La detención ilegal del dirigente opositor venezolano Alejandro Peña Esclusa, ex candidato presidencial en 1998, es obviamente un síntoma más del creciente autoritarismo del régimen de Hugo Chávez, pero también una señal de debilidad y nerviosismo de parte del mandatario “bolivariano”. Crecientes rumores sobre movimientos en su entorno para llegar a entendimientos con sectores opositores que propicien la salida de Chávez del poder, malas perspectivas para el oficialismo en las elecciones legislativas de septiembre y el imparable desbarajuste económico generado por la política de intervencionismo estatal discrecional se suman para dibujar un cuadro crítico para el “Mussolini tropical”. En este contexto, su último recurso es el incremento de la represión. No nos equivocamos días atrás cuando advertimos que la detención en Venezuela del salvadoreño Francisco Chávez Abarca podía significar la construcción de un símil del “caso Rózsa”, que le brindara al presidente de boina roja la excusa para una nueva oleada de persecuciones en contra de sus opositores.
Ley Marco de Autonomía Cangrejo
La “autonomía cangrejo, que camina para atrás” parece terminar de plasmarse en la Ley Marco, que deja a las gobernaciones con competencias aún más acotadas que las que tenían las antiguas prefecturas. Recordemos que los viejos prefectos eran también comandantes departamentales, mientras que ante los nuevos gobernadores no se cuadrarán ni los efectivos de tránsito.
Negociando la salida
Se comenta que alguna autoridad departamental con suspensión predestinada desde el centralismo estaría negociando las condiciones de su salida del cargo. El tema habría sido puesto sobre el tapete en una reunión que sostuvo con el primer mandatario en La Paz y por estos días vuelve a ser eje de un diálogo subterráneo. El objetivo sería una “inhabilitación honrosa” y sin prisión.
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