Cívicas cruceñas instalaron vigilia en protesta por la ley. Tarija y Beni deciden el lunes. «La ley tiene sesgo centralista», dice Juan Del Granado. Potosí logra cambiar la ley marco, pero el paro continúa
Protesta. Pocas personas acompañaron la vigilia cívica en la plaza; al final de la tarde llegó el gobernador Costas
Aideé Rojas C., El Deber
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Asamblea. Las cívicas cruceñas instalaron una vigilia en protesta por la ley marco y el gobernador Rubén Costas se reunió con sus asambleístas. Tarija y Beni deciden el lunes
Mientras la institucionalidad cruceña, beniana y tarijeña se reúne mañana, por separado, para definir medidas de presión contra la Ley Marco de Autonomías que fue aprobada por la Asamblea Plurinacional, los cívicos de Potosí que ingresan al tercer día de ayuno decretaron un paro de actividades para el lunes en rechazo a la norma y exigen al Gobierno central atención a la demanda departamental.
Entre tanto, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, descartó que existan protestas contra la ley marco, aunque dijo que hay algunas manifestaciones aisladas de entidades cívicas y partidarias de la derecha.
Según el cívico potosino Celestino Condori, en esa región hay nueve huelguistas contra la ley masista y no se descarta que el ayuno se extienda a otras provincias. Además de rechazar la ley autonómica, que, según él, divide la integridad territorial de esa región, la medida apunta a exigir que autorice la construcción de carreteras y la preservación del Cerro Rico.
En Santa Cruz un grupo reducido de damas cívicas instaló una vigilia en la plaza 24 de Septiembre en protesta por el rodillo masista y el secretario de Coordinación de la Gobernación, Óscar Ortiz, anunció que en las próximas horas se realizará una ‘cumbre’ para determinar qué acciones seguir para revertir la aprobación de la ley marco. En horas de la mañana, el gobernador Rubén Costas se reunió con sus asambleístas para definir una posición. El senador cruceño, Germán Antelo, adelantó que la oposición planteará un recurso de inconstitucionalidad ante los tribunales nacionales e internacionales porque la ley viola la Constitución.
Por su lado, el secretario de Autonomía de la Gobernación beniana, Mauricio Paz, advirtió que no se descarta iniciar una huelga contra la ley porque no reconoce los estatutos autonómicos, ni se garantiza los recursos económicos para las competencias que asumirá la Gobernación. En Tarija habrá una reunión mañana.
La Cidob pide recursos para sedes y saneamiento de tierras
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) reanudó el diálogo con el Gobierno central e hizo nuevos planteamientos, entre los que pide recursos económicos, la construcción de 34 sedes indígenas y el saneamiento de tierras. Entre tanto, la marcha indígena que viene hacia Santa Cruz con destino a La Paz no salió de la comunidad La Senda, a 25 km de San Ramón, debido a las bajas temperaturas.
Los primeros acercamientos se dieron el viernes y ayer, cuando el líder de la Cidob, Adolfo Chávez, y la dirigencia de la marcha se reunieron con el representante de la Casa Autonómica, Henry Baldelomar. En esa reunión, los indígenas plantearon que el Gobierno destine $us 25 millones, de los cuales cinco serán para atender demandas de la TCO y el saldo para la gestión territorial indígena, programas y proyectos. También piden la compra de inmuebles para las sedes de La Paz y Santa Cruz.
La frustración de la bancada opositora
Notorio fue el descontento y la frustración de asambleístas de Santa Cruz, Tarija y Potosí por la aprobación de la Ley Marco de Autonomías.
El senador cruceño Germán Antelo expresó su preocupación no sólo por la forma en que fue aprobada la norma, sino también porque traerá consecuencias a las regiones cuando se busquen los recursos para asumir una serie de competencias, sobre todo las que tienen que ver con salud y educación.
La diputada opositora Adriana Gil fue más radical cuando advirtió que de aquí en adelante la lucha por la autonomía volverá a las calles, mientras que para la bancada de Tarija, liderada por Adrián Oliva, los problemas a futuro serán considerables; sin embargo, su colega del Chaco, Wilman Cardozo, se declaró satisfecho: “Para arrancar está bien”, dijo.
