Karen ArauzEstamos viviendo una época insólita e inédita. La Constitución Política del Estado -con todos sus bemoles- se supone debe ser medianamente reconocida como la Ley de Leyes y admitir poca discusión. Aceptada por muchos y criticada por otros es la norma que, hasta ahora, nos daba cierto concepto de Nación. Su desacato ha dado origen a muchos juicios de responsabilidades de mandatarios de toda laya.Estaba ahí, existía y como tal debía ser acatada. Incluso las leyes que emanaban del siempre cuestionado Parlamento, tenían la fuerza de lo ineludible. Los pactos para la gobernabilidad entre tres o más fuerzas políticas, marcaban la agenda legislativa. Hoy existe una sola visión y nada de lo que se pueda argumentar, cambia un ápice los planes de cooptación del Estado. Las leyes que se están promulgando profusamente, tienen un componente penalizador muy marcado, convirtiéndonos en un Estado represor que debilita la democracia.En la República, cambiar el contenido de una ley no era asunto fácil. Pero llegó el tiempo del cambio y con él, el de la liviandad. Es mediante la reglamentación, que se supone es la parte operativa y el lado práctico para su aplicación, que se le da una vuelta de rosca a la ley. La reglamentación se pretende como un instrumento de manipulación que direccione la posición a un terreno más cómodo y manejable a los fines del gobierno.El “yo le meto nomás y después que vengan los abogados y lo arreglen” ha tomado una significancia enorme a partir de la última Ley Corta (corta de transparencia) referida al TIPNIS. La construcción de esta carretera del Chapare a San Ignacio de Moxos pasando por el medio del Isiboro Sécure, es un proyecto de décadas y el rechazo por parte de los habitantes del Parque, siempre fue respetado por todos los gobiernos precedentes incluidos los neoliberales y las dictaduras.La recepción que La Paz les brindó a los marchistas, obligó a Morales Ayma a utilizar el “metámosle y después lo arreglamos”. Astutamente, se aferraron al “intangible” introducido con honestidad por los indígenas. Aprobaron la suspensión de la carretera a cambio del término con la agilidad necesaria, porque habían descubrieron que les habían regalado en bandeja de plata, un dudoso comodín. Seguramente hoy ríen y se consideran vivísimos por el beneficio que les redunda el error de buena fe cometido por otros. La honestidad les está costando caro a los indígenas de tierras bajas. Les faltó la experiencia que enseña a desconfiar de la limosna cuando es excesiva. Al igual que los ladrones, parece que los honestos juzgan a todos iguales a su condición. La presión con que la marcha sometió al gobierno, luego del desmadre que significó la intervención de tan mala resolución -peor explicación- y coronada por la gigantesca demostración de identificación de ciudadanos comunes, encontró en la “intangibilidad” la vía de resarcimiento que necesitaba su soberbia y su autoritarismo. Las huestes cocaleras son por supuesto, el brazo operativo del desquite. ¿En qué beneficiaría a los productores de coca una carretera al oriente donde el consumo de coca es inexistente, sino fuera sólo para la expansión de la frontera agrícola que amplíe su producción ad infinitum? El casual descubrimiento de una gigantesca fábrica de elaboración de cocaína en el TIPNIS cuando la marcha arribaba a La Paz, fue rápidamente minimizada. Resulta extraño que Quintana, quien funge de experto en territorios lejanos y su posible lucro, dicte una cátedra sobre extracción de madera, o cómo unos cuantos turistas destrozan el Parque al caminar mochila al hombro. La explotación de madera en el TIPNIS ha recibido siempre certificación internacional de ejemplar manejo del bosque. El asentamiento de cocaleros con su implacable vocación depredadora, más la industrialización de su materia prima por parte de los narcos, ha escapado convenientemente al ojo biónico de Quintana. Lo que no escapa a los ojos de los demás, es que es suficiente recurrir a las imágenes satelitales de Google Earth para identificar hasta dónde las tierras son colonizadas por los cocaleros y dónde es que habitan los indígenas.Me vagabundea por la mente, una asociación -por decir lo menos- rara. La OAS –inexplicablemente- construye una carretera en su tramo uno y tres, sin contar ni con diseño final -ni como manda la CPE- con la consulta y aprobación previa de los dueños del territorio. Es probable que lo que pretendían era aplicar física cuántica y usar la teletransportación de un extremo a otro de los tramos. No hay una explicación medianamente coherente sobre por qué Brasil financia un legalmente dudoso proyecto de cientos de millones de dólares, que todos los bolivianos tendremos que pagar. Los constantes anuncios de nuevas imposiciones están causando un incómodo nuevo sarpullido en la piel de la población, que puede terminar de despertar el principio de defensa ante el atropello y la opresión.