El dictamen N° 859 alcanza a una veintena de exautoridades y funcionarios de la Asamblea Regional del Chaco que percibieron el beneficio pese a trabajar fuera del radio de 50 kilómetros
Fuente: El País.bo
El denominado “bono frontera” vuelve al centro del debate público en la región del Chaco tarijeño, esta vez por un dictamen de la Contraloría General del Estado (CGE) que instruye la devolución de aproximadamente 1,5 millones de bolivianos por parte de exasambleístas regionales y exfuncionarios. Esto se suma otro frente judicial abierto en Yacuiba, donde exconcejales reclaman el pago de este mismo beneficio, configurando un conflicto de larga data con implicaciones económicas y legales.
El dictamen de la Contraloría
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La reciente notificación de la CGE a la Asamblea Regional del Chaco establece responsabilidad civil por el cobro irregular del bono frontera durante el periodo 2017-2021. El dictamen —identificado como el N° 859— alcanza a nueve exasambleístas regionales y a otros 12 exfuncionarios, quienes deberán devolver los recursos de manera solidaria, según informó el exasesor de la Asamblea Regional, Gilmar Pairema León.
Mencionó que la resolución concluye que estos pagos no correspondían conforme a la normativa vigente, por lo que se considera un daño económico al Estado.
“El dictamen establece claramente que hubo un uso indebido de recursos públicos y que estos deben ser restituidos”, manifestó Pairema a los medios de comunicación del Chaco, al detallar que ahora corresponde a la Asamblea Regional activar los mecanismos para recuperar el monto observado.
¿Quién tiene derecho al bono?
El eje del conflicto radica en la interpretación del alcance del bono frontera, establecido en el Decreto Supremo 21137. Esta normativa dispone que el beneficio —equivalente al 20% del salario básico— corresponde únicamente a funcionarios que desempeñan funciones dentro de los 50 kilómetros lineales de frontera.
Sin embargo, la controversia surge porque la sede de la Asamblea Regional del Chaco se encuentra en Villa Montes, a unos 87 kilómetros de la frontera internacional, lo que, según el dictamen, invalida el derecho al cobro de este beneficio.
Pairema sostiene que la institución interpretó de manera errónea la norma, al considerar el “área de trabajo” y no el “lugar de funciones” como criterio para acceder al bono. Aunque existan oficinas en Yacuiba y Caraparí, estas —según el análisis— no constituyen sedes permanentes.
Responsabilidad compartida
El carácter solidario de la responsabilidad implica que todos los involucrados deberán responder de manera conjunta por la devolución de los recursos. Esto abre un escenario complejo, tanto administrativo como judicial, para exautoridades y exfuncionarios.
Además, el exasesor advirtió que la situación podría replicarse con actuales autoridades regionales, ya que —según indicó— pese a observaciones previas de la Contraloría, el bono habría continuado pagándose durante cinco meses adicionales.
El otro frente: la demanda en Yacuiba
Mientras la Contraloría exige devoluciones en el ámbito regional, en el municipio de Yacuiba se desarrolla un proceso judicial con un enfoque opuesto. Un grupo de al menos 20 exconcejales reclama el pago del bono frontera, argumentando que sí les corresponde por desempeñar funciones en zona limítrofe.
La demanda, que incluye también el pago de vacaciones adeudadas, asciende a más de 3,5 millones de bolivianos y se encuentra actualmente en etapa de apelación en la ciudad de Tarija.
Desde el Gobierno Municipal y el Concejo, la postura es de rechazo. Argumentan que no existen condiciones económicas para asumir ese pago y cuestionan que las exautoridades no hayan previsto este beneficio dentro de sus propias gestiones.
Ambos casos —la devolución ordenada por la Contraloría y la demanda de exconcejales— reflejan las contradicciones en la aplicación del bono frontera, así como vacíos interpretativos que han derivado en conflictos legales. Por un lado, el Estado busca recuperar recursos considerados indebidamente percibidos; por otro, exautoridades exigen el reconocimiento de un derecho que consideran legítimo.
Fuente: El País.bo