Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Conductores bajo sospecha
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Bajo el Penoco, El Día: El pulpo y los yatiris
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Los Tiempos: EL DESAFÍO DE LA PRODUCCIÓN
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El Deber: El papel de los líderes
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La Razón: La vuelta a clases
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Cambio: Diálogo antes que muerte
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La Prensa: El difícil control de precios
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El Diario: El Legislativo, sin orden ni concordia
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El Mundo: Acusaciones mutuas
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Opinión: Oportunidades para el desarrollo regional
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Clarín, Argentina: La calificación de riesgo y el INDEC
El Día: Conductores bajo sospecha
El transporte público urbano constituye uno de los servicios fundamentales que las autoridades ediles y nacionales están en la obligación de proporcionar a la ciudadanía. Para ello, se hace preciso no sólo normar la oferta de las unidades vehiculares apropiadas, que deben ser cómodas, espaciosas, seguras y en el número suficiente para satisfacer la demanda, sino también controlar que los recursos humanos asignados a las mismas estén de acuerdo con la elevada responsabilidad que entraña transportar personas de toda edad y condición, a diferentes horarios y cubriendo distancias diversas. De hecho, las ciudades que cuentan con un buen servicio de transporte público implican también buena gestión edil.
Sin duda que ello incluye otros detalles como la implementación de la señalización horizontal y vertical y el ordenamiento del tráfico vehicular, sin olvidar el respeto a las normas y regulaciones por parte de usuarios y conductores. Conviene enfatizar en el hecho que para un adecuado control del servicio de transporte público se hace preciso también un registro cuidadoso y obligatorio de toda unidad de servicio, consignando todas sus características e identificando a propietarios y conductores responsables sin excepción. Esto significa no sólo amplias posibilidades en el terreno del control, monitoreo y evaluación de recursos físicos y humanos, sino un auténtico respaldo a favor de la seguridad ciudadana.
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Pero resulta que en Bolivia, y especialmente las ciudades del eje troncal del país, la inseguridad ciudadana se ha extendido al transporte de servicio público urbano. Desde hace un tiempo, las denuncias de abusos sexuales, asaltos y otros delitos por parte de los conductores hacia los usuarios de taxis y radiomóviles han ido en aumento. En varios casos estas agresiones han culminado en la muerte de los infortunados pasajeros, especialmente del género femenino, a la sazón las víctimas preferidas. En tales casos, ha sido muy difícil identificar al conductor agresor y al vehículo utilizado en la comisión del delito.
Por esta penosa situación es que las autoridades nacionales y locales han caído en cuenta que no se tiene un registro pormenorizado y actualizado permanente de los servicios de transporte público urbano en el país. En la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, operan más de 171 empresas de radiotaxis, de las cuales sólo están registradas 40 en Tránsito. Del mismo modo, la mayor parte de las más de 200 líneas de trufis trabajan sin autorización de operación. ¿Quién sabe cuántos taxistas libres operan sin control alguno? Lo cierto es que la delincuencia aprovecha esta ausencia de regulación y control para cometer sus delitos.
Resulta lógico que el empadronamiento de los vehículos de servicio público y el registro de los conductores debe hacerse exigiendo los requisitos del caso, tratando de evitar trámites engorrosos a fin de facilitar la base de datos mínima para implementar el proyectado sistema de registro digitalizado y moderno a partir del año 2011. Por el momento, y en tanto el proceso de registro se pone en marcha, Tránsito debería en primera instancia, redoblar el control de los taxis y radiomóviles en las vías, exigiendo con severidad las autorizaciones correspondientes y las licencias pertinentes a los conductores, especialmente en el sector de los “libres”, donde por lógica los delincuentes se pueden camuflar con mayor facilidad.
Tránsito debería redoblar el control de los conductores de taxis y radiomóviles, exigiendo las autorizaciones y licencias de rigor.
