El fiscal de materia Gerardo Balderas expresó su sorpresa por figurar en la lista de vetados por Estados Unidos, ya que en agosto pasado renovó su visa «y no me dijeron nada», aunque reconoció que cada Estado «tiene sus restricciones».
«Obtuve mi visa en 2016 y en agosto la renové; no me dijeron nada y no creo que se abra una investigación», afirmó el fiscal, quien se encuentra entre las 15 autoridades y exautoridades bolivianas impedidas de ingresar a territorio estadounidense.
La administración estadounidense publicó la segunda lista de autoridades y exautoridades nacionales a quienes, junto con sus familias, se les revocó el visado o se las declaró inadmisibles por presuntas vinculaciones con el narcotráfico y la corrupción.
«Cada país tiene sus restricciones y sus inconvenientes. Ven a quiénes admitir y a quiénes no», declaró escuetamente el fiscal en entrevista con la red DTV.
Sobre la lista de personas vetadas por Estados Unidos debido a presuntas vinculaciones con el narcotráfico y la corrupción, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz reveló que varias de las actuales y exautoridades señaladas por Washington ya son investigadas en Bolivia, y reivindicó la soberanía en la aplicación de la justicia nacional en estos casos.
«Si bien hay esas coincidencias, es en nuestro país donde se decide soberanamente sobre esas investigaciones y la aplicación de las normas de nuestra justicia. No actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia, pero celebramos coincidir en varios casos en las decisiones tomadas por el Gobierno americano», afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
No dio detalles sobre las “coincidencias” en los nombres entre la lista estadounidense y los que son actualmente investigados. La posición la expresó horas después de que Estados Unidos publicara la segunda lista de 15 actuales y exautoridades a quienes se les retiró la visa o se los declaró no admisibles por vinculaciones contra el narcotráfico y corrupción.
Entre los señalados por Washington figuran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; el exfiscal general Juan Lanchipa;el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barboza Zeballos, y la exdirectora de Migración Katherine Calderón Valle.
La nómina incluye además a Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; a Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental en Santa Cruz del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP);y a Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija, entre otros.
Según el Departamento de Estado norteamericano, estas «acciones dan continuidad a los compromisos que los socios asumieron en la Cumbre de Doral en marzo y en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre».
Al respecto, Gálvez aseguró que el Ejecutivo no brindará protección ni blindaje a nadie, e insistió en que la administración pública y el sistema judicial no pueden ser refugio del narcotráfico, la corrupción ni el crimen organizado.
«Bolivia va a seguir trabajando con sus aliados contra el crimen organizado, pero dentro de nuestra frontera la responsabilidad es nuestra y la asumimos. Estamos investigando, vamos a sancionar siguiendo los procedimientos y manteniendo la correcta aplicación del Estado de derecho; además, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que redes criminales vuelvan a sentirse protegidas por el poder», insistió la autoridad.
Gálvez afirmó que las personas incluidas en la lista de restricciones de visa que ocuparon cargos durante la actual gestión fueron cesadas de sus funciones.
“Todas las personas mencionadas en la lista por el Gobierno americano, que en algunos momentos hayan sido funcionarios en esta gestión, han sido cesados de sus cargos. Algunos hace semanas atrás, otros hace algunos días”, aseguró.
La ley también contempla un pasaje para un acompañante por paciente y hasta dos cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, con la certificación correspondiente de la autoridad de salud más cercana.
La hoja de transferencia es el único requisito para habilitar pasajes aéreos solidarios en favor de personas con cáncer que requieran trasladarse para realizar exámenes o tratamientos, informó la ministra de Salud, Marcela Flores.
Se requiere «solamente la hoja de transferencia emitida por el médico tratante, en la que se especifique a qué establecimiento de salud de otro departamento se la remite», explicó la autoridad respecto a la normativa recientemente promulgada.
Se trata de la ley que garantiza pasajes aéreos solidarios nacionales e internacionales para pacientes con cáncer, enfermedades terminales o en estado crítico que necesiten trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para recibir atención especializada.
Por lo general, los pacientes con cáncer de diversas regiones deben viajar a las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Muestra de ello es que, solo desde Chuquisaca, se reporta un promedio semanal de 15 a 20 personas que se trasladan hacia los centros de medicina nuclear.
En Bolivia, la atención y el tratamiento integral contra el cáncer se gestionan a través de la red pública mediante el Sistema Único de Salud (SUS) y en centros especializados ubicados en el eje central.
La ley también contempla un pasaje para un acompañante por paciente y hasta dos cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, con la certificación correspondiente de la autoridad de salud más cercana.
