Fiscal Soza afirmó que analiza abrir otro proceso contra el Gobernador cruceño. Juicio del ‘Vice’ pone en riesgo futuro del gobernador de Santa Cruz.
Diálogo. Humberto Roca, presidente de AeroSur, y Rubén Costas se reunieron ayer en Santa Cruz.
La Razón – La Paz
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El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, anunció que enjuiciará al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el delito de desacato. La decisión surgió 48 horas después que el líder cruceño acusó al Segundo Mandatario de recibir dinero del narcotráfico. Aquél dijo que no le teme.
“Con paciencia y respeto espere que se presenten las pruebas y hoy a 48 horas puede decir que es mi obligación defender a la Vicepresidencia, al Gobierno, no puedo quedarme tranquilo… Es por eso que estoy anunciando que hoy (ayer) … voy a entregar el memorial dirigido al Fiscal de Distrito para iniciar un juicio al señor Costas”, afirmó García Linera.
Sin embargo, hasta el cierre de la Fiscalía de La Paz (18.00), la denuncia no se concretó.
El delito por el que se acusa a Costas es desacato. El Código Penal señala al respecto que: “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”. Además agrega que “si los actos anteriores fueron dirigidos contra el Presidente, Vicepresidente … la sanción será agravada en una mitad”.
Desde Santa Cruz, Costas respondió que “me tiene sin cuidado” el juicio que le iniciará García Linera, y que por el contrario será “noticia internacional” que le enjuicien por denunciar que hay narcotráfico en Bolivia y que el Gobierno no lo controla.
Para Costas, todo se trata de un “show para disfrazar la imposición que seguramente habrá con la ley marco para no respetar las autonomías ni los estatutos… para distraer y provocar enfrentamiento entre los bolivianos”.
Cuestionó el delito por el que se le acusa, pues aseguró que éste ha sido desechado en la mayoría de los países “porque coarta la libertad de expresión”. Afirmó que lo mismo le hicieron al presidente de la empresa AeroSur, Humberto Roca, con quien se reunió.
Para el Vicepresidente, lo que hizo Costas es dañar la institucionalidad boliviana. “Atacar a la Vicepresidencia sin fundamento, sin prueba, es un ataque al pueblo de Bolivia que ha elegido democráticamente a sus autoridades, es un ataque al pueblo boliviano, a su voto, a sus instituciones y yo no puedo quedarme tranquilo”.
Afirmó que por eso decidió iniciar el proceso en contra de Costas y luego advirtió que aunque éste pida disculpas públicas, continuará con su demanda. Asimismo, le pidió a Costas que “no se ampare, no se proteja, ni en su cargo ni en su región ni en su demanda política. Estoy defendiendo al Estado de una falsa acusación”.
Paralelamente al anuncio del Vicepresidente, el fiscal Marcelo Soza —que investiga el caso terrorismo y que fue tildado de “bufón” por Costas— indicó que el Gobernador cruceño “ha tratado de denigrar a las personas, al fiscal que habla, y las consecuencias tendrán que plasmarse en una demanda. Estoy pensando seriamente en iniciar una acción penal”.
Soza sostuvo que cuando presenten la acusación, “solicitaremos la suspensión o la cesación de sus funciones”.
Para el Gobernador cruceño, “de aquí en adelante van a haber miles de juicios contra Rubén Costas y contra su familia, van a inventar juicios por corrupción, por malversación, por desacato, y van a hacer juicios hasta porque me saco los bigotes”.
En todo caso, el Vicepresidente concluyó con la advertencia de que “voy a ser ciudadano vigilante de que este juicio llegue a buen término y que se haga justicia con la Vicepresidencia, con el Estado, con la dignidad del pueblo boliviano”.
El trabajo conjunto continuará
Gobierno
El Vicepresidente afirmó que el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la Gobernación cruceña continuará.
Aclaración
Acotó que la denuncia es contra Rubén Costas y no contra el pueblo cruceño. “No estoy atacando a la región”, aclaró García.
