Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: Hablemos de narcotráfico
-
Bajo el Penoco, El Día: Nunca es tarde
-
Los Tiempos: LA POLICÍA REQUIERE CABO
-
El Deber: Volando puentes…
-
La Razón: Política mal entendida
-
Cambio: Acusaciones de Costas
-
La Prensa: La inestabilidad del Cerro Rico
-
El Diario: Nace la burocracia autonomista
-
El Mundo: Repetitivo
-
Opinión: El ‘sindicato’ y la Asamblea Legislativa
-
Clarín, Argentina: Aumento en la mortalidad infantil
El Día: Hablemos de narcotráfico
El Gobernador de Santa Cruz sorprendió al país con una agresiva denuncia en contra del Vicepresidente, a quien ha vinculado con el narcotráfico. El duelo verbal tiende a subir de tono, aunque es muy probable que todo quede en dimes y diretes, ya que por un lado Rubén Costas se niega a presentar pruebas de su imputación y por el otro, Álvaro García Linera se muestra dispuesto a ser investigado por un Poder Judicial que responde enteramente a él. Es otro de sus “sindicatos”, para hablar en el lenguaje del presidente Morales, quien se refirió de esa manera a la Asamblea Plurinacional.
Aunque el contexto político es más propicio para un debate sobre el modelo autonómico que se pretende adoptar en Bolivia o sobre las leyes fundamentales del Estado Plurinacional que están por darle el tiro de gracia al sistema democrático, el gobernador optó por hablar de narcotráfico, cosa que está muy bien en un país en el que suceden hechos espeluznantes y que lamentablemente no figuran en la agenda oficial.
Precisamente ayer, cuando Rubén Costas lanzaba su denuncia, dos policías antinarcóticos y un adolescente de 16 años eran emboscados y por poco fueron linchados por narcotraficantes en Vinto, departamento de Cochabamba, considerada una de las zonas donde la fabricación y el tráfico de cocaína cuenta con el apoyo de los comunarios. En aquel lugar se identificaron el año pasado más de 300 fábricas de droga. El argumento de quienes atacaron a los agentes es muy parecido al de los asesinos de los cuatro policías en Uncía, es decir, una supuesta reacción de defensa ante un intento de extorsión por parte de los uniformados que perseguían a un automóvil que transportaba droga. Recordemos que el Gobierno aseguró que detrás de los linchamientos ocurridos en el norte de Potosí a finales de mayo, había narcotráfico y pese a ello, tanto García Linera como Evo Morales pidieron tolerancia hacia los ayllus que avalaron los asesinatos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La cuestión de fondo aquí no es incrementar la guerra verbal y tampoco iniciar una batalla judicial en la que obviamente, el gobernador cruceño tiene todas las de perder. Todos son testigos del acoso judicial que está sufriendo el cardenal Julio Terrazas por haber denunciado que Bolivia está cayendo en las redes del narcotráfico, algo que es evidente y que debiera motivar al Gobierno a reaccionar contra el verdadero problema y no estrellarse contra quienes claman porque este país no termine como México, extremo que parece estar muy cerca de producirse.
La omisión también es un delito y aquello parece haber entendido el candidato a presidente de Brasil, José Serra, quien no entiende cómo el Gobierno boliviano puede desconocer que el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Brasil viene de Bolivia, mientras que reiteradamente, organismos internacionales insisten en pedirle a las autoridades del Estado Plurinacional mayor determinación en la lucha contra el narcotráfico.
El Vicepresidente se puede escudar en “su” Poder Judicial para deshacerse de sus detractores a los que amenaza con la cárcel a cada instante. Lo que no va a poder eludir es de un debate y un estigma cada vez más intenso sobre su Gobierno. Lo mejor sería abrir la discusión, sin amenazas ni falsos discursos.
La denuncia que hace el Gobernador de Santa Cruz es propicia para abrir un debate interno sobre la incidencia del narcotráfico en el país.
Bajo el Penoco, El Día: Nunca es tarde
El flamante avión presidencial se salvó “por un pelo” de ser agarrado por un misil que manipulaban militares en el aeropuerto de El Alto. Justo cuando trataban de colocarlo en uno de los aviones T-33 de la Fuerza Aérea, el cohete se disparó y pasó a metros de la cola del Falcon-900 “nuevecito de paquete” que llegó al país hace una semana y que aún no ha sido estrenado -como se debe- por el presidente Morales, quien seguramente está preparando un viaje (adivinen a dónde) para mostrarle al mundo su nuevo juguete. Ni bien llegó el avión francés, el presidente hizo a un lado el laicismo que predica y llamó a yatiris y amautas aymaras para bendecir la aeronave con sahumerios y hojas de coca, sortilegios que parecen no haber dado buenos resultados. Este penoco nunca ha sido supersticioso, pero en un caso así, lo mejor es encomendarse al bueno, al único que puede asegurarle un buen viaje al jefazo. Para que su orgullo no quede herido puede hacerlo en la intimidad, puede recurrir al padre Obermaier de El Alto, seguro no se lo va a negar o por último al Defensor del Pueblo, el pastor Villena.
Los Tiempos: LA POLICÍA REQUIERE CABO
La Policía debe cumplir la misión constitucional de defender la sociedad, conservar el orden y hacer cumplir la ley. De lo contrario, la situación no seguirá igual, sino que empeorará
Hay demasiados hechos que muestran que la Policía Boliviana atraviesa una profunda crisis, la misma que si no se enfrenta con ponderación y decisión, puede conducir a que se salga de control y se convierta en una seria amenaza para la sociedad y el Estado.
Los hechos más notorios que permiten hacer referencia a la crisis policial en los últimos tiempos son, primero, el ajusticiamiento de cuatro policías por comunarios asentados en algunas comunidades de Uncía. Más allá del delito del asesinato de estas cuatro personas (que debe ser procesado y sancionado en la justicia ordinaria), las versiones coinciden en que, por un lado, los policías no estaban debidamente identificados, se transportaban en un vehículo no oficial y, por el otro, no hay explicaciones convincentes de que se encontraban en misión de servicio. La zona, como bien se sabe, es de obligado tránsito del contrabando, especialmente de vehículos. Los comunarios alegan, en su descargo, que estos efectivos los exaccionaban.
El segundo, la sucesión de accidentes de tránsito de buses, en los que se ha constatado la falta total de control de tránsito: dos de los choferes de los buses accidentados no tenían la licencia de conducir que se requiere para esta profesión. Y en todos se transportaba más gente de la capacidad del motorizado y, de acuerdo a los sobrevivientes, imprimieron exceso de velocidad. No hubo autoridad alguna que evite estos excesos.
El tercer episodio, en este doloroso recuento de hechos, es el que se ha producido en los alrededores de Pantipata, donde los comunarios casi ajustician a dos policías y un adolescente. Se trata de una “zona roja” por la presencia de fábricas de cocaína y los efectivos habrían estado también en misión oficial, en un vehículo sin identificación. El adolescente apaleado resultó ser hijo de uno de los efectivos (el padre del menor habría huido antes de ser tomado como rehén). Como en el anterior caso, las versiones dadas por las autoridades son inverosímiles, y las de los comunarios se sustentan también en una supuesta actitud de exacción de los oficiales.
A estos hechos luctuosos se puede sumar una serie de actitudes de parte de los efectivos policiales que no responden a las que la ciudadanía espera de ellos. A guisa de ejemplo, cruzar las esquinas sin respetar las señales del semáforo; ser incapaces, mientras no haya de por medio la posibilidad de cobrar una multa, de prevenir infracciones, o no atender correctamente a la gente que acude a sus diversas oficinas para recabar los servicios que presta. Todo ello justifica también la necesidad de que la Policía sea sometida a una profunda reforma.
Hasta ahora se ha esperado que sea la propia Policía la que conduzca ese proceso, pero hasta ahora los planes presentados no han dado los resultados esperados. Por eso es necesario que el Estado, en sus diversos niveles, conjuntamente con la sociedad, trabaje con los efectivos policiales para recrear una institución que cumpla honesta y eficientemente la misión constitucional de defender a la sociedad, conservar el orden y hacer cumplir la ley en todo el territorio de la República. Ese es el reto y sólo si se lo asume, el Estado deberá otorgar los recursos humanos, económicos, tecnológicos que se requieran. De lo contrario, todo no seguirá igual, sino que empeorará.
El Deber: Volando puentes…
Mientras el Gobierno -con oídos sordos a críticas y cuestionamientos diversos- acelera a fondo y en tiempo récord continúa elaborando y promulgando leyes ‘a medida’ para la instrumentalización de su nuevo texto constitucional, vemos con pena que la confrontación se mantiene como inalterable constante en el cada vez más erizado e incierto escenario de la actualidad boliviana.
