El Defensor del Pueblo presentó este jueves el Informe de Conflictividad en Bolivia, correspondiente al primer trimestre de 2024.
Fuente: UCOM/DPB
La autoridad destacó que el aporte de este documento será el de contribuir a la generación de espacios de diálogo y reconstrucción de la convivencia pacífica.
“Este informe fundamentalmente quiere contribuir a generar espacios de reflexión, de diálogo, espacios que nos permitan reconstruir la convivencia entre bolivianas y bolivianos”, señaló Callisaya, ante la nutrida presencia de medios de comunicación.
El Informe de Conflictividad en Bolivia fue elaborado gracias a los datos y estadísticas proporcionados por el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) de la Defensoría del Pueblo, un mecanismo tecnológico e innovador implementado para generar seguimiento y alertas tempranas de conflictos.
“Monitorear la conflictividad en nuestro país tiene una alta importancia porque nos permite, no solo saber la cantidad de conflictos que se desarrollan en un determinado periodo, sino que nos permiten instar al Estado, a las instancias competentes acciones conducentes a solucionar esta conflictividad”, remarcó el Defensor del Pueblo.
La autoridad remarcó que estos escenarios de conflictividad confluyen a generar una alta potencialidad de vulneración de los derechos humanos.
El reporte correspondiente al primer trimestre de 2024 señala que se suscitaron 103 conflictos, en cuyo contexto se produjeron al menos 94 vulneraciones a los derechos humanos.
De acuerdo al detalle publicado en el informe defensorial, se registraron 39 vulneraciones del derecho al empleo y al trabajo; ocho del derecho a la educación; seis vulneraciones del derecho al medioambiente; seis del derecho a la salud y acceso a la salud; seis del derecho a la infraestructura del transporte; seis del derecho a la infraestructura urbana; cinco vulneraciones del derecho a contar con infraestructura de servicio; cinco del derecho al acceso a la justicia; cuatro del derecho político; tres vulneraciones del derecho a una jurisdicción de entidad territorial autónoma; tres del derecho al acceso al agua potable; y tres del derecho al acceso a la electricidad.
La mayor parte de conflictos reportados se produjeron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, con 18 y 17 hechos de conflictividad respectivamente, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, ambos con 16 y Cochabamba con 15, señala el informe.
Los hechos de conflictividad en las regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión, como es el caso de los bloqueos de carreteras en el mes de enero, debido a la demanda de elecciones judiciales y la exigencia de renuncia por la prórroga de autoridades judiciales, teniendo como epicentro principal al departamento de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.
Se prevé que el reporte del segundo trimestre del 2024 informará sobre el curso de estos hechos de conflictividad y los nuevos que vayan a presentarse.