El ministro de Defensa destaca que el levantamiento de los bloqueos permitió recuperar la normalidad en las carreteras, pero señala que el trabajo de las fuerzas del orden continuará para preservar el orden público, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la protección de la ciudadanía durante el estado de excepción.
eju.tv / Video: DTV
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana mantendrán el despliegue operativo en todo el país con el objetivo de consolidar la seguridad, preservar el orden público y proteger a la población durante la vigencia del estado de excepción.
La autoridad señaló que, tras el levantamiento de los bloqueos, el desafío del Estado es garantizar que la recuperación de la normalidad se mantenga y que no se reproduzcan escenarios de violencia o interrupción de los servicios esenciales.
“Creemos que no nos hemos quedado en ningún tipo de relajamiento. Creemos que estamos más bien actuando para que las Fuerzas Armadas y la Policía continúen haciendo su trabajo y que impere más la seguridad de los bolivianos”, afirmó.
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Justiniano explicó que el despliegue conjunto busca prevenir cualquier intento de afectar la libre circulación, el funcionamiento de las instituciones públicas y la tranquilidad de la población. “Estamos haciendo el camino de volver, de poner un nuevo orden; de que la gente sepa que vamos a protegerla”, sostuvo.

El titular de Defensa añadió que las tareas desarrolladas por las fuerzas del orden tienen un carácter preventivo y responden a la obligación constitucional del Estado de garantizar la seguridad de todos los bolivianos.
Asimismo, señaló que el Gobierno mantendrá un monitoreo permanente de la seguridad en todo el territorio nacional para prevenir nuevos bloqueos, hechos de violencia o acciones que puedan alterar el orden público.
Reiteró que las Fuerzas Armadas y la Policía seguirán con el trabajo de manera coordinada para preservar la paz social, proteger la infraestructura estratégica y garantizar el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales del país durante la vigencia del estado de excepción.