“Traidor”. Eso le gritaron a Boris Quisbert, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, por participar en la reglamentación de la polémica ley antirracismo que en dos artículos ordena el cierra de medios y cárcel para los periodistas. La SIP envía una misión de alto nivel.
Tan sólo empleados públicos, periodistas de medios comunitarios y dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz participan en la reglamentación de los dos “artículos mordaza” de la Ley Contra el Racismo, que ayer comenzó bajo la dirección del ministro de la Presidencia, Óscar Coca. 
Protesta: periodistas de La Paz, anoche, en vigilia ante la Vicepresidencia
La Prensa
Reglamentan la mordaza sin los principales gremios periodísticos
Protestas: Periodistas realizaron una vigilia a la puerta de la Vicepresidencia para expresar su defensa de la libertad de expresión.
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Tan sólo empleados públicos, periodistas de medios comunitarios y dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz participan en la reglamentación de los dos “artículos mordaza” de la Ley Contra el Racismo, que ayer comenzó bajo la dirección del ministro de la Presidencia, Óscar Coca.
A la cita asistió la denominada Red de Comunicadores Alternativos con Voz Propia de Cochabamba, liderada por José Luis Colque, director de radio Kausachun Coca, perteneciente a las Seis Federaciones del Trópico cochabambino.
Colque; Milton Martínez, de la Red Onda Local, de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), controlada por el oficialismo, y Susana Pacara, de radio Lachihuana, de la oficialista Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, hicieron el anuncio correspondiente el miércoles.
Aparte de ellos participan la no oficialista Red Erbol, los medios gubernamentales y algunos relacionistas del Estado, además del Defensor del Pueblo, organismos de derechos humanos, dirigentes sociales y los gobernadores masistas de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, a la par de asambleístas departamentales.
A través de un comunicado, dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz acudieron al evento por decisión de su Directorio, aunque no consultó sobre ello sus bases. Es la organización sindical del gremio periodístico que concurre al debate en la Vicepresidencia, liderada por su ejecutivo Boris Quisberth.
La Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia desecharon su participación porque ella validaría la polémica norma aprobada por el Gobierno.
Los dirigentes de estos organismos reiteraron que no se oponen a una ley contra el racismo y la discriminación, pero rechazan que se conculquen con ella las libertades de expresión y prensa.
El acto comenzó ayer a las 17.00 y desde las 19.30 más de medio centenar de periodistas cumplieron una vigilia a la puerta de la Vicepresidencia, sin obstruir el paso de vehículos o de personas en la esquina de las calles Mercado y Ayacucho.
Los asistentes entonaron cánticos y lanzaron consignas contra los “artículos mordaza” y a favor de los derechos consagrados en la Constitución Política.
La SIP envía una misión de alto nivel
Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), informó que una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitará territorio boliviano el lunes 18 con la finalidad de entrevistarse con el Presidente del Estado, a quien planteará su inquietud porque dos artículos de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación conculcan la libertad de expresión.
El grupo será dirigido por el presidente del Instituto de Prensa de la SIP y director del diario La República de la capital peruana, Lima, Gustavo Mohme, en compañía del vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, y el director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti.
De acuerdo con la información proveída por Zeballos, los comisionados “están viniendo para reforzar los pedidos que se han hecho para que se modifique la ley”.
La ANP solicitó ya una audiencia a la Presidencia del Estado y, posteriormente, se reunirá con dirigentes de las organizaciones empresariales, profesionales y sindicales del periodismo boliviano para intercambiar ideas sobre los alcances de la nueva norma y los peligros que implica para el ejercicio periodístico.
Un trabajador alteño despedido
El periodista alteño Leonardo Ibarra fue despedido ayer de su fuente de trabajo en la radio Fejuve, que opera en esa ciudad, a causa de presiones recibidas por el director de ese medio, denunció ayer el afectado.
“El compañero Samuel Ríos, director de la emisora, fue presionado. Me llamó esta mañana (ayer) acongojado y me dice textualmente: ‘La situación está jodida. Compañero, me están amenazando. Dicen que quemarán y destruirán la radio si es que no te saco’”, señaló Ibarra.
El testimonio del afectado fue recogido ayer por la red televisiva ATB mientras éste retiraba sus efectos personales de la radioemisora.
Ibarra se declaró en huelga de hambre contra los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que conculcan las libertades de prensa y expresión, y posteriormente dirigió una campaña para reunir firmas de adhesión a la iniciativa legislativa ciudadana propuesta por los periodistas de todo el país.
El comunicador aseguró que, al cabo de dos días de labor, 460 personas residentes en la ciudad de El Alto estamparon sus correspondientes rúbricas para expresar su apoyo a la actividad del sector.
“Si es un delito decir lo que se piensa, entonces, compañeras y compañeros, ¿para qué se piensa?”, preguntó el radialista, quien aclaró que no responsabiliza de su despido al director de la estación radial, Samuel Ríos, a quien calificó “de un alteño que merece todo mi respeto”.
Ibarra es secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de El Alto, en tanto que radio Fejuve emite sus programas en los 87,5 megaciclos de frecuencia modulada. Está identificada con las juntas vecinales de El Alto.
Defensor pide “despolitizar” el tratamiento de la norma
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió el jueves “despolitizar” la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación para conjurar toda duda sobre la vigencia de la libertad de expresión en la reglamentación de esa norma, que comenzó ayer en La Paz.
Villena, quien participa en los debates para reglamentar la norma, manifestó ayer: “Esta ley tiene un alto grado de politización. Tenemos que despolitizar la ley para que sea representativa y, además, para que recoja las aspiraciones de lo que como bolivianos estamos esperando, la construcción de un Estado sin racismo y sin discriminación”.