Bajo el Penoco, El Día: El pulpo y los yatiris
Qué le habrán dicho o prometido los brujos bolivianos al Presidente para que diga que éstos se quedarían sin trabajo ante el famosísimo pulpo Paul, molusco que acertó en la mayoría de los pronósticos del Mundial de Sudáfrica, entre ellos el triunfo de España sobre Holanda. Luego de felicitar a los españoles, Evo Morales comparó a los yatiris que usan hojas de coca para adivinar el futuro con el cefalópodo que vive en un acuario alemán. Hace unos días varios de esos hechiceros indígenas participaron en una ceremonia de bendición del nuevo avión presidencial y ninguno de ellos adivinó, que días después la aeronave estaría al borde de ser alcanzada por un cohete. Frecuentemente yatiris y amautas son invitados a ceremonias especiales en el Palacio de Gobierno y vaya uno a saber qué tipo de predicciones hacen para que el jefazo no esté muy contento con ellos. Lo que menos le va a gustar al Presidente es que últimamente hay quienes proponen cambiar el avión Falcon por el pulpo Paul y traerlo al país para que sea él quien tome las decisiones cruciales del Estado Plurinacional.
Los Tiempos: EL DESAFÍO DE LA PRODUCCIÓN
Es de esperar que el Gobierno impulse este debate, de modo que los recursos naturales no renovables dejen de ser el principal sustento del país
La visita al departamento de la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural y su apertura al diálogo han servido para conocer algunas facetas de la gestión gubernamental que son difíciles de descubrir por el predominio que se le da desde el Órgano Ejecutivo al enfrentamiento político-ideológico.
Esta autoridad ha señalado, en una entrevista con Los Tiempos, que el modelo de economía plural significa que todos puedan participar en la producción: grandes, medianos y pequeños productores, y el Estado, porque el desafío es dar valor a nuestras materias primas.
Esta posición es, seguramente, consecuencia de que ella misma es una importante productora. A su criterio -con el que se puede compartir plenamente-, los empresarios exitosos y grandes deben enseñar a los pequeños y medianos productores “cómo han logrado llegar a ser grandes; por favor, compartan con los pequeños”.
Lo que sí merece mayor reflexión es su confianza en recrear un Estado productor. De hecho, la autoridad llegó a Cochabamba para inaugurar Lacteosbol en Ivirgarzama, empresa que se suma a las fábricas de papel, cartón, productos cítricos y otras que el Gobierno o ha instalado o está por hacerlo con apoyo venezolano e iraní en varias regiones del país.
Sin embargo, nuestra experiencia en este rubro no es precisamente exitosa. Fue la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) la entidad estatal encargada de generar y ejecutar proyectos de desarrollo en distintos lugares del país. Transcurridos los primeros años, en general exitosos, sobrevino la etapa en que, por la inercia burocrática, esta entidad se fue convirtiendo en un lastre para el Estado tanto por encarar proyectos sobrevaluados como por abrir espacios de corrupción, al punto que tuvo que ser cerrada.
Además, hay experiencias contemporáneas que muestran el fracaso rotundo de un Estado productor. En la región, Cuba, primero, y Venezuela, después, dan cuenta cotidianamente de que ese modelo sólo conduce al fracaso y a la expansión de la pobreza.
Basta pensar en que Bolivia está donando arroz a Cuba para comprobar este acierto.
De ahí que sea útil debatir -tratando de neutralizar las visiones ideológicas enunciadas fundamentalmente por quienes probablemente nunca han trabajado en el sector productivo y consideran que desde el escritorio se puede decretar el desarrollo- sobre cuál debe ser el papel del Estado, y la racionalidad indica que debería cumplir tres funciones de primera importancia, olvidadas, lamentablemente, por las actuales autoridades: la normativa, para crear, por un lado, las condiciones jurídicas suficientes y equitativas que estimulen las ideas emprendedoras, y por el otro, diseñar estímulos transparentes para promover estas actividades;
la de regulación para eliminar las limitaciones (cuando no perversidades) del mercado, tendiendo a su perfeccionamiento, y la de redistribución de la riqueza que se genere a través tanto de la inversión social como de los sistemas impositivos.
Es de esperar que el Gobierno impulse este debate, más aún si estas actividades generan riqueza sustentable, y si se concretan con éxito, permitirán sobrellevar dignamente los tiempos en los que los recursos naturales no renovables dejen de ser el principal sustento del país.
El Deber: El papel de los líderes
Un día, el vicepresidente Álvaro García Linera dice que todos los prefectos, algunos de ellos convertidos en gobernadores, que hubieran organizado referéndums sin autorización del Congreso, tienen que ir a la cárcel.
Otro día, uno de esos gobernadores, el de Santa Cruz, responde que el Vicepresidente deberá responder por el origen de los dineros que recibió. Y menciona el narcotráfico.
