El abogado León indicó que la Fiscalía continúa con las investigaciones, aunque dijo que el proceso tiene retrasos debido a que una de las principales implicadas aún no fue ubicada, en referencia a la exministra Achacollo.
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En el marco de las investigaciones por el caso Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), el abogado de la parte denunciante, Eduardo León, informó este miércoles que solicitó una auditoría integral para establecer el «verdadero daño económico» ocasionado a la entidad, al considerar que las cifras utilizadas hasta ahora fueron realizadas durante el gobierno de Evo Morales.
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León sostuvo que el objetivo es determinar con precisión el monto del daño económico, así como identificar a los beneficiarios de los recursos presuntamente desviados.
«Se solicitó que se realice una auditoría completa para determinar todo el daño ocasionado al Fondo Indígena. Durante el gobierno de Evo Morales se presentó una auditoría que establecía un daño económico de alrededor de 110 millones de dólares, cuando, en realidad, el daño económico superaría los 4.000 millones de bolivianos», afirmó.
El jurista explicó que la auditoría debe contrastar la documentación incorporada a la investigación con los registros financieros. «Esto debe ser acreditado. Con la prueba presentada al Ministerio Público se deben establecer los números de cuenta, los beneficiarios y los montos que fueron depositados en cuentas particulares», señaló.
Asimismo, indicó que la Fiscalía continúa con las actuaciones investigativas, aunque advirtió que el proceso enfrenta retrasos debido a que una de las principales implicadas aún no fue ubicada, en referencia a la exministra Nemesia Achacollo.
«La investigación está avanzando, la Fiscalía está dando los pasos correspondientes; sin embargo, existe un problema muy grande. La señora Achacollo se encuentra prófuga y esta situación retrasó el proceso», manifestó.
De acuerdo con León, las investigaciones abarcan principalmente el periodo comprendido entre 2012 y 2015 e involucran más de 200 proyectos observados. «Existen proyectos inconclusos, proyectos fantasmas y proyectos que, pese a haber sido pagados e incluso dados por entregados, nunca llegaron a ejecutarse», sostuvo.
En ese sentido, insistió en que la fiscalización permitirá establecer no solo el monto real del perjuicio económico, sino también las responsabilidades de quienes recibieron los recursos.
«Los contratos fantasmas, inexistentes, inconclusos y aquellos que nunca comenzaron, pese a que fueron pagados, deben ser objeto de una auditoría clara que establezca no solamente la cantidad del daño económico, sino también quiénes fueron los beneficiarios», enfatizó.
El planteamiento surge mientras continúa la investigación del caso Fondioc. El pasado 1 de julio, la justicia rechazó una nueva acción de libertad presentada por la defensa de la exdiputada Lidia Patty, procesada dentro de este caso. Meses antes, el fiscal de materia Miguel Cardozo anunció que se convocará a declarar a numerosas personas para explicar los desembolsos de recursos públicos a cuentas particulares desde el Fondioc, investigación que no descarta la citación del expresidente Evo Morales y de exautoridades de Estado.