El contrapunteo verbal de última hora entre el vicepresidente Álvaro García Linera y el gobernador cruceño, Rubén Costas Aguilera, vuelve a abrir interrogantes sobre el efecto de iniciativas que hasta hace poco parecían orientadas a la búsqueda de espacios que, a través del diálogo y la concertación, contribuyeran a acercar los extremos y así descomprimir gradualmente el ambiente de fuertes y permanentes tensiones entre el poder central y algunas regiones, en especial aquéllas donde todavía permanece una línea opositora al régimen oficialista.
El detonante del referido enfrentamiento fue la altisonante e inoportuna advertencia del segundo mandatario -en un papel tipo ‘juez supremo’- de “mandar a la cárcel” a los ciudadanos que en Santa Cruz promovieron, en mayo de 2008, la consulta popular por el Estatuto Autonómico y contra quienes el Ministerio Público, con celeridad pasmosa -inexistente a veces en casos de criminales consumados-, emitió una imputación formal.
Figurando Costas Aguilera entre los imputados, su respuesta fue tan dura como temeraria: acusó a García Linera de recibir dinero del narcotráfico. Lo hizo dando lectura a un documento que, habida cuenta el pesado calibre de la acusación contenida, cabe suponer que pasó por el filtro de los asesores de la Gobernación y, por tanto, se presume que tienen serios indicios o, peor, tal vez dichos asesores no tuvieron el coraje de disuadir a su jefe, que ahora está metido en un brete. Como era absolutamente previsible, el Gobernador ha sido emplazado por el Vicepresidente a formalizar su acusación por la vía judicial y a presentar las pruebas que la sustenten. Si Costas no las tiene a mano, enfrentará un serio problema legal.
No ha pasado mucho tiempo desde que el presidente Evo Morales y el gobernador cruceño sentaran las bases para una concertación durante la presencia de Costas en el Palacio Quemado, a invitación del jefe de Estado, que poco después devolvería gentilezas en un nuevo encuentro celebrado en Santa Cruz. En esa ocasión, ambos acordaron “trabajar en la construcción de consensos” e inclusive participaron del diseño de una agenda para concretar proyectos de desarrollo en beneficio del departamento. La ciudadanía cruceña tomó positivamente estas actitudes, cansada ya de tanta confrontación y a la espera de entendimientos, por el bien de la región y del país. En su habitual contenido reflexivo, se inscribió en ese marco un reciente mensaje del cardenal Julio Terrazas, llamando a gobernantes y gobernados a hacer a un lado las actitudes intransigentes y a construir la paz.
Lo de “tender puentes”, en vez de provocar con deplorables excesos verbales la voladura de cualquier nexo entre la racionalidad y el entendimiento, es otra de las premisas de implementación necesaria a todas luces para recomponer la unidad nacional y devolver la tranquilidad a los bolivianos, conscientes todos de que el tránsito permanente por los caminos de la discordia ciertamente no conduce a un buen destino. He aquí, sin embargo, que los planificados puentes se vuelan ahora con la pólvora de mutuas intemperancias y aún antes de comenzar a construirlos. Lamentable.
La Razón: Política mal entendida
La confrontación es de nuevo fruto de una mala visión de la forma de hacer política en el país
Solamente al mal cálculo político se puede atribuir la reacción de Costas frente a una afirmación de García, quien el lunes restó legalidad a los estatutos autonómicos de las regiones de la denominada media luna entretanto no sigan los pasos constitucionales que corresponden.
El entredicho toma por sorpresa a la opinión pública luego de que, en semanas pasadas, el presidente Morales y el gobernador Costas lograran un histórico acercamiento. En efecto, los líderes del oficialismo y de la oposición —aunque ésta estuviese pasando por una de sus etapas más críticas y se concentrara, casi exclusivamente, en Santa Cruz— habían encontrado una veta para establecer unas relaciones, por lo menos, en el marco de la cordialidad. A falta de uno, dos encuentros marcaron una señal de respeto mutuo; algo que no parece mucho pero que realmente es significativo en un país como el nuestro donde la inmadurez política ha sido una constante de los últimos años.
Pese a distintos análisis pesimistas respecto de este saludable diálogo, ambos líderes políticos habían enviado al país un mensaje de suma importancia para consolidar lo que todos los bolivianos de bien ansían y es la paz nacional. Una luz de esperanza se había encendido, además, por la necesidad que existe de establecer una coordinación real entre el gobierno del MAS y las gobernaciones especialmente opositoras. Pero lo poco de bueno que se había construido en ese sentido, se derrumbó con el altercado entre Costas y García.