Estas dos declaraciones –ambas censurables- provocaron que Bolivia se mantenga en las primeras páginas de los diarios del mundo, pues no hay muchos países donde el debate político sea tan áspero.
La afirmación de García Linera sobre el futuro que les espera a algunos gobernadores se produjo, curiosamente, a los pocos días de que el presidente Evo Morales visitara al gobernador de Santa Cruz y dijera que trabajará con él en armonía. La afirmación del Vicepresidente tuvo el tono de una sentencia inapelable.
Es decir que un diálogo que había hecho surgir optimismo entre muchos bolivianos, sobre todo entre los que desean que se acabe el clima de confrontación permanente, fue roto por una afirmación del Vicepresidente y tirado al tacho por la respuesta de un gobernador.
De lo que surge la comprobación de que en el Gobierno hay dos actitudes, o dos corrientes, contradictorias acerca de la conveniencia de dar fin a la era de la confrontación y dar paso al diálogo constructivo.
Mientras el presidente Morales visita a gobernadores opositores, se reúne con asambleístas de otras tendencias, otros segmentos de su partido buscan derrocar a alcaldes electos, buscan bloquear la gestión de gobernadores opositores y amenazan a empresarios.
El camino de la confrontación permanente no promete nada bueno para el país. Las noticias que producen estos choques, este clima de tensiones permanentes, desalientan a quienes quisieran creer en el futuro de Bolivia.
Quienes se dedican a alimentar esta hoguera deberían saber que la bajísima tasa de inversión que se da en el país es el resultado de lo que ellos están haciendo. Es probable que algunos no lo sepan, y es probable que otros sí lo sepan y estén actuando así a propósito, buscando precisamente ese resultado.
Pero los líderes confrontados deberían saber que ellos están a la cabeza del país, de diez millones de bolivianos que esperan otra cosa de sus conductores.
El país necesita de un ambiente de diálogo político para enfrentar los gravísimos desafíos que se presentan precisamente ahora, algunos de ellos agravados al extremo por las tensiones políticas que parecen no tener fin.
Un país afectado por la peor sequía de varias décadas, surcado por carreteras que son el escenario para accidentes que, en cambio, no se dan ni siquiera en los países vecinos más pobres; un país que registra la tasa de desempleo más alta, sólo paliada por las actividades informales e ilegales, necesita de líderes que sean capaces de ver la realidad y trabajar para mejorarla.
Pero si los líderes de este país se van a dedicar a discutir entre ellos, a acusarse y maldecirse, será difícil que alguien sea optimista. En ese caso, el éxodo va a continuar, la desazón se va a adueñar de todos los bolivianos.
Si la idea es destruir Bolivia, la confrontación es el camino. Pero si la idea es hacer de éste el país que se merecen los bolivianos, los líderes tendrían que cambiar.
La Razón: La vuelta a clases
La controversia se ha hecho una costumbre en esta época del año, pero ahora la Confederación de Padres de Familia subió el tono de la discusión al advertir que el ministro Roberto Aguilar será el responsable de las enfermedades que pudieran contraer los niños por asistir a los establecimientos educativos pese al frío reinante.
La situación es sumamente delicada porque involucra nada menos que a nuestros niños y adolescentes. Así que, mientras se desarrolla este tire y afloja entre autoridades y padres de familia, los alumnos van de un lado a otro como si no importaran.
Pero, más allá de la coyuntura, se repone un eterno debate. ¿Por qué los chicos se reincorporan, casi siempre, en medio de los peores fríos? ¿Qué tanto se meditan estas determinaciones? Al final, ¿se escuchan los consejos de los meteorólogos?
Da la sensación de que los reportes de los expertos en el comportamiento del tiempo no pesan lo suficiente a la hora de tomar este tipo de medidas. En el caso de este año, la incidencia de la proximidad de los festejos del 16 de julio, en el departamento de La Paz, así como la presión de los maestros que temen no cumplir con el calendario escolar y no recibir su bono de cumplimiento, aparecen como dos buenas razones para reiniciar las clases lo antes posible.
Ante la evidencia de que el frío no ha mermado sino todo lo contrario, el Gobierno trata de sopesar la situación (y aplacar los ánimos) disponiendo la demora de la entrada de los estudiantes en media hora. Pasa por alto el inconveniente que les genera a los padres que a diario llevan a sus hijos hasta las unidades educativas y que, como ellos deben trabajar desde temprano, no tendrán más alternativa que dejarlos en el horario habitual.
Entretanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anuncia para hoy el ingreso de un frente frío al país. Del 12 al 18 de julio se registrarán bruscos descensos de las temperaturas con valores que bajarán hasta -9°C en El Alto, -15°C en Oruro y -20°C en Potosí.
A esta altura del calendario no hay mucho que hacer: la decisión está tomada. Que sirvan estos conceptos para los próximos años, pues no se puede jugar con la salud de la niñez. Una semana más de vacaciones hubiese evitado muchas enfermedades respiratorias y, si el problema eran las horas perdidas, siempre se las puede recuperar con la optimización del tiempo en el aula.
Cambio: Diálogo antes que muerte
Al menos dos personas han muerto y 120 resultaron heridas como consecuencia de la represión de las fuerzas policiales panameñas a una manifestación en la localidad de Changuinola, provincia atlántica de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, en contra de una ley que los manifestantes rechazan porque aseguran que criminaliza el derecho a la protesta social, modifica sustancialmente aspectos laborales y ambientales de Panamá, y elimina la obligatoriedad del pago de la cuota sindical por medio de descuento directo, entre otros aspectos.
Según informaciones procedentes de ese país centroamericano, los organismos policiales continuaban en las calles de la provincia haciendo uso de perdigones y bombas lacrimógenas con el objetivo de reprimir las manifestaciones que ayer cumplieron su tercera jornada.
En ese contexto, el ministro de Seguridad de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó ayer el arresto de más de cien sindicalistas, así como de huelguistas heridos que se encontraban en las calles, sin protagonizar ningún hecho de violencia tras participar en una reunión de organizaciones sociales y sindicales en la que se convocó una huelga general para este martes.
Según el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), una organización popular que aglutina a movimientos sociales panameños, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó —en sólo tres días— una polémica ley que reforma tres códigos y seis leyes de la República de Panamá por instrucciones del gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
La presunta inconstitucionalidad de esa norma ha movilizado a trabajadores, grupos ambientalistas, sindicales y defensores de los derechos humanos, que en los últimos días han protagonizado una serie de movilizaciones que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Observan que la Ley 30 viola el artículo 149 de la Constitución que indica, entre otras cosas, que la Asamblea puede ser convocada a sesiones extraordinarias por el Órgano Ejecutivo “para conocer exclusivamente” de los asuntos que dicho órgano someta a su consideración. Sin embargo, la Asamblea utilizó el tratamiento de una ley sobre la aviación comercial para introducir los artículos que los trabajadores rechazan.
Aparte de ello, de acuerdo con el artículo 165, numeral C de la Constitución panameña, la potestad de reformar los códigos compete a la Corte Suprema de Justicia o a los procuradores, pero no al Ejecutivo en la forma que lo hizo ni al Consejo de Gabinete.
El Frenadeso asegura que se violaron de muchas formas el reglamento interno de la propia Asamblea de Diputados y señala como ejemplo, luego de declararse ilustrada la Sala y aprobado el proyecto en segundo debate, que en el tercer debate se hicieron modificaciones que ni siquiera fueron debatidas previamente.
Los trabajadores movilizados rechazan la Ley 30 porque —aseguran— fomenta el ecocidio. Es decir, exime al Estado de la presentación de los estudios de impacto ambiental, los cuales son considerados un avance para la humanidad, pues frente al cada vez más grave panorama mundial en términos ambientales, estos estudios buscan predecir las consecuencias ambientales de los proyectos a desarrollar, examinan sus impactos sobre la población, su territorio, sus medios de vida o sobre otros proyectos aledaños. Además de predecir problemas potenciales, identifican las medidas para minimizar los problemas y sugieren cómo adaptar el proyecto al ambiente propuesto.
Sin embargo, esos estudios —que constituyen un avance histórico— son vistos por las autoridades panameñas como trabas burocráticas. En este sentido, los dirigentes del Frenadeso los acusan de una desmedida sed de hacer negocios irregulares con sus empresas y allegados, y de alentar las compras directas.