Subrayó: “Estoy viniendo a avalar la importancia que tiene la Ley Contra el Racismo y la Discriminación (…) Estamos soslayando el tema que es central. Una vez que aceptemos esto, que somos un país racista, tenemos que revertir esta situación”. Sin embargo, no mencionó que las organizaciones periodísticas no se oponen a la ley, sino a dos artículos específicos, el 16 y 23.
Para destacar
Enrique Reina, representante de la OEA en Bolivia, manifestó ayer que en el país hay libertad de expresión.
El diplomático instó a los periodistas a levantar las huelgas de hambre y participar en la reglamentación de la ley.
El secretario ejecutivo de la Federación de La Paz, Boris Quisberth, denunció haber sido maltratado por periodistas.
Sindicatos de medios desconocieron a Quisberth por su decisión de participar en la reglamentación de la ley mordaza.
El Gobierno y sus aliados reglamentan polémica Ley
Con la ausencia de representantes de la prensa y de los medios de comunicación, el Ministro de Gobierno y los medios alternativos del Estado iniciaron ayer la elaboración del reglamento de la Ley contra el Racismo. La recolección de firmas y el ayuno suman y siguen en el país. 
EL DÍA, 15 de Octubre, 2010
“Traidor”. Eso le gritaron a Boris Quisbert, presidente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, cuando ingresaba anoche a la Vicepresidencia de la República para participar en la reglamentación de la polémica ley antirracismo que en dos artículos ordena el cierra de medios y cárcel para los informadores.
Quisbert dijo no haber escuchado nada y justificó su posición de asistir al encuentro “fiel a sus principios” y negó ser uno de los afines a la línea política del Gobierno del presidente Evo Morales.
Sin embargo, el presidente de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, dijo que Quisbert se ha desmarcado de su sector desde hace seis años y por eso fue expulsado y ahora ha tomado partido por la línea política del Gobierno.
PROHIBICIÓN. En el tratamiento de la reglamentación se prohibió la estadía de camarógrafos y periodistas para hacer el seguimiento respectivo de este hecho noticioso después de la inauguración a cargo de los ministros, de la Presidencia Óscar Coca y de Justicia Nilda Copa.
Mientras tanto, en las afueras de la Vicepresidencia del Estado, donde se trataba la reglamentación, un grupo numeroso de periodistas de diferentes medios de comunicación se dieron cita con velas, en una protesta pacífica simbolizando el velorio de la libertad de prensa y expresión y donde se decidió desconocer definitivamente al dirigente Boris Quisbert, ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.
“Es un encuentro solamente con su prensa, los verdaderos periodistas estamos acá”, gritó una de las reporteras en protesta porque no los dejaron ingresar.
Rechazo. En la víspera Pedro Glasinovic, de la Asociación de Periodistas de La Paz; Raúl Novillo, de la Asociación de Radiodifusoras; Ronald Grebe, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia; y Pablo Zenteno, de la Confederación Sindical de Periodistas de Bolivia, enviaron una carta a Coca agradeciendo la invitación y anunciando que no asistirían al encuentro porque anteriormente tampoco fueron citados durante la elaboración de esa norma.
Al finalizar, el ministro Coca informó que acordaron realizar talleres departamentales y socializar la norma que no viola la libertad de expresión como afirman.
Los medios se ‘autocensuran’
Aunque la ley no ha sido reglamentada, algunos medios comenzaron a "autocensurarse", al limitar, por ejemplo, la participación de la gente en los foros de opinión de los diarios digitales.
Precisamente los artículos cuestionados, el 16 habla del cierre de medios de comunicación que promuevan o autoricen el racismo, mientras que el 23 manda a la cárcel con penas de 3 a 7 años a periodistas que incurran en algún tipo delictivo, sin pasar por los tribunales de imprenta como señala la actual Ley de Imprenta en vigencia.
Algunos canales de televisión reconocieron tener cuidado con los programas al vivo precisamente por temor al castigo.
El ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Daniel Castro, dijo que la pregunta del millón es quién va a conformar el comité antirracismo porque si siguen los lineamientos de la ley aprobada solamente serán movimientos sociales afines al Gobierno y ningún periodista siendo que se habla de cerrar medios de comunicación.
LAS FRASES
“La reglamentación sólo fijará el grosor de la soga con la que ahorcarán a los periodistas”
Germán Antelo, senador
“Quién va a ser el que califique qué es racismo y qué no, los afines al mismo Gobierno”
Daniel Castro, periodista
“Si nos mandan callar a los periodistas las piedras van a hablar, dijo Jesucristo”
Gary Áñez, periodista
La SIP llega a Bolivia para hablar con Evo
Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitará La Paz la próxima semana para expresar al presidente Evo Morales, sus inquietudes sobre una nueva ley antirracista que critican numerosos medios y periodistas por considerar que dos artículos amenazan la libertad de expresión.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, Juan Javier Zeballos, dijo ayer que la misión llegará a La Paz el lunes 18, encabezada por el presidente del Instituto de Prensa de la SIP y director del diario La República de Lima, Gustavo Mohme.
Los delegados de la SIP "están viniendo para reforzar los pedidos que se han hecho para que se modifique la ley", dijo Zeballos.
Junto a Mohme, llegarán el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, y el director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti.
La delegación pidió una audiencia con Morales y también con las asociaciones bolivianas de medios y periodistas, parlamentarios y con representantes de la Iglesia católica. /EFE