La confrontación ha vuelto a posicionarse como fruto de una mala visión de la forma de hacer política en el país. La acusación que denigra y no genera beneficio para nadie ocupa otra vez un lugar que ningún periódico independiente, ajeno a las mezquindades del poder y sus perseguidores, quisiera destacar. ¿Dónde queda, después de actitudes como la de Costas, la demanda del pacto fiscal antes de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías? Pasa a un segundo plano, porque se ha decidido anteponer el ataque personal a los intereses legítimos de las regiones.
Al margen de tropezar en el agravio, Costas incurrió en lo que la oposición venía denunciando y no sin razón: se denuncia sin presentar pruebas. Esta vez —como antes se hizo en este mismo espacio pero a la inversa— toca señalar una desafortunada declaración de una autoridad opositora, en contra de otra oficialista, sin respaldo probatorio.
Cambio: Acusaciones de Costas
El gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, que hace un par de días lanzó una serie de acusaciones en contra del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, de haber “recibido dinero del narcotráfico” y le emplazó a construir “cientos de cárceles” para supuestamente encarcelar a “millones de cruceños y bolivianos” que, junto a él, impulsaron las autonomías departamentales, ayer no tuvo otro camino que retractarse.
“Usted, señor García Linera, empiece a construir cientos de cárceles con el dinero que le da el narcotráfico, porque las cárceles de todo el país no tendrán cabida para millones de cruceños y bolivianos que se sienten orgullos de haber sido parte de este proceso autonómico que busca verdaderos cambios para el bienestar y progreso y verdadera unidad del país”, dijo el martes un desafiante Costas.
“Cuando se le acabe la borrachera del poder, cuando exista una real democracia, a este señor le digo que quien tendrá que responder en el banquillo de los acusados por corrupción, por narcotráfico y terrorismo, de verdad, es su célebre y funesta persona”, agregó.
Sin embargo, como ocurre cuando el acusador de marras no cuenta con pruebas que respalden tamaño exabrupto, no tuvo otra respuesta que negar que hubiera vinculado a García Linera con el narcotráfico, aunque se cobijó detrás de algunas publicaciones de prensa recogieron sus propias declaraciones.
“Yo no soy el que tenga que entregar pruebas, no soy fiscal, no soy juez, pero sí me mantengo en lo que dije ayer, y creo que está de dominio público. Ustedes tienen, en los medios de comunicación, las denuncias públicas que realicé hace meses por el crecimiento del narcotráfico, crecimiento que lo hice con la preocupación y responsabilidad que siento como autoridad pública…”, insistió.
Dicho de otro modo, Costas apeló a él mismo para justificar lo injustificable, y lo hizo sin que se le sonroje la cara ante semejante cinismo y, como si fuera poco, aludió a los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para intentar sembrar dudas sobre la conducta del segundo mandatario del Estado Plurinacional.
“Yo no he dicho que él (García Linera) ha recibido plata del narcotráfico. El narcotráfico da el dinero por una ley, que le he dicho que es una Ley 1008, que está bien efectuada, que los recursos de incautación puedan servir para centros de penitenciarías. Entonces creo que estamos tergiversando, porque ya estamos queriendo hacer novelas haciendo ver de que yo he visto que alguien le ha dado plata del narcotráfico”, opinó Costas.
“Aquí están los informes, mundial, sobre drogas de las Naciones Unidas, (sobre) el crecimiento que ha habido. Esto es responsabilidad de usted, señor Vicepresidente. Cuando ayer los que negaban el crecimiento del narcotráfico hoy se quieren aparentemente despojar de su fuero, de su privilegio, únicos que tienen en Bolivia, para someterse a la justicia”, señaló el gobernador cruceño, quien demandó una investigación por parte de la ONU.
No obstante, el último informe de la UNODC sobre el narcotráfico destaca los éxitos de las unidades especializadas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), reconoce los esfuerzos del gobierno boliviano en materia antidroga y destaca la exitosa reducción neta de los cultivos de coca en los últimos doce meses —fruto de una política concertada con los productores de la hoja—, cuyo incremento apenas alcanzó el 1 por ciento.
Además, los resultados de la ONU contrastan con el difundido en marzo por el gobierno de Estados Unidos que, al contrario, había informado sobre un supuesto crecimiento de las plantaciones en un 10 por ciento.
Sobre esa diferencia, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Latinoamérica, César Guedes, si bien la atribuyó a que Estados Unidos usa una metodología diferente para el cálculo de la coca, subrayó que el reporte de la ONU es “objetivo, neutral”. Es decir, no está contaminado por los intereses políticos del principal país consumidor de droga del mundo, Estados Unidos, y menos por los afanes desesperados de Rubén Costas Aguilera.