Del mismo modo, los trabajadores movilizados denunciaron que la ley en cuestión fomenta la impunidad y da licencia a los policías para ejercer una represión desmedida. “Con esta ley se legaliza la impunidad policial, se crean fueros y privilegios por encima de la Constitución, ya que los agentes procesados por cualquier delito, incluido el de asesinato “en cumplimiento del deber”, no serán separados ni dejarán de devengar salario alguno, mientras dure la investigación. De ser condenados no irán a la cárcel, sino que se mantendrán dentro de cualquier instalación de la Policía, donde podrían ser requeridos por su jefe inmediato para cumplir tareas administrativas”, señala el Frenadeso.
Agrega que de materializarse esta situación, cualquier panameño quedará expuesto a que se violen sus derechos constitucionales; desde una simple infracción de tránsito hasta por su presencia en una manifestación ciudadana.
En el marco laboral, aseguran que la Ley 30 viola los derechos de los trabajadores porque atenta contra el derecho a huelga consagrado en la Constitución y el cual constituye el último recurso al que acuden los trabajadores frente a los abusos de la parte patronal. Además, la norma permite mantener abierta la empresa durante el período de huelga y a los patronos contratar esquiroles, es decir, a “rompehuelgas”.
Asimismo, se elimina la obligatoriedad del pago de la cuota sindical por medio de descuento directo, para con ello debilitar a las organizaciones sindicales, toda vez que la principal fuente de sus ingresos son las cuotas que aportan los trabajadores afiliados.
En ese contexto, urge que las autoridades panameñas asuman que la democracia es un sistema basado en el respeto a la Constitución y que cualquier modificación o creación de nuevas leyes debe ser asumida en el marco del mandato de la Carta Magna.
Por eso es destacable que anoche se haya abierto un acercamiento entre las partes en conflicto, porque el diálogo no sólo representa una apuesta por la democracia, sino que permitirá anteponer los derechos a la imposición y la vida sobre la muerte.
La Prensa: El difícil control de precios
El control efectivo de precios se alcanza en forma automática cuando existe un verdadero equilibrio entre lo que significa producción y consumo.
El Gobierno anunció su intención de aplicar un severo control de precios, por lo menos de unos 20 productos, para lo cual se propone tomar una serie de medidas. La idea es identificar los productos por controlar, establecer precios, prohibir la existencia de un sistema de distribuidores privilegiados y aplicar un riguroso seguimiento a las hojas de costos de las empresas.
Se trata de un propósito loable, pues se propone evitar que los precios suban, pero lamentablemente se trata también de una tarea muy difícil, en la que han fracasado muchos gobiernos, nacionales y extranjeros, desde que existe el comercio. Se ha probado de todo contra el incremento normal de los precios, desde encarcelar a los comerciantes hasta distorsionar las cifras de la inflación, que es el último de los recursos a los que echan mano los gobiernos más necesitados de lograr el mencionado propósito.
El juego es delicado, porque tampoco se puede controlar las exportaciones pensando que así se garantizará la oferta al mercado interno. Al final se afecta al productor, que queda desalentado y luego no produce ni siquiera para cubrir la demanda interna.
En el caso de este proyecto, el Gobierno se puso a revisar y corregir la idea a las pocas horas de haberla lanzado, comenzando por admitir que quizá no pueda cumplir con toda la cadena del control.
En todas partes se ha comprobado que la mejor manera de evitar el incremento de los precios es facilitar el trabajo de los productores mediante normas que aseguren la provisión de insumos, de combustible y medios de transporte, además de un sistema financiero capaz de respaldar los proyectos que valen la pena.
Y también se ha comprobado en el mundo que cuando las economías están sanas quiere decir que hay empleo, la producción aumenta, los salarios también, la demanda sube y a partir de ese momento sólo hay que garantizar que la producción crezca al mismo tiempo que la demanda.
Hablar de controles resulta, muchas veces, una suerte de demostración de que no se sabe de la materia. En ese caso es mejor meditar y observar el panorama completo antes de hacer anuncios que luego podrían ser modificados.
Es decir, el control efectivo de precios se alcanza en forma automática cuando existe un verdadero equilibrio entre lo que significa la producción y el consumo. El fenómeno depende de otros factores que ya mencionamos antes, como, por ejemplo, una política salarial básicamente digna.
