La tarea fue efectuada luego del retiro de la subvención al diésel, que dispuso el Gobierno, para garantizar el abastecimiento del combustible y evitar que sea destinado al contrabando.
Fuente: video Asuntos Centrales
Un verificativo que realizó la Defensoría del Pueblo en terminales terrestres evidenció un incremento de las tarifas por encima de 125 %, informó este lunes el coordinador de la institución en El Alto, Fernando Claros.
La tarea fue efectuada luego del retiro de la subvención al diésel, que dispuso el Gobierno, para garantizar el abastecimiento del combustible y evitar que sea destinado al contrabando.
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“Entre los hallazgos principales tenemos que el 100% de las terminales que han sido verificadas han registrado incrementos de precios de los pasajes tras la eliminación de esta subvención. (Hay) una oscilación del 10% hasta más del 125%”, indicó Claros en entrevista en Asuntos Centrales.
El coordinador explicó que el verificativo se realizó en todas las ciudades en las cuales hay una oficina de la Defensoría del Pueblo, en realidad, en 19 terminales de buses, 15 interdepartamentales y cuatro interprovinciales.
Aseveró también que el incremento de las tarifas que se evidenció fue aplicado sin un criterio técnico y menos de una manera unificada.
Manifestó que, por ejemplo, los departamentos con mayor impacto en promedio son Cochabamba, donde la subida es del 81 %; Tarija 65%; Santa Cruz 63%; Potosí 63%; Oruro 58%.
Sin embargo, dijo que otras rutas críticas con incrementos iguales o superiores al 100% son, por ejemplo, Yacuiba-Tarija que está con un 125% de aumento.
En Cochabamba-Sucre hay un 103% de incremento; mientras que en Oruro-Cochabamba, Llallagua-Cochabamba, Llallagua-La Paz, Potosí-La Paz, Puerto Suárez-Santa Cruz hay un 100% de aumento d los pasajes.
Explicó que las terminales tomaron un criterio propio para hacer los ajustes, en el que está ausente un lineamiento o control de las instancias correspondientes. No se ha hecho un trabajo previo.
Claros señaló que, ante esta situación, los pasajeros están buscando la forma de trasladarse a sus destinos, por lo que están haciendo esfuerzos necesarios. “Obviamente tienen la queja, pero están en esa situación, con esa impotencia de poder ver la solución”, mencionó.
El verificativo fue remitido a los gobiernos autónomos departamentales y municipales porque son esas las instancias que tienen que controlar y, además, analizar estos casos.
“Les hemos pedido que nos informen para ver qué acciones están tomando para poder brindar la seguridad necesaria y no vulnerar derechos de los ciudadanos”, refirió.