El caso gastos reservados se extendió a las gestiones de Mesa y Rodríguez. “No quisiera creer que se trate de una judicialización de la política» señaló el ex ministro.
Lara, ex ministro de Gobierno.
La Razón
Lara espera que no haya persecución política
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El ex ministro de Gobierno Saúl Lara dijo que espera que no se trate de una “persecución política” la decisión de la Fiscalía de extender las investigaciones sobre los gastos reservados a las gestiones de los ex presidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.
“No quisiera creer que se trate de una judicialización de la política, no quisiera creer que se trate de una persecución política, más aún cuando, entiendo, los dos ex presidentes están retirados de la política, y sí han asumido una postura crítica o de interpelación a la gestión gubernamental (de Evo Morales)”, sostuvo ayer.
El fiscal del caso gastos reservados, Róger Velásquez, informó de que la investigación se ampliará a las gestiones de Mesa y Rodríguez, pese a que el 18 de junio dijo que la pesquisa se restringiría sólo a los años 1999-2002.
Lizandro Álvarez, otro de los fiscales del caso, confirmó ayer que los ex presidentes, como sus ex ministros de Gobierno, serán convocados a declarar.
“Generalmente, los recursos de gastos reservados, que estaban dentro de la partida de gastos varios, eran manejados por el titular del Ministerio de Gobierno, como por los habilitados administrativa y financieramente a efectos de firmar los cheques para desembolso de estos montos”, precisó.
Lara informó de que en la gestión de Mesa (2003-2005) se dispuso de 120 millones de bolivianos, que fueron destinados a la seguridad interna, prevención de conflictos y potenciamiento de la Policía, según reportó ATB.
“Hemos comprado más de un centenar de vehículos para la Policía, es decir, hubiera sido tonto que se revierta gastos reservados al Tesoro General de la Nación”, explicó y aseguró que esos dineros no fueron empleados para pagar sobresueldos.
El ex presidente Rodríguez, según la televisora, habría exigido que se respete el derecho a la presunción de inocencia.