A todo esto, en la realidad que vivimos en nuestros días también tienen que ver algunos fenómenos climatológicos que, en el caso de la sequía que actualmente asola el territorio nacional, ha golpeado cruentamente a la producción agropecuaria, al punto de que se vislumbra una total escasez de productos básicos en la canasta familiar en plazos perentorios. En la economía cotidiana, escasez es sinónimo de incremento de precios.
Para evitar todos estos imponderables se requiere políticas de previsión que deben ser inherentes a las políticas económicas del país, pues una situación como ésta sólo podría allanarse a través de la importación de estos productos y, claro, una política de subvenciones estatales que evite el alza de precios de todos estos productos. Un recurso que a la larga causa un daño mayor.
El Diario: El Legislativo, sin orden ni concordia
Para nadie es misterio o extraño que el Poder Legislativo -el primero y más importante de los poderes del Estado- tiene por característica el reinado de una especie de anarquía. En el pasado y en el presente, las autoridades de ambas cámaras, atenidas a la “independencia de poderes”, han soslayado el orden, la armonía, el comportamiento digno y respetuoso que debe existir entre sus componentes y con el público que asiste a sesiones.
En días pasados -tan sólo para mostrar un ejemplo- no han faltado los enfrentamientos verbales, las pugnas y hasta desafíos porque cada quien, conforme a sus conveniencias, quiere que se lo atienda, se tome en cuenta sus pedidos, caprichos y criterios. La división en el Parlamento es casi total y esto se ha notado hasta en las bancadas del oficialismo que, se entendía, eran homogéneas y respondían a un solo mando. No corresponde salvar la conducta de los opositores que, igualmente, actúan divididos, sin armonía ni sincronización alguna.
Los reglamentos de debate a los que tendrían que sujetarse senadores y diputados, normalmente son ignorados. Por otra parte, no hay diferencia entre los “plurinominales” -diputados designados “a dedo” por sus jefes o partidos y sin intervención del ciudadano ni del voto- y la conducta de los uninominales que, se entiende, deberían responder ante sus mandantes puesto que fueron elegidos por el voto popular. Algo similar ocurre, por supuesto, en senadores, porque la forma de elección ha sido la misma que la de diputados “pluris”. Se debe entender, por ello mismo, que los designados “a dedo” no han precisado demostrar méritos ni preparación alguna para su designación y, por su parte, los que son fruto del voto popular, hay que entender que deberían contar con los méritos necesarios para haber sido elegidos, sin embargo su conducta es igual decepcionante.
El Poder Legislativo debería actuar con armonía de sus miembros; estudiar debidamente los documentos puestos a su consideración luego del trabajo en comisiones y tener una conducta digna por el respeto que se merecen a sí mismos, al recinto en que están y, sobre todo, respeto y consideración a la institucionalidad. Senadores y diputados -también atacados por la soberbia- deben entender que, por lo mismo que son altas e importantes sus funciones, están al servicio del país y no pueden vulnerar normas de conducta que deben ser ejemplares en todo sentido.
En pocas semanas se ha aprobado -por presión del Poder Ejecutivo- importantes leyes que reemplacen a las anteriores; en ellas se nota la improvisación, la ausencia de la suficiente meditación, estudio y coherencia; responden, podría decirse, sólo a los intereses del partido de gobierno que a ser, en todo sentido, leyes que tengan las condiciones requeridas para una vigencia, en planos de justicia, equidad y ecuanimidad, durante mucho tiempo.
Senadores y diputados, teniendo reguladas sus funciones en los debidos documentos, deben someterse a la letra de los mismos tanto en la función interna que deban mostrar en las mismas cámaras como en cualesquiera actividades que deban cumplir; de otro modo, querrá decir que las leyes aprobadas y las que vendrán luego, no contarán con la debida seriedad ni eficiencia en su estudio. Por otra parte, no obstante pertenecer al partido de gobierno en su mayoría, y los pocos de la minoría que están sujetos a compromisos partidarios, deben comprender la importancia de sus funciones y estudiar detenidamente lo que deben considerar y aprobar; de otro modo, se corre el riesgo de tener disposiciones que obedezcan más a conductas anárquicas que a las que dictan normas elementales.