Lo que debería preocuparle al gobernador de Santa Cruz son los procesos legales instaurados ante la justicia en su contra por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y por la Contraloría General del Estado.
Estas entidades acusan a Costas por la comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros delitos, por ser el principal impulsor del referendo ilegal sobre el estatuto autonómico cruceño que llevó adelante el 4 de mayo de 2008, consulta en la que se malversaron 10.061.239 bolivianos.
En esa oportunidad, Costas en su calidad de Prefecto, emitió la Resolución Prefectural 010/2008, del 30 de enero de 2008, para convocar al referéndum autonómico en contravención con lo establecido por la Constitución Política del Estado y por la Corte Nacional Electoral, que determinó, a través de la Resolución 014/2008, que los prefectos de los departamentos no tenían competencia para convocar a un referéndum departamental, mientras no existan órganos ejecutivos y órganos deliberantes departamentales elegidos por voto popular.
Además, Costas también es investigado por su relación con el frustrado golpe de Estado de agosto y septiembre de 2008 y por su participación en La Torre, grupo elitista que financiaba —según las investigaciones del Ministerio Público— las actividades del grupo terrorista-separatista liderado por Eduardo Rózsa Flores y conformado por mercenarios extranjeros.
En este contexto, Costas no tiene la suficiente estatura moral como para acusar impunemente a cuanta persona considera su ‘enemigo político’. Lo que corresponde es que asuma su responsabilidad y explique al país una conducta reñida con la democracia.
La Prensa: La inestabilidad del Cerro Rico
Se debería impulsar estudios geológicos que permitan encontrar métodos de explotación, que seguramente los hay, que no dañen las estructuras…
La información periodística alerta de la exigencia del Comité Cívico de Potosí para que el Gobierno asuma su responsabilidad para preservar la estructura del histórico Cerro Rico y haga algo para evitar que los cooperativistas mineros continúen con la explotación de minerales en condiciones que provocan un daño que puede ser irreparable para la estructura del cerro declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1986 y que en estos últimos años ha sufrido hundimientos que hacen temer por su estabilidad.
Hace un año, también por exigencias de los cívicos potosinos, el Gobierno había emitido una resolución por la cual se prohibía las operaciones mineras por encima de la cota 4.400, determinación que ?según las autoridades cívicas? las cooperativas no cumplen. Ante el último hundimiento sucedido en el cerro hace pocas semanas, y que ha desfigurado la clásica imagen del cerro, dirigentes de las cooperativas mineras sostienen que estos fenómenos no son ocasionados por la explotación minera, sino por el calentamiento global, una hipótesis poco creíble, ya que según los estudios iniciados, estos hundimientos son causados por la extracción de los bloques de mineral que sirven de sostén interior del cerro.
Lejos de ser un símbolo nacional -recordemos que su imagen ocupa la parte central del escudo nacional- el Cerro Rico de Potosí es sin lugar a dudas un emblema de la historia de la humanidad, ya que su explotación a partir del siglo XVI para adelante no sólo sirvió para hacer de Potosí uno de los centros urbanos más grandes de ese tiempo, su explotación minera impulsó el nacimiento de la era industrial en el mundo, el nacimiento del capitalismo. De allí la preocupación expresada por organismos como la UNESCO que han solicitado tres informes ?geotécnico, topográfico y geofísico? relacionados con la estabilidad del macizo y para cuya conclusión se busca el financiamiento de 200 mil dólares, que el Ministerio de Culturas no los tiene.
Cabe anotar que la posición de las cooperativas mineras también es irreductible, ya que amenazan con la movilización de más de 12 mil mineros de las 41 cooperativas que allí trabajan a fin de conservar sus fuentes laborales. Los dirigentes cívicos sostienen que se ha solicitado a la Comibol que estos trabajos se trasladen a zonas vecinas de manera que esta explotación no ponga en riesgo la estructura del monumento. Por otro lado, además de la Ministra de Culturas, impulsada por los compromisos con la UNESCO, instituciones como el Ministerio de Minas o la Comibol no se han manifestado ante este problema.
Lo cierto es que las autoridades de Gobierno tienen la obligación de tomar cartas en el asunto, más allá de los compromisos políticos que puedan tener con ciertos sectores. Es evidente que las riquezas que el Cerro Rico guarda están muy lejos de agotarse, tal vez sea posible impulsar estudios geológicos que permitan encontrar métodos de explotación, que seguramente los hay, que no dañen de ninguna manera las estructuras del cerro. Por otro lado, deberá existir un serio compromiso de los cooperativistas de respetar las normas que se determine. Claro, todo dependerá de la decisión del Gobierno plurinacional de conservar este gran símbolo de la historia de la humanidad.