Otros que se fueron disconformes son los de la bancada de Potosí, incluidos los masistas, que habían pedido reconsiderar los artículos que tienen que ver con las macrorregiones. Una senadora potosina incluso llegó a las lágrimas.
En medio del debate legislativo y de las críticas a la propuesta oficialista, el diputado montereño por el MAS, Edwin Tupa, llegó al extremo de pedir la palabra sólo para exigir suficiente discusión sin hacer ningún aporte a la propuesta. Siguiendo esa acción, el legislador opositor, Tomás Monasterio, no quiso quedarse atrás e imitó a Tupa; sin embargo, la petición del joven cruceño causó risas en el hemiciclo porque nunca esperaban que un opositor pida la suficiente discusión. La cochabambina Norma Piérola también solicitó apurar la sesión en consideración de las personas de la tercera edad.
«La ley tiene sesgo centralista»
Juan Del Granado. Estuvo en Santa Cruz hasta mediados de semana haciendo trabajo político para intentar fortalecer al Movimiento Sin Miedo. Cuestionó al Gobierno porque, según él, está desperdiciando la oportunidad de introducir cambios en el país. Cuestiona el proyecto de ley de autonomías
Leopoldo Vegas, El Deber
– ¿Cómo califica al oficialismo en esta etapa de aprobación de leyes que son consideradas fundamentales?
– El Movimiento Sin Miedo (MSM) observa con preocupación a lo que denomina el inicio de la segunda etapa de cambio y transformación del país, porque no hay una buena conducción gubernamental. En el caso autonómico, específicamente, el Gobierno comenzó mal porque la autonomía no es sólo parte de una reivindicación regional que enarboló Santa Cruz, sino que la autonomía es la parte esencial del nuevo país que está contemplada en la Constitución Política del Estado.
– ¿Qué comenzó mal?
– Empezamos mal por los tres artículos que fueron incluidos impertinentemente en la Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas, que en lugar de facilitar la transición hacia las autonomás la dificultó, con la clara intención de hacer corta la gestión o de evitar que asuman funciones algunos gobernadores y alcaldes opositores al Gobierno. Una vez aprobada la ley, enseguida vino la toma de la Alcaldía de Sucre y la suspensión del burgomaestre Jaime Barrón.
– En su criterio, ¿fue arbitraria o no la destitución del alcalde de Sucre?
– El MSM condenó de la manera más firme la humillación que sufrieron los campesinos en Chuquisaca el 24 de mayo de 2007, y exigió una investigación para identificar a los responsables. Nos alegra que haya investigación, que se establezcan responsabilidades y que el caso esté en manos de un juez, pero no puede ser que una concejala o concejal del MAS, que perdió la elección del 4 de abril, asuma la Alcaldía en sustitución de Barrón. Es inadmisible que la investigación de hechos delictivos, que no pueden quedar en la impunidad, sirva como pretexto para tomar las alcaldías y gobernaciones y poner de manifiesto una contradicción que no puede existir: como es la legitimidad del voto popular y la legalidad del proceso de investigación, que tienen que ser absolutamente de acuerdo a normas. Esto puede ser una práctica peligrosamente desestabilizadora, no sólo de la gobernabilidad democrática sino de la construcción autonómica.
– ¿Cuál es su propuesta?
– El MSM está planteando un capítulo que reglamente la manera de cómo procesar a las autoridades involucradas en delito. No estamos a favor de la impunidad ni estamos de acuerdo con que las autoridades se amparen en sus cargos públicos ni en el voto popular para evitar la justicia, sino planteamos que sea el juez y no un fiscal quien plantee la acusación. Además, que quien asuma el cargo de la autoridad suspendida que sea un concejal o un asambleísta del mismo partido. Hay que buscar un equilibrio entre legitimidad del voto y legalidad del proceso judicial. La toma de la Alcaldía de Sucre es un antecedente peligroso para otros gobiernos municipales y las gobernaciones opositoras.
