Nina detalló que Patty enfrenta dos detenciones preventivas en procesos distintos: una por el caso miel y otra por el denominado caso tomates. En este último proceso, anunció que la defensa presentó una acción de libertad.
eju.tv / Video: Gigavisión
La justicia determinó este jueves cinco meses de detención preventiva para la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, dentro de la investigación por el denominado caso miel, en el que se indaga el presunto desvío de más de Bs 600 millones del exFondo Indígena destinados a un proyecto de producción apícola. La decisión fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares.
«Se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares y la autoridad judicial dispuso cinco meses de detención preventiva. Esta decisión fue apelada», informó el abogado de la exlegisladora, Jorge Nina.
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No obstante, también denunció que durante la audiencia se conoció que las carpetas con la documentación de descargo presentada por su defendida se habrían extraviado, situación que calificó como irregular y que, según anunció, será puesta en conocimiento del Ministerio Público para que investigue una presunta sustracción de documentos públicos.
«Estos hechos llaman la atención. En consecuencia, se pondrá este extremo en conocimiento del Ministerio Público para que investigue la presunta sustracción de documentos públicos. No es posible que documentos de esta naturaleza estén desapareciendo», dijo Nina.
Asimismo, detalló que Patty enfrenta dos detenciones preventivas en procesos distintos: una por el caso miel y otra por el denominado caso tomates. En este último proceso, anunció que la defensa presentó una acción de libertad y espera que en las próximas horas se conozca la fecha de la audiencia correspondiente.
Investigación
La exdiputada fue imputada formalmente por la Fiscalía junto a Braulio Llura y Daniel Zapata Pérez por la presunta comisión de delitos relacionados con el desvío de recursos del Fondo Indígena destinados al Proyecto de Producción de Miel.
De acuerdo con la investigación fiscal, el proyecto forma parte de los casos observados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del extinto Fondo Indígena durante los gobiernos del MAS. La Fiscalía sostiene que el presunto daño económico supera los Bs 600 millones, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades.
