Daniel A. Pasquier Rivero
La CPE choca con la realidad boliviana. Para muchos el aprobar la CPE significaba cerrar un capítulo que había alcanzado alto nivel de violencia en el país: choque abierto por interpretaciones distintas sobre lo que había sido Bolivia, el resultado y, sobre todo, el proyecto a futuro. No se consiguió “lo deseable”, una constitución de consenso donde todos se encontraran representados e interpretados; se pensó al menos en una CPE con acuerdos mínimos para abrir un espacio a la paz y el progreso, con integración y justicia para todo “el pueblo boliviano”. La realidad nos muestra día a día que no ha sido así.
El Artículo 3 de la CPE, ¿será el origen del problema? La pluralidad del pueblo boliviano fue reconocida, pero a los promotores de la nueva Constitución, no les fue suficiente con definir “la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas”, sino que se metieron a enumerar específicamente algunos de los que tenían más llegada al gobierno, algo incorrecto técnicamente pero con una lógica política por fundamento. Así, se introdujeron elementos discriminatorios y excluyentes, favoreciendo a unos, disminuyendo valores y derechos a otros; se volvía a cometer el mismo vicio que desde el principio se intentaba corregir. Esta literal discriminación habría de traducirse en la confusa definición de Bolivia como “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Se requerirán años para habituarse al léxico, y más aún para que los autores de estas innovaciones lo expliquen y convenzan, ¿lo conseguirán, es una incógnita? Por ahora bien se puede repetir “en el principio fue el caos”, porque tras la definición vienen las reivindicaciones, de los privilegiados por delante, pero después vendrán sin duda la de todos los marginados. Cada parcialidad con su propia interpretación y con sus exigencias: campesino vs citadino, originario vs intercultural, indígena vs mestizo, naciones vs pueblos, nación vs región, quechua vs aymara, andinos vs orientales, yuracaré vs mojeño, y así hasta lanzar al pobre contra el rico, lo público contra lo privado y, por qué no, al ñato contra el narigón.
El gobierno confunde el tratamiento de la pluralidad y del pluralismo. El reconocimiento constitucional de una realidad, la composición plural de la población boliviana, no es suficiente para garantizar el pluralismo inherente que debe proyectarse a todo orden en la vida de la nación. La diversidad físico biológica manifiesta en la pluralidad nacional hace imposible su homogeneidad (intento repetido en la historia por las variantes del totalitarismo dogmático, como el nazismo), pero eso no frena a los teóricos de este gobierno a intentar la imposición del pensamiento único, la homogeneidad contra “el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico” declarado en el Art. 1 de la CPE. El endurecimiento de todos los resortes del Estado para controlar la aparición del pensamiento disidente “corruptor”, en general calificado de “contrarrevolucionario”.
Pero mientras el gobierno malgasta su energía en mantener la confrontación, el país se queja de la falta de una mejor administración del Estado. Han pasado más de cuatro años y son más las promesas que los logros. No es mérito ni motivo de orgullo que nos identifiquen, nuevamente, como potencia en el mundo ilegal de la producción y tráfico de drogas, aunque los montos han superado record históricos, así como el número de regiones y comunidades involucradas: al norte los Yungas, al centro Chapare y la región de Vinto, al este Yapacaní y San Julián hasta la Chiquitania, y todo el occidente comprometido, de El Alto a los Ayllus de Potosí. ¿No se puede hacer algo con los ingresos por la minería estatal y privada, la exportación de gas a Brasil y Argentina, y los aportes significativos de la exportación no tradicional? Son miles de millones de dólares que no se traducen en obras: mejorar caminos (desde el Alto Beni, La Paz, a las abandonadas regiones del Chaco boliviano; ¿alguien hizo Villazón-Tarija?). Las carencias son vergonzosas; es un olvido apátrida. Escasa inversión pública en la industrialización de los recursos naturales, tampoco la hay privada, por falta de garantías jurídicas, al punto que se está generando un movimiento ciudadano reclamando “Reglas Claras”. Que el Presidente se desplace miles de kilómetros para entregar tres tractores es ridículo, aunque tuvo el tino de no llegar a esos pobres pueblos en su flamante avión, con valor equivalente a unos 3.000 tractores, sin incluir los costos de mantenimiento.
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Todavía hay oportunidades, pero no van a durar por siempre. ¿Exportar gas a Uruguay, sin cumplir a los clientes asegurados? Tarija tiene los recursos naturales, está a pocos kilómetros de la frontera del gigante mercado argentino, tanto para el gas como para los productos industriales derivados del gas boliviano. Las regiones pueden conseguir recursos económicos por su cuenta, pero el centralismo se empeña en hacernos socio vitalicio del club de la pobreza. No importa de quién dependa, pero que arranque Mutún, lo necesitan los porteños, lo necesita el país. En pocos años Puerto Suárez puede ser la “nueva región integrada” cruceña, donde cambas, collas y chapacos encuentren las bases para su progreso material y cultural. Cada nacionalización ha costado deterioro de los servicios, ahuyentar inversiones, pagar costosos pleitos y arbitrajes: tarde o temprano, multimillonarias compensaciones. Lo peor de todo, frustrar las esperanzas a nuestros pueblos.
Hay que superar polémicas estériles, sin convertirse en funcionales a nadie. Por el bien de todos, hay que ponerse a trabajar. El avasallamiento de domicilios, la falta de garantías individuales, el confinamiento con fines de control político es un camino trillado y fallido aquí y en todas partes. El Estado es una realidad plural y la CPE consagra el pluralismo. ¡Cúmplase!