Costas deberá demostrar sus denuncias en el Legislativo
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, deberá presentarse a declarar ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados el martes 20 de julio a las 10.30, para aclarar sus acusaciones en contra del vicepresidente Álvaro García Linera, a quien sindicó de terrorismo, narcotráfico y corrupción.
El anuncio lo realizó ayer el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Franklin Garvizu, quien el miércoles solicitó a la Comisión de Gobierno aprobar una petición de informe oral.
Garvizu aseveró que el Gobernador de Santa Cruz deberá explicar ante la comisión el por qué de sus acusaciones.
Para ello, el diputado presentó un cuestionario de cuatro preguntas: “Diga usted en qué pruebas se basa para realizar declaraciones a la prensa que buscan incriminar al señor vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en hechos de narcotráfico, terrorismo y corrupción”. Además, le piden que explique “las razones que le llevan a convocar a la ciudadanía cruceña para movilizarse”.
En la tercera pregunta le solicitan que explique cuáles y cuántos procesos judiciales enfrenta. Finalmente, le consultan si conoce la petición de informe oral al ex prefecto interino Roly Aguilera, relacionada a la creación de vigilantes departamentales.
Juicios contra Costas podrían alejarlo de la Gobernación
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, podría ser suspendido de su cargo si la Fiscalía emite una acusación formal en su contra. Hasta ahora, Costas enfrenta un proceso por la realización del referéndum de estatutos autonómicos, aunque se anunciaron más procesos en su contra.
En el caso del referéndum autonómico, el Ministerio de Transparencia lo demandó por no brindar información sobre los gastos que hicieron en esa consulta, calificada de ilegal por el Gobierno. La Fiscalía lo imputó y ahora tiene seis meses para emitir una acusación formal o un sobreseimiento.
Álvaro La Torre, uno de los fiscales que atiende el caso, explicó que “esta es una investigación técnica y no política, entonces puede concluir con una acusación o puede concluir con un sobreseimiento, y eso vamos a investigar”.
De acuerdo con la Ley Corta de Autonomías, los gobernadores y alcaldes deben ser suspendidos de sus cargos si pesa sobre ellos una acusación formal del Ministerio Público.
Según el procedimiento, la Fiscalía primero debe investigar la denuncia contra el acusado y si encuentra suficientes elementos para procesarlo, entonces puede imputarlo. Posteriormente debe continuar con la indagación para ratificar su hipótesis y sacar la acusación formal e ir a juicio, o en su caso dejarlo libre de delitos.
Juicio del ‘Vice’ pone en riesgo futuro de Costas
Enfrentados. García Linera anunció ayer una demanda contra el gobernador por desacato. El fiscal Soza también quiere procesarlo por calumnias. La autoridad regional dice que no le teme a la querella
Apoyo. El gobernador Rubén Costas dio su respaldo al presidente de AeroSur, Humberto Roca, que enfrenta un juicio
El Deber
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer en La Paz que presentará una querella por desa-cato en contra de el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Al proceso se sumó el fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso terrorismo, que también mencionó que introducirá una querella contra la autoridad departamental por calumnia e injuria contra los fiscales, situación que podría costarle el cargo.
A pesar de las advertencias, Costas dijo que no temía a un juicio por desacato ni a la sentencia de los jueces, sino al veredicto de legitimidad que le dará el pueblo cruceño. El gobernador insistió en solicitar a Naciones Unidas que investiguen los casos de tráfico de droga, corrupción y terrorismo; sin embargo, fuentes del organismo internacional descartaron su participación en el caso, al que consideran de problema interno.
El abogado William Herrera, que defiende a Costas en el caso de malversación de Bs 10 millones para la realización del referéndum por el Estatuto Autonómico, reconoció que el gobernador puede resultar suspendido temporalmente del cargo, como lo establece la Ley Transitoria Para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas. El artículo 8 de la referida ley especifica que “el gobernador será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando sobre él pese una acusación formal en materia penal”.
