la asignatura pendiente en el proceso de construcción de la ciudad. La falta del registro catastral es sin duda la causa principal de la debilidad institucional, desorganización y descontrol del territorio que se traducen en informalidad y desacato a las normas municipales como son el “loteamiento” indiscriminado y predatorio del suelo urbano, ocupación del espacio público, construcciones clandestinas, lotes baldíos, contaminación visual y acústica con la profusión de letreros y ruidos molestos, el deterioro del centro histórico, tala de árboles, escombros, mugre, chatarra, quema de basura, etc.

Por otra parte la falta del catastro significa, además de la pobreza del municipio, el sentimiento de incompetencia de no ser capaces de generar con eficiencia nuestros propios ingresos. Actualmente menos del 30 % de los inmuebles urbanos registrados (y mal registrados) pagan impuestos. Un porcentaje inadmisible para cualquier ciudad puesto que los estándares internacionales están alrededor del 90%. Una estimación muy modesta del aumento de la recaudación por el impuesto a los inmuebles con un sistema catastral actualizado y eficiente significaría por lo menos quintuplicar la recaudación actual.

Por lo señalado, es claro que sobran razones para entender que la implantación y, o modernización del Catastro es una decisión de gran connotación política que fortalece la institucionalidad de los gobiernos, mejora la solvencia y autonomía financiera de la entidad, brinda seguridad jurídica a los ciudadanos y transparenta la gestión del territorio, siendo por tanto, un deber inexcusable del Gobierno Municipal poner esta herramienta al servicio del desarrollo del municipio cruceño, sin más demoras.

Sin embargo es muy importante tener en cuenta que si bien la Ley de Municipalidades, vigente desde 1999, permite conceder a la empresa privada la administración y construcción del Catastro, ello no significa que sea una disposición acertada o compartida por otras legislaciones. Más bien viene a ser la excepción que confirmaría la regla que entiende al Catastro como una actividad esencial de gobierno y por tanto indelegable. Creer que para evitar la corrupción administrativa municipal deba nuevamente licitarse la concesión del Catastro a manos privadas, como se ha oído decir por ahí, carece de fundamento científico. Correspondiendo al Gobierno Municipal conformar una unidad técnica especializada para asumir con profesionalidad, eficiencia y eficacia la administración, formación y actualización permanente del catastro urbano y rural del municipio cruceño.