Costas dice que lo quieren en San Pedro. Asegura que el Gobierno quiere llevarlo a la cárcel de La Paz. El Gobernador cruceño declaró ayer en el caso de presunta compra ilegal de 40 vehículos, la Fiscalía decidió que las pruebas de cargo y descargo sean revisadas por un auditor. El informe del perito definirá si se imputa o no a la autoridad.
En la conferencia. El gobernador Rubén Costas (izq.), junto a funcionarios de la Gobernación, habló del proceso en su contra.
Yandira Toledo – Santa Cruz, La Razón
Fiscalía: Informe de auditoría definirá la suerte de Costas
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Luego de recibir por tres horas declaraciones del gobernador Rubén Costas en el caso de presunta compra ilegal de 40 vehículos, la Fiscalía decidió que las pruebas de cargo y descargo sean revisadas por un auditor. El informe del perito definirá si se imputa o no a la autoridad.
El Gobernador de Santa Cruz aseguró que la compra del lote de motorizados en su condición de prefecto, el 2007, se ajustó a las normas y procedimientos de ley, por lo que calificó de político el proceso judicial en su contra.
La Contraloría del Estado denunció ante la Fiscalía la compra irregular de 40 camionetas Nissan, por valor de 6.320.000 de bolivianos. La demanda refiere que la adquisición no fue presupuestada y que se usó dineros del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que no son para esas compras.
La fiscal del caso, Carla Barrón, informó de que, además de Costas, declararon la directora Administrativa, Miriam Cecilia Limpias; el director de Presupuesto, Fernando Soria Galvarro; el secretario de Hacienda, José Luis Parada, y el secretario General de la Gobernación, Rolando Aguilera.
La Contraloría presentó “dos legajos ampulosos de documentos que respaldan la sindicación y la empresa Nibol (que vendió los vehículos) también hizo llegar los documentos de la venta, pero ningún funcionario de la Gobernación presentó documentos de descargo”, informó la fiscal.
No obstante, explicó que estos documentos y los descargos que presente la Gobernación serán revisados por un auditor, quien en 40 días elaborará un informe en el que se establecerá si se actuó o no conforme a la ley.
“Se trata de términos muy técnicos; análisis financieros, partidas presupuestarias, decretos específicos, programas internacionales. Se necesita apoyo específico y, una vez que tengamos esta información, veremos qué se determina”, anunció Barrón.
Las declaraciones del gobernador se extendieron por cerca de tres horas, al cabo de las cuales, en contacto con la prensa, insistió en que la compra se sujeta a las normas legales. Es acusado por malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica; delitos que tienen condenas de hasta 8 años.
“Hay una ley (el 2007), donde declara la emergencia y permite que se utilice el uno por ciento del presupuesto; el tema de seguridad ciudadana que está contemplado por el IDH no es sólo Policía, ni es solamente cárceles, es proteger ciudades enteras, como la construcción de defensivos para prevenir inundaciones”, justificó Costas.
Añadió que las camionetas fueron acondicionadas para ayudar en situaciones de desastres. El Consejo Departamental aprobó la compra, afirmó.
Proceso por la consulta autonómica
El gobernador Rubén Costas enfrenta otro proceso legal por el uso de recursos públicos en el referéndum sobre los estatutos autonómicos. El vicepresidente, Álvaro García, y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, también lo acusan por desacato.
Costas dice que lo quieren en San Pedro
El Gobernador cruceño declaró ayer ante la Fiscalía por la compra de 40 camionetas con un dinero destinado a seguridad ciudadana. Dijo que el Gobierno quiere llevarlo a la cárcel de La Paz.
El Día
Por dos horas el gobernador cruceño Rubén Costas declaró ayer ante la Fiscalía por la compra de 40 camionetas con el IDH, dinero destinado a seguridad ciudadana y adelantó que la intención del Gobierno es llevarlo a la cárcel de La Paz.
“Van buscando mi desgaste para que cuando puedan alzadingo me lleven a (la cárcel de) San Pedro”, reveló el gobernador cruceño al salir de las oficinas de la fiscal Karla Barroso, alertando que se trata de uno de los muchos juicios políticos que el Gobierno le está iniciando.