Por su lado, el vicepresidente explicó que introdujo la querella porque en las últimas 48 horas la autoridad departamental no presentó ninguna demanda legal que sustente las acusaciones de narcotráfico que hizo el martes.
En esa oportunidad, Costas dijo que “cuando se acabe la borrachera de poder, cuando exista una real democracia, este señor (Álvaro García Linera) tendrá que responder en el banquillo de los acusados por corrupción, narcotráfico y terrorismo”.
El proceso judicial en contra del gobernador se ampara en el artículo 162 del Código Penal, que establece que “el que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.
A pocas horas de que el ‘Vice’ hiciera el anuncio de la apertura de un proceso penal, Costas dijo que las denuncias en contra de García Linera fueron en respuesta a las amenazas del Gobierno para vincular a más de 30 cruceños con terrorismo.
“Este señor (por García Linera) podrá iniciarme uno o miles de juicios, pero el veredicto de los jueces será uno y el veredicto de la legitimidad del pueblo será otro”, afirmó Costas, que visitó al presidente de AeroSur, Humberto Roca, que tiene una orden de aprehensión por un proceso que le inició el Estado.
A su vez, el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, opinó que los procesos judiciales que enfrentan los cruceños son para evitar el tratamiento de la ley marco de autonomía.
Por su lado, el senador cruceño Germán Antelo, de PPB-CN, afirmó que cuando hay una decisión de una persona sobre un juicio, cualquiera sea la acusación, se debe hacer a través de los conductos regulares y no a través de la prensa.
En peligro la mayoría de los Verdes
Con la determinación de la Corte Nacional Electoral, en la que reconoce la existencia del pueblo yuracaré en Santa Cruz y la inminente asignación del quinto curul para los pueblos indígenas, peligra la mayoría de la alianza oficialista Verdes en la Asamblea Legislativa Departamental y, por ende, los votos de los nueve asambleístas del MAS y los cinco representantes indígenas pueden lograr elegir un gobernador masista, en caso de que Rubén Costas resulte suspendido de sus funciones.
El frente político del gobernador hizo alianza con el Frente Amplio y juntos suman 14 legisladores, de los cuales uno no vota porque está a cargo de la presidencia del Legislativo regional, y sólo alcanzarían 13 votos.
Al respecto, el jefe de bancada de Verdes, Javier Limpias, dijo que de concretarse la acreditación del indígena del pueblo yuracaré, se viola la Ley Transitoria Electoral y la Constitución; además, pondrá en evidencia si el nuevo asambleístas indígena es alineado al MAS o es autónomo en sus decisiones.
El vocal de la Corte Departamental Electoral Víctor Hugo Claure dijo que el pueblo yuracaré debe cumplir con los requisitos que exige el organismo electoral para lograr la acreditación de sus asambleístas. La Central Indígena del Pueblo Yuracaré alista la designación de su representante, mediante sus usos y costumbres.
Se convirtió en un problema personal
Junior Pantoja / Politólogo
Es probable que el conflicto que mantiene el vicepresidente Álvaro García Linera con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, forme parte de un show mediático por parte del segundo mandatario nacional, porque un tema pasajero ahora se convirtió en una pelea entre dos personas que tienen cargos importantes en el Estado boliviano. Este problema es personal, así como es el que lleva adelante García Linera contra Humberto Roca, por lo tanto, la población no tiene por qué hacer seguimiento a estas peleas.
Rubén Costas cometió un error garrafal al lanzar esas declaraciones, porque se supone que un gobernante o una personas que tiene mucho poder en el departamento no debería manifestarse de esa manera frente a un jefe de Estado como es el Vicepresidente o las relaciones no deberían ser de esa manera. Si bien ése fue el gran error o metida de pata del gobernador, también hay una intromisión de parte del vicepresidente García Linera en temas que no le competen, como el juzgar si es o no es legal el Estatuto Autonómico, para esos temas hay un Tribunal de Justicia y el Ministerio Público y ellos deben ser quienes juzguen ese caso.
El código penal
Art. 162.- El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años. Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el presidente o vicepresidente de la República, ministros de estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad.