Hoy, como flamante ministro de Trabajo del Gobierno de Rodrigo Paz, la pregunta resuena: ¿debería retomar su propia propuesta?
eju.tv / Video: Erbol
En enero de 2024, antes de ser ministro, el abogado constitucionalista Williams Bascopé presentó ante la Vicepresidencia del Estado un proyecto de ley para prohibir el bloqueo de caminos y sancionar a los responsables con penas de hasta 20 años de prisión. En medio de una crisis nacional por protestas afines al expresidente Evo Morales, el jurista criticó la inacción de los asambleístas oficialistas y opositores frente a las medidas de presión que afectaban la libre transitabilidad. Hoy, como flamante ministro de Trabajo del Gobierno de Rodrigo Paz, la pregunta resuena: ¿debería retomar su propia propuesta?
“Esta ley sanciona a todo aquel ciudadano, dirigente sindical y organización social; si las agravantes son uso de dinamita y otros objetos, debe ser procesado por el delito de terrorismo. (…) Hay bloqueo de caminos, se está bloqueando a otras personas en su derecho a la libertad de locomoción; eso es un delito y deben ser enjuiciados como tal, de 10 a 15 hasta 20 años de cárcel”, enfatizó Bascopé, en aquel entonces, al presentar el proyecto y agregó que la norma daría garantías a las Fuerzas Armadas y a la Policía, porque “no pueden tener responsabilidad por ejercer el orden público”.
La iniciativa, denominada “ley de prohibición de bloqueo de caminos”, buscaba garantizar el derecho a la libre circulación, constantemente vulnerado, según Bascopé, por movilizaciones como las impulsadas por sectores afines Morales en todo el país. El abogado enfatizó que, si bien la Constitución ampara el derecho a la protesta, “el derecho a bloquear no existe; es un delito y un crimen”.
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Aunque el proyecto nunca llegó a convertirse en ley, el debate resurge ahora debido a que Bolivia atraviesa nuevamente conflictos y movilizaciones en diferentes regiones lideradas por el líder cocalero desde el Chapare.
El diseño de la propuesta no se limitaba únicamente a las personas instaladas en puntos de bloqueo. Quienes convoquen, coordinen o financien movilizaciones podían enfrentar procesos penales, un enfoque que fue interpretado como una criminalización de la protesta social. Bajo esa lógica, la figura de Bascopé, ahora en el gabinete de Paz, queda bajo la lupa de las organizaciones sindicales y campesinas.
En redes sociales, la opinión pública se pregunta cuál será la coherencia entre el discurso de mano dura que Bascopé defendió en 2024 y las acciones que impulse desde el Gobierno que será visto como un termómetro de su verdadera posición frente al derecho a la protesta y la libertad de circulación.