Costas, quien llegó acompañado de dos abogados, uno de ellos el secretario de Gobierno, Vladimir Peña, sostuvo que el Gobierno no lo lleva preso porque tiene la arma más poderosa, que es el voto del pueblo, que lo apoyó en las últimas elecciones departamentales con más del 50%.
DEFENSA. Costas se defendió argumentando que la compra en el 2007 de las 40 camionetas Frontier doble cabina, que además se trasformaron a gas, con un costo de Bs 6 millones fueron destinadas a la emergencia de desastre natural y que el gasto estaba aprobado en la Ley Financial y por el mismo Gobierno, cuando se firmó con el viceministerio de Inversión Pública el convenio con las Naciones Unidas, organismo que realizó la licitación por intermedio del programa PNUD.
Seis de los vehículos se entregó a la policía, otros 15 a cada una de las provincias y las restantes a las diferentes secretarías.
acusación. La fiscal Barroso explicó que la Contraloría denunció malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica en la compra de estas camionetas, por haber gastado dinero del IDH destinado a seguridad ciudadana y haberla utilizado en otra área. Añadió que los acusados tienen 40 días para presentar las pruebas y los informes.
El secretario general, Roly Aguilera; el de Hacienda, José Luis Parada; la directora financiera, Miriam Limpias y el director de presupuesto, Fernando Soria Galvarro, también declararon.
Chávez enfrenta otra cautelar
El alcalde de Buena Vista, Bladimir Chávez, otra vez estará frente al juez cautelar, acusado está vez de malversación fondos en la construcción de un coliseo.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Álvaro La Torre, explicó que la cautelar se realizará hoy desde las 9.00 en Portachuelo.
Chávez ya enfrentó dos audiencias cautelares por denuncias del ex candidato del MAS a la Alcaldía de este municipio que acusó de acarreo de votantes y utilización de camionetas de la Alcaldía en las elecciones de abril, donde salió reelecto. En este proceso terminó con detención preventiva y pagando una fianza.
procesos
1 • Costas enfrenta dos procesos por administrar el referéndum por los Estatutos Autonómicos. Uno investigado en Santa Cruz y otro por la Fiscalía General en Sucre. Ya tiene imputación y quedó con fianza y arraigo.
2 • El vicepresidente Álvaro García Linera y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, denunciaron a Costas por desacato al relacionarlos con el narcotráfico y corrupción.
3 • Denuncia por la Contraloría contra el Gobernador por la malversación de fondos en la compra de 40 camionetas.
Fiscalía da plazo a Costas para ofrecer descargo
Caso. La compra de 40 camionetas es observada por la Contraloría
Freddy Lacio F. El Deber
La Fiscalía dio un plazo de 40 días para que cinco funcionarios de la Gobernación -entre ellos el gobernador Rubén Costas- presenten las pruebas de descargo sobre la presunta compra irregular de 40 camionetas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en 2007.
Ayer, entre las 15:30 y 17:00, Costas estuvo delante de la fiscal de Materia Carla Barrón, responsable de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público en Santa Cruz.
La autoridad departamental fue la última en ser interrogada sobre el caso. En horas de la mañana prestaron declaraciones el secretario de Hacienda, José Luis Parada, y el secretario general, Roly Aguilera. Anteriormente se presentaron Fernando Soria Galvarro Bort, director de Presupuesto, y la directora administrativa Cecilia Limpias Torres.
Los cinco son acusados por la Contraloría por los delitos de malversación, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por la compra de 40 camionetas con recursos no presupuestados para ello.
“Ha sido una declaración para aclarar y demostrar la transparencia, austeridad y responsabilidad con que nos manejamos. Sabemos que esto es un juicio político y que vienen muchos más”, indicó Costas, a tiempo de ratificar que los vehículos fueron adquiridos para luchar contra los desastres naturales en la gestión 2007.
A su vez, Roly Aguilera cuestionó la acusación de la Contraloría por la compra de motorizados que hizo la Prefectura, pero, sin embargo, no se pronuncia por la adquisición del avión presidencial “que sobrepasó todos los pasos legales”, indicó la autoridad.