El ministro de Autonomías, Carlos Romero, afirmó hoy que el gobierno llegó al límite en cuanto a la atención de las demandas de la Cidob.
Miembros de grupos indígenas del oriente de Bolivia el 30 de junio en la region de Ascención de Guarayos – Efe Agencia
LA PAZ | ANF. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, afirmó, este jueves, que el gobierno llegó al límite en cuanto a la atención de las demandas de la Consejo federación de Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) por lo que no atenderá más los pedidos de este sector social que marcha desde hace 15 días a la sede de gobierno.
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En conferencia de prensa, Romero explicó por más de una hora la posición del gobierno frente a la Ley Marco de Autonomías en su afán de justificar la falta de un acuerdo con los indígenas del oriente. Al reiterar que el Ejecutivo está prestó a reanudar la mesa de diálogo, pero en el marco de sinceridad y transparencia.
«Hay unas demandas que como hemos demostrado en muchos casos contradicen a la Constitución hay es el límite no podemos atender en muchos casos han sido replanteados por la dirigencia cual es el mecanismo para resolverlas sentarse en un mesa y dialogar y seguimos esperando pacientemente», dijo la autoridad.
«Los indígenas no le pueden pedir que se distorsione las relaciones programáticas con el gobierno (…) No se resume en una distribución de cargos de pegas», dijo Romero, al señalar que si el gobierno operaría de la manera que busca la Cidob, eso sería grave e inconstitucional.
Respecto a la denuncia que hicieron autoridades del gobierno al calificar de desestabilizadora y política la marcha de la Cidob, Romero señaló que el gobierno responderá por la vía diplomática a tales extremos.
Según Romero, el proyecto de la Ley Marco de Autonomías impedirá que el proceso de descentralización de competencias ejecutivas y legislativas sea traumático y ocasione un desorden institucional, por lo que se toma las mayores previsiones para que esa transición no sea traumática y para que la «asignación competencial» permita un funcionamiento ordenado del Estado, en todos sus niveles.
Romero argumentó que el proyecto de Ley del gobierno establece los procedimientos para el acceso a las autonomías, la elaboración de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencias ejecutivas, legislativas, financieras y la coordinación con el nivel central.
Señaló que la aplicación de las autonomías no debería generar un proceso de fragmentación territorial, institucional o económico, sino, por el contrario, garantizar el desarrollo «en armonía» de todo el territorio nacional.
Señaló que la creación un fondo de producción y compensación, estará dirigido a generar las concurrencias de gestión pública, para establecer complementariedades entre el nivel nacional y las entidades autonómicas, detalló Romero.
El ministro de Autonomías planteó en la propuesta normativa que se pueden constituir autonomías indígenas sobre la base poblacional de 1.000 habitantes como mínimo; sin embargo, la misma autoridad desechó ese requisito ante la Comisión Mixta de Organización Territorial y Autonomías, pues este nivel de gobierno es inviable porque recibirá apenas 60.000 bolivianos, que no abastecerán para su funcionamiento institucional.
En tanto, la Comisión Mixta de Organización Territorial y Autonomías recibió 40 observaciones de 17 instituciones, entre ellas las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Tarija; la Federación de Asociaciones Municipales (FAM); Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq); CIDOB y representantes del Chaco tarijeño.
Las observaciones centrales giran sobre la vulneración del principio constitucional de dotación de recursos a la asignación de competencias en todos los gobiernos autónomos, la limitación de las atribuciones legislativas a las asambleas departamentales y la injerencia del Estado en atribuciones constitucionales de las entidades departamentales.
Según la Constitución, la Ley Marco de Autonomías regulará la organización territorial del Estado y el régimen de autonomías, debe ser aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa, antes del 22 de julio. Los Tiempos digital