La actual política de acercamiento con Chile, plasmada en la “agenda de 13 puntos” pactada entre Evo Morales y Michelle Bachelet, prioriza las relaciones comerciales sobre la demanda marítima y reduce la cuestión del acceso al litoral a un régimen de libre tránsito, sin posibilidades de soberanía. En realidad, esto no es más que una reedición de la fórmula que intentaron poner en marcha Chile y Bolivia durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando negociaron secretamente incorporar el puerto de Iquique al régimen de libre tránsito del vecino país, con diversas facilidades aduaneras y jurídicas. El borrador de acuerdo fue trabajado por la denominada “Comisión de los Mormones”, integrada por personeros de ambos gobiernos que no ocupaban cargos oficiales. Trece años después, un gobierno surgido de una movilización contraria a la exportación de gas a Chile reincide en una política que muchos coincidirán en calificar como traición a la patria.
Intervención de municipios
Tiempo atrás advertimos que el Ministerio de Lucha contra la Corrupción encabezado por Nardi Suxo se aprestaba a implementar “unidades anticorrupción” al interior de todos y cada uno de los municipios del país, lo que en la práctica significará el fin de las autonomías municipales. Pues bien, sabemos que la primera de estas unidades ya está en marcha en la alcaldía de Portachuelo y que pronto sucederá lo mismo en un segundo municipio cruceño. Otra papa caliente para la FAM.
Avión presidencial vs. autonomías indígenas
El lujoso avión presidencial Falcon Dassault le costará al Estado boliviano la suma de 38 millones 700.000 dólares. Cifra que, de ser otras las prioridades en la administración centralista de Evo Morales, habría sido suficiente para destinar más de un millón de dólares al funcionamiento inicial de cada una de las 36 autonomías indígenas en el país.
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