La Presidencia de la Asamblea, ejercida por Edmand Lara, dejó sin efecto la sesión convocada para este lunes a las 15:00. El vicepresidente sostiene que los asambleístas deben contar con información “objetiva, suficiente y verificable” antes de ejercer sus atribuciones.
La ALP sin Lara aprobó la suspensión definitiva de Roger Mariaca como fiscal general del Estado. Foto: Diputados
La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió la Décima Octava Sesión Ordinaria prevista para este lunes a las 15:00, que inicialmente había sido convocada para tratar el informe de Estados Unidos sobre la revocación de visas a fiscales, jueces y exautoridades bolivianas. La convocatoria original había sido hecha por el vicepresidente Edmand Lara, el 29 de septiembre y contemplaba el análisis del informe estadounidense y la eventual conformación de una comisión para investigar el caso.
En un comunicado emitido este lunes, la Presidencia de la ALP informó que la sesión “no se llevará a cabo en la fecha y hora inicialmente señaladas” y explicó que la decisión considera la convocatoria posterior realizada por el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, cuando ejercía la Presidencia de la Asamblea en ausencia de Lara.
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El documento añade que existe la necesidad institucional de contar previamente con “la información y los antecedentes indispensables para el adecuado tratamiento de los asuntos comprendidos en la convocatoria original”. La Presidencia de la ALP señala que ya requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a otras instituciones involucradas el envío de informes, documentación y antecedentes.
El objetivo, según el comunicado, es que los legisladores dispongan de “elementos objetivos, suficientes y verificables” para conocer y considerar los asuntos que están bajo competencia de la Asamblea “con la debida responsabilidad institucional”.
La Presidencia de la Asamblea justificó además la suspensión en la necesidad de que los antecedentes sean sistematizados y puestos en conocimiento de los legisladores antes de retomar el tratamiento de los temas.
“Los asuntos comprendidos en la convocatoria original serán nuevamente convocados para su tratamiento una vez que la información requerida haya sido recibida, sistematizada y puesta en conocimiento de esta Presidencia”, señala el comunicado.
El pronunciamiento establece también una línea sobre el estándar que Lara pretende aplicar a las decisiones del Legislativo. “Toda actuación parlamentaria, particularmente aquella que pudiera producir efectos sobre derechos, situaciones jurídicas o responsabilidades individuales”, debe desarrollarse, según la Presidencia de la ALP, con estricto respeto al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
A esos principios suma la seguridad jurídica, la verdad material, la transparencia y la objetividad, dentro de las competencias constitucionalmente asignadas a cada órgano del Estado. La declaración llega en momentos en que la Asamblea enfrenta cuestionamientos por la suspensión de
Lara había puesto en duda precisamente la legalidad del procedimiento utilizado durante su ausencia para suspender a Roger Mariaca y designar a José Armando Urioste como fiscal general interino. Al retornar al país sostuvo que primero debía revisar si se habían cumplido las normas y las leyes antes de proceder con la posesión del nuevo fiscal.
El nuevo comunicado extiende ahora ese criterio al tratamiento legislativo del informe estadounidense. La Presidencia de la ALP concluye que las decisiones de la Asamblea deben adoptarse “sobre la base de información suficiente, verificable y oportunamente conocida por sus miembros”.
Por ahora, no se fija una nueva fecha para la sesión. El comunicado señala que los asuntos serán nuevamente convocados una vez que la información solicitada haya sido recibida y sistematizada.