El Mundo: Acusaciones mutuas
En reiteradas oportunidades, nos hemos referido a la vocación de pugna que caracteriza a la actual situación sociopolítica boliviana y que nada bueno puede traer para el futuro de la ciudadanía, todo lo contrario, las situaciones tienden a agravarse y si no paran, pueden concluir en un enfrentamiento nada favorable. Las declaraciones del Gobernador de Santa Cruz, siguiendo la conducta a que hacemos referencia al iniciar la nota, han dado lugar una serie de reacciones que no buscan, de ninguna manera, encontrar soluciones, o corregir situaciones que lleven las cosas por un camino que pueda ofrecer un panorama alentador; ahora es todo lo contario, la declaración ha dado lugar a que todas aquellas personas que de una u otra manera, tratan de ganarse la simpatía del Gobierno y en particular del vicepresidente, han decidido realizar acusaciones, presentar demandas y otras acciones que buscan anular al Gobernador cruceño.
La oposición por su parte, ha encontrado también otro tema para continuar la pugna y se presentan los manifiestos de solidaridad, las denuncias ante organismos internacionales y otros hechos que con seguridad, permitirán que el problema se prolongue por algunos días.
Mientras eso sucede en el campo político, la situación económica tiende a endurecerse, debido a las acciones realizadas por los países industrializados que tratan de superar la crisis económica por la que atravesaban y con seguridad, las medidas que puedan adoptar para lograrlo, irán en perjuicio de quienes están económicamente en condición de desventaja, ni preguntar qué medidas se han adoptado para evitar que ello suceda, no es el tema principal de la agenda.
Después del fracaso de los intentos neoliberales, patrocinados por los países económicamente fuertes que antes que transmitir ideas prácticas para superar la crisis, prefirieron tocar los bolsillos de los otros países, no tuvieron inconveniente en fomentar la corrupción, para llevar adelante un plan que conducía a ninguna parte.
Pero las correcciones no fueron por mejor camino, antes que aplicar las medidas que en algún momento pensaron, cuando se encontraban preparando la campaña política, los gobernantes socialistas optaron primero en emprender la lucha de clases y perseguir a los apellidos de origen extranjero, luego a los ciudadanos que merced a su trabajo, lograron acumular alguna riqueza y luego atacar a los que mantenía un color de piel diferente al que los dirigentes consideraban propio, aunque también en ese sector hay mucha gente de piel blanca que trata de mimetizarse, en algún momento, vistiendo un poncho y chulo, pero que no logran cubrir otros rasgos.
Sería prudente que en algún momento, quienes ejercen posiciones de poder, al margen de las tendencias políticas que pueden ser diferentes, se dedique a pensar en el bien de las mayorías, a las que anuncian defender, y adopten medidas que puedan modificar las condiciones socioeconómicas que se presentan cada vez más complicadas.
Ojala que todas aquellas demostraciones de solidaridad que alientan el enfrentamiento, entre los dirigentes de uno y otro sector, puedan volver a manifestarse, con la misma intensidad, para apoyar las iniciativas que puedan mejorar las condiciones generales y encaminar al país por un sendero que pueda ser más expectable. Al margen de las que hoy se han convertido en un estigma que bien vale la pena revertir.
Si bien sería importante identificar a quienes nos han conseguido el estigma de narcotráfico con el que se conoce hoy la país en el ámbito internacional. Lo importante no es hoy buscar a los culpables sino dar los pasos para evitar que ello siga sucediendo y eso pasa por limitarla producción de al hoja de coca, ejercer mayor control sobre las fábricas que han proliferado, según los informes de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, pero que salvo algunas incautaciones que a pesar de ser voluminosas, no guardan todavía relación con la cantidad que se produce.
Es un compromiso que se debe cumplir y que ayudaría a mejorar la imagen de quienes pueden ser acusados, por lo menos de tolerar esas irregularidades.
Opinión: Oportunidades para el desarrollo regional
Si las condiciones se dan y si existe un proceso de entendimiento cabal sobre la autonomía departamental, sin excluir los otros niveles autonómicos, las oportunidades que pueden tener las regiones, plantearían un cierto grado promisorio para mejorar la vida de los habitantes.
Las autonomías se diseñan mediante instrumentos legales como la Ley Marco de Autonomías y los Estatutos Autonómicos Departamentales, con principios y objetivos, pero por muy perfectos que sean, pueden quedar en el papel, sino existen liderazgos regionales, o sea, gente de carne y hueso que esté dispuesta a conjuncionar ideas con los diferentes sectores sociales, políticos, económicos y productivos.
