El violín, como se sabe, se sostiene con la izquierda pero se toca con la derecha. La imagen parece adecuada para definir al gobierno de Evo Morales, que utilizó a sectores populares como los indígenas y los obreros para el acceso al poder y ahora gestiona su administración en función de los intereses de una nueva derecha, conformada por una lumpen-burguesía proveniente de áreas extralegales de la economía, los delegados locales del petropoder venezolano, una facción del alto mando militar, sobrevivientes reciclados de la vieja oligarquía paceña y hasta empresarios cruceños “incrustados” en base a negocios con el sector público. Se trata, claro, de una derecha no liberal sino patrimonialista, que usufructúa los beneficios de un capitalismo de Estado salvaje.
Nuevas luchas autonómicas
Podría estar a las puertas un nuevo ciclo de luchas autonómicas, si existiera la capacidad para superar prejuicios raciales y desconfianzas ideológicas, entendiendo que tanto los gobiernos departamentales como los territorios indígenas acaban jodidos con la ficción de “autonomía sin recursos” creada por el gobierno centralista. Pero la falta de renovación en la dirigencia política de varios departamentos reduce las posibilidades de canalizar y capitalizar esta nueva coyuntura.
¿Para cuándo el Censo Nacional?
Desde ámbitos cercanos al oficialismo se manejan distintas fechas tentativas para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, que según normas aún vigentes debería llevarse a cabo este año. El legislador masista Bienvenido Zacu intentó desactivar la protesta indígena por los escaños aduciendo que el tema será revisado “el 2011, después del Censo”. Sin embargo, una nota de hoy de la agencia cubana Prensa Latina adelanta que el estudio censal estaría “previsto para el 2012 o 2013”. Por su parte, Yolanda Ponce, responsable del Instituto Nacional de Estadística en Tarija, dijo que se tiene planificado implementar el Censo en el 2012. La realización del Censo en este año 2010 debería ser uno de los objetivos centrales de los sectores democráticos bolivianos, en la medida en que obligaría a replantear la distribución de recursos económicos, ítems de educación, salud y policía e incluso bancas parlamentarias. El estudio tendría que llevarse a cabo con opciones amplias de autoidentificación étnica, a diferencia de lo sucedido en el 2001, cuando se suprimió la categoría de mestizo.
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