El Diario: Nace la burocracia autonomista
Las autonomías departamentales exigidas por algunas regiones del país e incorporadas a la Constitución del “Estado Plurinacional” que ha sustituido a la Nación, han creado para el país, desde hace algunos años, un estado de crisis política permanente, que en ciertos momentos alcanzó niveles tempestuosos. Tal crisis no acaba de ser resuelta y, en cambio, sigue creando un estado de incertidumbre y amenaza con dificultades que ya están a la vista, como el nacimiento de una frondosa burocracia presupuestaria que podrá convertirse en un pozo sin fondo y que se sumará a la existente.
El asunto inmediato a la vista es que las autonomías departamentales se han convertido en el vivero donde nacerá una frondosa burocracia que, naturalmente, requerirá de personal de auxilio, secretarias, empleados, oficinas, material de escritorio, automóviles y una serie de mecanismos logísticos, única manera en que podrán hacer ver la “efectividad” de su existencia. Pero, ante todo, lo más notable de la cuestión será que las asambleas departamentales tendrán que contar con un presupuesto considerable, ya que en otra forma no justificarán su creación.
En primer lugar han sido creados nueve gobiernos autónomos constituidos por una Asamblea departamental, con atribuciones deliberativas, fiscalizadoras, legislativas y otras establecidas por la actual Constitución y con funciones específicas de acuerdo con la ley. Esas asambleas tendrán alrededor de cien asambleístas en todo el país, y los recién elegidos han empezado sus actividades fijándose un salario de Bs 8.000 (algo más de mil dólares) al mes, lo cual en total para las autonomías podrá significar un gasto de 100.000 dólares cada mes, vale decir más de un millón de dólares al año.
Como las asambleas departamentales no trabajarán al aire libre, en alguna plaza o algún baldío, serán necesarias oficinas especiales en casas de personas particulares, a las que de momento tendrán que pagar alquileres, siempre muy altos. Asimismo, se requerirá de gastos por consumo de agua, electricidad, mantenimiento, etc., que en total también tendrán que disponer de un presupuesto considerable, que se podría calcular en unos 10.000 dólares al mes.
Ahí no acaba el problema. Los asambleístas necesitarán de mesas, sillas, estantes y otros adminículos imprescindibles y a ello se sumarán los requerimientos de material de escritorio, que pueden alcanzar proporciones elevadas, a no ser que los asambleístas decidan aportar de sus propios salarios los fondos necesarios para el cumplimiento de sus delicadas labores. No se descuenta que en algunos departamentos autónomos, los asambleístas pidan un automóvil para llegar a hora a sus despachos.
Pero tampoco termina ahí el embrollo. Las Asambleas requerirán de personal de apoyo para sus diversas dependencias administrativas, así como de asesores, secretarias, mensajeros, porteros, seguridad, periodistas y un sinfín de personal de diversos niveles, todo lo cual significará un presupuesto que tranquilamente podría significar otro millón o más de dólares al año. A todo ese nuevo caudal burocrático se debe agregar que, al parecer, los flamantes gobernadores gozarán del privilegio de tener un equipo de ministros, cada uno de los cuales necesitará también de oficinas, personal, gastos diversos, automóviles y otros recursos logísticos, porque las autonomías no son cualquier cosa y el centralismo era innecesario.
En síntesis, sin hacer referencia a otras necesidades materiales de las asambleas autonómicas (o quizás astronómicas), hay que preguntarse: ¿darán en realidad esas asambleas beneficio?, ¿resolverán los grandes problemas nacionales o caerán en la maquinaria del viejo orden medieval?, ¿podrán cambiar las estructuras feudales y coloniales que en mayor o menor medida existen en cada región? Si fuera así, esos nuevos organismos legislativos se justificarán, en caso contrario se habrán convertido en feudos devoradores de presupuestos, que en vez de resolver los problemas más bien los mantendrán o se dedicarán a crearlos, convirtiendo, de esa manera, en forma general, al sistema administrativo del “Estado Plurinacional” en algo así como una olla de grillos, algunos de cuyos ángulos ya se perfilan en el horizonte.
De ser así, el presupuesto total de las asambleas autonómicas podría ser un despilfarro de varios millones de dólares al año. Pero, ¡Dios no lo quiera!
El Mundo: Repetitivo
Un ofrecimiento de cárcel para quienes estarían conspirando contra el Gobierno, de parte del vicepresidente García Linera, ha dado lugar a declaraciones de dirigentes políticos, cívicos, empresariales y otros que no hacen otra cosa que traer a la actualidad situaciones que son de dominio general y que sólo sirven para avivar la hoguera. Hasta hoy, han de ser muy pocas las personas que han dado crédito todas las afirmaciones el famosos fiscal Soza que en base a una trama bien orquestada, ha ido involucrando en una red de conspiración que según se dijo, intentaba asesinar al jefe del Estado Plurinacional y que lo primero que hizo fue hacer desaparecer a la única persona capaz de dar a conocer los entretelones de la conspiración, porque a decir de los autores de la historia, era el jefe intelectual, el cual cada vez es más claro, fue acribillado por un grupo de élite de la Policía, mientras dormía en un hotel de Santa Cruz.
Varias personas, al verse amenazadas, tal vez con razón, por la situación indicada, optaron por huir del país a otros lugares, buscando asilo, mientras otros fueron encarcelados y no pocos conminados a presentarse a declarar y a guardar prisión domiciliaria.
El fiscal que atiende la causa, aparece cada cierto tiempo con nuevas nóminas y con seguridad, espera que le sean entregadas otras, porque según el anuncio oficial, “se llenarán las cárceles con los involucrados”, como sucedía en tiempos del Garciamesismo o del Banzerismo que aunque tenía tintes del otro extremo, actuaba de la misma manera que se quiere aplicar.
Fue precisamente en esas circunstancias que en el pasado, quien hoy actúa de acusador, era una de las víctimas sobre las cuales, en especial por sus ideas políticas, fueron echadas una cantidad de acusaciones, aparentemente probadas, por autoridades policiales que en muchos casos, han de haber sido las mismas que muestran en la actualidad la habilidad que tienen de presentar unos shows de película, ante los medios de comunicación que recogen esas informaciones con todos los detalles, por el interés que tiene la población de digerir escándalos; mejor si hay violaciones y sangre de por medio.
La oportunidad de defenderse con las mismas armas, ha permitido que quien acusa, reciba como resultado un recordatorio de los hechos del pasado que consideraba superados, por la actual investidura que le muestra una imagen diferente a la que le crearon las dictaduras.
Las acusaciones de ida y vuelta han dado lugar a que las cosas vayan subiendo de tono y que se recurra a devolver atenciones utilizando otras informaciones generadas a nivel internacional y que han puesto a nuestro país entre los más adelantados en el tema del narcotráfico, por el incontrolable crecimiento de los cultivos de coca que como es sabido, sólo tienen esa proyección.
Si se hubiera estado utilizando la Ley 1008 con la misma severidad con que se lo hacía en el pasado inmediato, los acusados por narcotráfico ya tendrían que estar detenidos, ya que esa norma mañosamente manejada, precisamente para acusar a quienes hoy ejercen el poder, eliminó el principio de la presunción de inocencia que caracteriza a la legislación de todos los países serios.
Tenemos la seguridad de que ello no sucederá, pero con certeza, dará lugar a otras acciones tendentes a inhabilitar a quienes han asumido funciones de Gobierno por la voluntad popular, pero que no cuentan con el apoyo oficial, como ha sucedido con el alcalde de Sucre y que está por suceder con otras autoridades que no gozan de la simpatía de los gobernantes.
Mientras el Gobierno podría estar aprovechando con avidez las situaciones económicas actuales que han dado lugar a que nuestro país quede al margen de la crisis mundial y que las materias primas que se producen hayan mejorado de precio en el mercado internacional, las rivalidades políticas están dando la espalda a futuro, para tirar piedras contra los adversarios, sin recordar que no conviene hacer eso cuando se tiene el techo de vidrio.
Opinión: El ‘sindicato’ y la Asamblea Legislativa
Un proceso de cambio en lo político, en lo económico y social lo que más demanda son explicaciones claras y precisas sobre los pasos que conformarán el cambio y sobre los objetivos que persigue.
La gente debe estar informada sobre cada uno de los aspectos que componen el cambio y para asumirlos tiene que hacerlo en base al conocimiento. Los cambios profundos son aquellos que pueden pervivir en el tiempo porque las personas o los ciudadanos han comprendido el significado de las transformaciones y el valor de las mismas en relación a su país y a sus familias y los modos en que les pueden afectar.
Uno de los cambios importantes en el país, a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, es la conformación de un Estado Plurinacional, o sea la inclusión de importantes sectores campesinos e indígenas a la vida nacional y en los poderes políticos reales. No se puede desconocer que en este camino el gobierno del presidente Evo Morales ha dado pasos decisivos, aunque tampoco hay que olvidar que los mismos se iniciaron en la revolución de 1952, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, con la aprobación de reformas fundamentales como el voto universal, la reforma agraria y la nacionalización de las minas, sector fundamental para la economía del país en ese tiempo y que era detentado por los denominados barones del estaño.
Actualmente en la vida política nacional el otrora Congreso de la República se ha convertido en la Asamblea Legislativa Plurinacional con la representación mayoritaria del partido oficialista y con un hecho importante que se traduce en la fuerte presencia de representantes campesinos e indígenas. Para muchos se trata de un hecho fundacional aunque la discusión está centrada en el trabajo en sí que realicen los asambleístas y los modos en que sus representados encuentren finalmente el proceso de liberación y de incorporación de los pueblos a la vida nacional. Es decir, que más que una simple representación, lo que vale en el hecho político y en la práctica es que estos representantes trabajen por la liberación de sus pueblos y que en última instancia debe convertirse en mejores condiciones de vida, educación, salud y oportunidades de trabajo.
Lo que ha llamado la atención es el calificativo del presidente Evo Morales al referirse a la Asamblea Legislativa de la cual ha dicho que es un ?sindicato? y que el presidente nato de la misma es el secretario ejecutivo, al referirse al vicepresidente García Linera. El Presidente ha señalado que algunos comentaristas de prensa aún no entienden el cambio y por eso no quieren aceptar el término ?sindicato?. Es posible que el Presidente en su intento de extremar la importancia de los cambios quiera ejemplificar, no sin el riesgo de caer en confusiones. La Asamblea Legislativa constitucional, es la Asamblea Legislativa y no otra cosa, pues están claramente señaladas su atribuciones constitucionales y sus miembros representan a un conglomerado mucho más amplio que lo que puede representar un secretario ejecutivo de un gremio sindical.
Lo que resulta extraño y que puede ser muestra de obsecuencia es que el mismo presidente de Diputados e incluso el presidente nato de la Asamblea, repitan como eco la denominación de ?sindicato?, sin profundizar en mayores explicaciones sobre la connotación que posiblemente quiera dar el Presidente cuando se refiere a los movimientos sociales.
Es que no se trata de preferencia de nombres ni de aptitudes para comprender el cambio que busca el Gobierno, lo importante es guardar respeto a la Constitución Política del Estado Plurinacional que establece la conformación de la Asamblea con diputados y senadores, y no así con afiliados.
Clarín, Argentina: Aumento en la mortalidad infantil
El aumento de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires es una señal del deterioro de las condiciones sociales que se está registrando en algunas áreas porteñas y de la persistencia de un desequilibrio que lesiona a los habitantes de la zona sur.
Si bien la Ciudad sigue presentando un nivel de mortalidad infantil notoriamente inferior a la media nacional -la cual se ubica en 13,3 bebés menores de un año cada mil-, en 2009 se registró un incremento, lo cual llevó el índice 7,3 a 8,3. Vale decir que durante el año pasado murieron 45 bebés más que en 2008. La zona más afectada sigue siendo el sur de la Ciudad. En barrios como Lugano, Villa Riachuelo, Pompeya, Parque Patricios y La Boca se alcanzan tasas de dos dígitos. Por su parte, en Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar, se incrementó notablemente la cantidad de muertes, lo cual es atribuido al crecimiento de asentamientos en el área.
El relegamiento de la zona sur, más el crecimiento de la población empobrecida en otros barrios, da cuenta de un cuadro problemático que demanda respuestas institucionales adecuadas. Es necesario, así, que se formule una estrategia sanitaria que atienda esta compleja realidad, focalizando los esfuerzos en las áreas con más necesidades y, especialmente, en la población más vulnerable, mejorando el acompañamiento a embarazadas y bebés.
Para esto, también se requiere una mejora del servicio público de salud, que se optimicen los recursos disponibles y se resuelva un problema urgente como es la falta de anestesiólogos, un déficit que ya ha provocado que en dos partos se perdiera la vida de los bebés y que genera un peligro severo y constante.
Pero el problema que configura el elevado nivel de mortalidad infantil excede, y en mucho, a la Ciudad, ya que muestra la necesidad de revertir los cuadros de pobreza y miseria que crecen en diferentes puntos del país, así como la flaqueza de las respuestas institucionales.
El deterioro de las condiciones sociales provoca un aumento de la mortalidad infantil en diversas zonas de la Ciudad. Se requieren respuestas sanitarias y una adecuada política social.