En ese entendido las autonomías pueden convertirse en instrumentos de gran alcance para el desarrollo de las regiones y para beneficio de los habitantes, o pueden caer en un vacío que complique la situación anterior aumentando gastos en su funcionamiento de manera inútil y perturbadora.
Pensando con optimismo en el caso particular de Cochabamba, resultan importantes los primeros acercamientos que ha dado el gobernador Edmundo Novillo con empresarios e industriales en un encuentro donde se habló para trabajar juntos un plan autonómico dirigido al desarrollo del departamento. El Gobierno ha dicho que los lineamientos generales del proyecto tienen que ver con la industrialización y la participación de todos los sectores, es decir con una política industrial que articule las políticas nacionales, un concepto aceptable, tomando en cuenta que la visión de la autonomía en cualquier país que ha experimentado este proceso, tiene que partir de lo regional sin estar desvinculado de las grandes políticas nacionales en materia de desarrollo y de la producción.
Lo importante es dar su lugar y oportunidades a cada uno de los sectores productivos. La empresa privada, la estatal, la comunitaria y la cooperativista son los grandes pilares que pueden empezar a diseñar el desarrollo de una Cochabamba autonómica.
Una empresa privada moderna que conciba la producción y la ganancia con un pensamiento generador de responsabilidad social, como ahora se insiste en explicar la nueva visión empresarial, una estatal que promueva la generación de puestos de trabajo y que incursione en los niveles productivos que no compitan con otras iniciativas y por el contrario generen nuevos espacios de producción, una comunitaria que como se ha dicho no sólo produzca sino que se industrialice, y la empresa cooperativa que ha dado muestras de combinar los factores sociales con los económicos, generando oportunidades y fuentes de empleo, combinando la justicia social con la eficiencia, como la hecho desde su fundación COBOCE, un ejemplo valorado no sólo nacionalmente sino en ámbito internacional.
Si todos estos factores encuentran cauces comunes en el proceso de autonomía, con reglas justas e integradoras en lo departamental y nacional, tomando en cuenta todos los sectores de la producción actuales e incorporando a otros, se puede vislumbrar esperanzas para una región que ha estado postergada sistemáticamente por diversas causas, pero principalmente por un centralismo injusto.
Con planes y proyectos, y capacidad de producción, pero además con emprendedores inteligentes que trasunten aquellas barreras de un tradicionalismo que más ha fijado su vista en la exportación de ganancias y capitales, no sería iluso pensar que en Cochabamba se daría de manera clara un despegue de la economía departamental, con los consiguientes beneficios para los cochabambinos y la gente que cree en el futuro de esta región.
La autonomía es un proceso político y administrativo pero fundamentalmente importa a la vida de las personas y a su futuro.
Clarín, Argentina: La calificación de riesgo y el INDEC
Diversas opiniones de calificadoras de riesgo explicitaron el costo que tiene para el sector público y el privado la manipulación de las estadísticas públicas que realiza el INDEC.
En numerosas oportunidades analistas locales y del exterior advirtieron sobre los efectos negativos de la pérdida de confiabilidad de las estadísticas, la cual se tradujo en la decisión del Fondo Monetario Internacional de advertir, en sus informes sobre la economía argentina, que se basan en estadísticas cuestionadas. Ahora, varios testimonios de calificadores de riesgos recogidos por este diario señalaron que, aunque la situación macroeconómica de la Argentina y el canje de la deuda permitirían aumentar la calificación del país, esto no está sucediendo por la falta de credibilidad en las estadísticas argentinas. El cálculo del INDEC más problemático es del de precios al consumidor, porque interviene en el ajuste de bonos de la deuda pública y, en forma indirecta, en los que se ajustan por PBI, un indicador que es deflacionado por un índice en el que participa el de los precios al consumidor.
El sostenimiento de una calificación de riesgo muy baja, en algunos casos menor que la que tenían los títulos argentinos hace tres o cuatro años, determina que ni el Estado ni las empresas privadas puedan obtener financiamiento a tasas por debajo de un dígito. En el caso privado, el costo de financiamiento reduce las inversiones y, por lo tanto, la creación de empleo y el crecimiento actual y futuro.
Calificadoras de riesgo informan que la falta de confianza en las estadísticas del INDEC impide mejorar la evaluación del país, lo cual afecta el financiamiento público y privado.