Cívicos, transportistas, empresarios, trabajadores y ciudadanos afectados por el desabastecimiento, la escasez de combustible y las restricciones al comercio coinciden en que el país no puede seguir soportando los costos de un conflicto que ya supera los 46 días.

A medida que los bloqueos superan las seis semanas de duración, distintos sectores del país comienzan a expresar públicamente su rechazo a la prolongación del conflicto y alertan sobre el impacto que las medidas de presión están teniendo sobre la economía, el abastecimiento y la vida cotidiana de miles de familias bolivianas.
Uno de los pronunciamientos más contundentes surgió desde Potosí. El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, advirtió que la población ya no está en condiciones de soportar una nueva semana de bloqueos y convocó a redoblar la presión para recuperar la normalidad. “Esta semana más ya no aguantamos”, afirmó al referirse al desabastecimiento y al incremento de precios que afecta a la región.
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El malestar también se refleja entre quienes permanecen atrapados en las carreteras. Un transportista que lleva más de 40 días inmovilizado por los bloqueos describió las condiciones que enfrentan cientos de conductores en distintos puntos del país. “Hasta en la cárcel tienen agua, comida, techo y cobijas; estamos secuestrados”, relató visiblemente afectado al denunciar la falta de soluciones para quienes permanecen varados desde el inicio del conflicto.
En Santa Cruz, la situación continúa afectando el transporte interdepartamental. La Terminal Bimodal mantiene operaciones limitadas debido a las interrupciones en las carreteras, mientras que en San Julián persisten los perjuicios para productores, comerciantes y viajeros ante la falta de acuerdos que permitan normalizar el tránsito.

Por otra parte, Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado internacional, informó que aproximadamente son 2 mil los transportistas que se encuentran paralizados a nivel nacional producto de los bloqueos que este martes suman 47 días; además, se reportan dos conductores fallecidos y uno en terapia intensiva en la ciudad de La Paz. La afectación económica es millonaria.
La crisis también golpea el abastecimiento de combustibles. En La Paz continúan registrándose largas filas en estaciones de servicio y los usuarios expresan creciente frustración por las demoras. ‘Estoy esperando desde el jueves’, señaló uno de los conductores consultados mientras aguardaba la llegada de carburantes.
Los efectos económicos comienzan a extenderse al empleo y la actividad productiva. Representantes del sector fabril denunciaron que varias empresas se vieron obligadas a aplicar vacaciones colectivas, licencias sin goce de haberes y otras medidas extraordinarias debido a las dificultades para operar normalmente por el cierre de rutas.
Desde el sector empresarial, las advertencias son cada vez más severas. Representantes privados alertaron que los daños provocados por los bloqueos no desaparecerán cuando concluya el conflicto. “La recuperación de esta crisis será muy difícil y tomará muchos años”, señaló el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure.

Las consecuencias también alcanzan al comercio exterior. Operadores logísticos y exportadores advirtieron que la salida boliviana hacia los puertos del Pacífico se encuentra seriamente afectada, situación que compromete exportaciones, importaciones y el cumplimiento de contratos internacionales.
La gerente general de AG Logistics, Silvia Quevedo, refirió que los importadores enfrentan una situación compleja debido a los plazos establecidos por navieras, transportistas y operadores logísticos. “Es una situación muy complicada lo que estamos viviendo en este momento. A nivel de Bolivia, cada vez nos estamos autoaislando del comercio exterior y de los acuerdos que se tienen a nivel internacional”, indicó.
Con el conflicto que ingresa a los 47 días de duración, el malestar ya no se limita a los sectores directamente afectados por los bloqueos. Cívicos, empresarios, transportistas, trabajadores y ciudadanos comienzan a coincidir en una misma demanda: recuperar el libre tránsito y encontrar una solución que permita frenar los costos económicos y sociales que se acumulan semana tras semana.