En febrero de este año la justicia determinó la extinción del proceso en contra del excívico y exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Por eju.tv / La Paz / Video: ATB
El excívico potosino Marco Antonio Pumari solicitó a la justicia la extinción del proceso penal conocido como ‘Caso Golpe I’, abierto en contra de él y de otras personas por los hechos de octubre y noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia y posterior huida del expresidente Evo Morales.
El abogado de Pumari, Diego Gutiérrez precisó que se presentó una excepción de extinción por duración máxima del proceso que ya supera los tres años y que hasta el momento no hay una sentencia.
“Ya han pasado tres años desde que Marco Antonio Pumari ha sido vinculado al proceso del año 2023 y el tiempo establecido en el Código de Procedimiento Penal son tres años precisamente hasta la emisión de su sentencia. En este caso no existe ninguna sentencia que se haya emitido contra Marco Antonio Pumari, por lo tanto, estamos dentro de los preceptos legales para presentar esta extinción”, alegó el jurista en declaraciones a ATB.
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Hay un antecedente de extinción del proceso en el caso del excívico y exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que data de febrero de este año y que rarificada el 19 de marzo por la Sala Penal Cuarte del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz.
El excívico potosino Marco Antonio Pumari. Foto: Archivo
Con la decisión, el proceso quedó reducido a un solo imputado, el excívico Pumari.
El proceso investiga los hechos vinculados a la crisis política de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia en medio de denuncias de fraude electoral y movilizaciones sociales.
A denuncia de la exdiputada Lidia Patty, Camacho fue imputado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas, cohecho activo y asociación delictuosa, en su condición de entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
El juicio también incluyó a Pumari y, en su momento, a la expresidenta Jeanine Áñez, quien quedó apartada del caso en 2024 tras ser juzgada en un proceso paralelo, conocido como Golpe de Estado II, cuya sentencia posteriormente fue anulada.