Manolo Rojas defiende la reconsideración del proyecto y pide a sus colegas que debatan el texto antes de cuestionarlo. Carlos Alarcón sostiene que la norma debe ser reconducida porque, a su juicio, mezcla sanciones contra bloqueadores con responsabilidades para las autoridades.
En el Chapare no descartan retomar los bloqueos pese al estado de excepción que rige en el país. Foto: Erbol
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados reconsiderará este miércoles 14 de octubre el proyecto de Ley de Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano, después de que legisladores observaran disposiciones sobre las sanciones a quienes bloqueen carreteras y la responsabilidad de las autoridades que no atiendan oportunamente los conflictos.
El presidente de esa comisión, Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), defendió el procedimiento y pidió a sus colegas que participen en el debate antes de cuestionar el contenido de la propuesta.
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“Hasta este momento, se está redactando el articulado de la ley. Están especulando porque ni siquiera han leído la norma. Me parece peligrosa y tendenciosa esa actitud”, afirmó Rojas, según declaraciones publicadas por El Diario el 9 de octubre.
El legislador sostuvo que la reconsideración fue solicitada dentro del procedimiento legislativo y que la comisión deberá definir si mantiene la aprobación anterior o introduce modificaciones. La sesión está prevista para las 10:00 del miércoles.
Uno de los principales cuestionamientos fue planteado por el diputado de Unidad Carlos Alarcón, quien considera que la incorporación de sanciones para autoridades que no atiendan demandas sociales puede desvirtuar el objetivo de una norma destinada a proteger la libre circulación.
La autopista La Paz – El Alto fue aislada durante los 53 días de bloqueo. Foto: Correo del Sur
“No puede ser que en instancias de esta Comisión se hayan mezclado dos contenidos completamente opuestos, donde uno termina neutralizando al otro”, afirmó Alarcón.
El legislador sostuvo que el texto aprobado desvirtúa el objetivo de una ley antibloqueos al incluir sanciones agravadas contra autoridades que no respondan a las demandas de los sectores movilizados.
“Esta ley ha mezclado dos contenidos incompatibles”, reiteró Alarcón, quien dijo que esta disposición podría trasladar la responsabilidad a diferentes autoridades de los distintos niveles de gobierno, mientras los organizadores de los bloqueos quedarían sin sanción.
El proyecto reúne propuestas legislativas anteriores y contempla sanciones penales para los bloqueos, con penas que varían según las circunstancias y la gravedad de los hechos. También incorpora disposiciones sobre las responsabilidades de autoridades dentro de sus competencias, un punto que generó cuestionamientos entre los propios legisladores.
La comisión deberá resolver las observaciones antes de que el proyecto pueda continuar su trámite hacia el pleno de la Cámara de Diputados. Por ahora, la norma no ha concluido su tratamiento legislativo.