– ¿Cuál es su criterio sobre el proyecto de ley marco de autonomías?
– La ley de autonomías no es mala en sí misma, sino que hay posiciones extremas de una oposición que no ofrece alternativas. Está claro que tiene sesgo centralista en el aspecto competencial y lo que es peor, tiene una actitud mezquina respecto a los recursos. Se tendría que mantener la lógica de que a más competencia, más dinero.
– Además del sesgo y de la ausencia de recursos para asumir más competencia, ¿tiene otras observaciones?
– Tengo una preocupación por las señales negativas en el proceso legislativo, porque hay proyectos de ley que presentan los miembros del Poder Ejecutivo, incluyendo la de autonomías, totalmente desprolijos, con fallas de redacción, de ortografía y, lo peor, es que no hay escenario de debates, a pesar de que son leyes estructurantes. La Ley del Tribunal Constitucional, del Órgano Electoral y de autonomías, que no hacen un Gobierno sino una visión de concepción estatal no se debaten en el Parlamento, a pesar de que se mencionan mesas de concertación. El MSM presentó 70 observaciones al proyecto de ley de autonomías, pero en la mayoría de los casos no hay debate parlamentario, mucho menos en las comunidades y el Gobierno debería ser el primer interesado en buscar debate en diferentes escenarios, porque son leyes fundamentales para el país.
Perfil
Enjuició a García MezaSe formó como abogado en 1975 en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz. En su época universitaria, fue uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Dirigió el Comité Interfacultativo UMSA, que defiendió la autonomía universitaria durante la dictadura de Hugo Banzer. Trabajó como asesor legal de la COB: fue encarcelado y exiliado por sus actividades políticas. En 1984, comenzó el mayor desa-fío de su vida política y profesional, la acusación en los tribunales del ex dictador Luis García Meza. Del Granado representaba a las familias de las víctimas de la dictadura. El 21 de abril de 1993, y después de nueve años, la Corte Suprema de Justicia declaró culplable a García Meza y emitió la sentencia histórica de 30 años de cárcel por los delitos de asesinato, robo, fraude y subvertir la Constitución. Es miembro de la Comisión Andina de Juristas desde 1996. Fundó el Movimiento Sin Miedo en 1999. Fue alcalde de La Paz.
Potosí logra cambiar la ley marco, pero el paro continúa
Movilización: El paro de actividades convocado para el lunes se mantiene en pie y también la amenaza de un bloqueo de caminos.
Protesta: los dirigentes cívicos mantienen la huelga de hambre
La Prensa
Potosí / El Potosí.- Potosí logró que la Asamblea Legislativa Plurinacional modificara los artículos 17 y 22 de la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez para que, en el primer caso, un conflicto de límites sea resuelto mediante referéndum en municipios de un mismo departamento y, en el segundo, que ya no se cree la macrorregión del sudoeste potosino.
Precisamente, nueve cívicos de esa región se declararon en huelga de hambre el viernes y convocaron a un paro de actividades para el lunes. Sin embargo, a pesar de haber logrado su objetivo, la dirigencia cívica mantiene en pie sus medidas a fin de que se atiendan otras demandas regionales, tal el caso de la preservación del Cerro Rico.
La modificación de los artículos 17 y 22 fue posible gracias a la intervención del senador Eduardo Maldonado y de los diputados Juan Carlos Cejas, Benito Ramos, David Cortés.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan Carlos Cejas, informó que, ante la falta de presencia social potosina para exigir que se modificaran los artículos cuestionados, ellos tuvieron que acudir directamente ante el presidente Evo Morales.
La gestión permitió que se modificara el artículo 17, que establecía el referéndum como mecanismo para superar conflictos de límites interdepartamentales, lo cual sólo se aplicará en los conflictos entre municipios de un mismo departamento.
Con ello, el caso de Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro) se tendrá que resolver en las instancias administrativas actuales y no por la vía de una consulta en las zonas con dificultades.
El artículo 22 referido a la consolidación de cuatro macrorregiones en el país también fue modificado dejando de lado las nominaciones de Chaco, Pantanal, Amazonia y Sudoeste Potosino.
El país podrá establecer macrorregiones pero sólo como instancias de planificación y gestión, sin capacidad deliberativa ni legislativa, lo cual es una garantía para que se preserve la unidad departamental.
Los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) señalaron que, tal como estaba redactado anteriormente, el artículo 22 era la puerta para la división al dejar en manos de grupos de poder la administración de los recursos del oeste potosino, en especial del litio del Salar de Uyuni.
El artículo transitorio sobre el Fondo Compensatorio Departamental, ahora parte del artículo 119 de la ley, señala que será creado con los excedentes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y para su acceso se tomarán en cuenta los criterios de desarrollo humano, lo cual beneficiará a los potosinos pues se respetarán los recursos del IDH para universidades, gobernaciones y municipios y se podrá acceder a más dinero según los índices de pobreza.
El paro se mantiene
Aunque se avanzó en la modificación de la ley de autonomías, el paro cívico programado para mañana se mantiene, anunció ayer el presidente de Comcipo, Celestino Condori.
El dirigente detalló que, si bien el paro tenía el cuestionamiento a la ley como algo central, no fue la única razón de su declaratoria pues también se pide la preservación del Cerro Rico, la instalación de una fábrica de cemento en Coroma y la continuidad de los trabajos de la vía Tarija-Potosí, así como la puesta en marcha del complejo metalúrgico de Karachipampa.
El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio, Godi Gualberto Hochkofler, aseguró que el paro contra la Ley de Autonomías es político. Tildó la medida de contrarrevolucionaria y coincidente con el proceder de la derecha en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Para destacar
Nueve cívicos potosinos iniciaron una huelga de hambre el viernes contra la Ley Marco de Autonomías.
Además convocaron a un paro de 24 horas para el lunes y también a un bloqueo de caminos.
Los parlamentarios de Potosí lograron que los artículos 17 y 22, que eran cuestionados, fuesen modificados.
A pesar de ello, las medidas de protesta se mantienen en pie para lograr la atención de demandas regionales.
Artículos polémicos
Suspensión de autoridades
El artículo 144 dice que los gobernadores, alcaldes y máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejales de las entidades territoriales autónomas podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal.
En el artículo 145 especifica el procedimiento de la suspensión, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos: “Habiendo acusación formal, el fiscal comunicará la suspensión al órgano deliberativo de la Entidad Territorial Autónoma respectiva, el cual dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión temporal de la autoridad acusada designando, al mismo tiempo y en la misma resolución, a quien la reemplazará temporalmente durante su enjuiciamiento”.
Distribución de recursos
Respecto del pacto fiscal, el documento indica que el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas, “elaborarán una propuesta técnica para un pacto fiscal, analizando los costos de recursos propios, en relación con la asignación del ejercicio efectivos de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado. La propuesta deberá apegarse a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado, considerando también las necesidades económicas y sociales, diferenciadas entre departamentos”.
En su segundo parágrafo sostiene que en un plazo no mayor a seis meses, después de publicados los resultados oficiales del nuevo censo de población y vivienda, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomía, para que se desarrolle un proceso de concertación nacional y regional, paso previo a cualquier tratamiento, por las vías legislativas que corresponden.
Estatutos autonómicos
El artículo 61, referido a los Estatutos y Cartas Orgánicas, sostiene que el estatuto autonómico departamental entrará en vigencia para los departamentos que optaron por la autonomía en el referéndum del 6 de diciembre de 2009. Agrega que la Asamblea Departamental elaborará y aprobará el documento por dos tercios del total de sus miembros, se sujeta a control de constitucionalidad y se somete a referéndum aprobatorio en los cinco departamentos (La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba).
En los departamentos que accedieron a la autonomía en el referéndum de 2006 (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), la Asamblea Departamental deberá adecuar sus estatutos a la Constitución Política del Estado por dos tercios del total de sus miembros y someterlos a control de constitucionalidad.