Se trata del proyecto de Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, presentado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por eju.tv / La Paz / Video: Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados debate un proyecto de ley que permitirá al Órgano Judicial administrar algo más de Bs 300 millones de los depósitos judiciales que no sean reclamados durante más de cinco años.
Se trata del proyecto de Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, presentado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, defendió la propuesta durante la sesión de Diputados, argumentando la crisis económica que enfrenta el Órgano Judicial.
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Afirmó que los recursos servirán para realizar mejoras tecnológicas en el sistema judicial, fortalecer el apoyo jurisdiccional para descongestionar las causas y mejorar la infraestructura.
Dijo que actualmente existen alrededor de 200 ítems relacionados con depósitos judiciales, vinculados a fianzas económicas, pagos de asistencia familiar, remates, entre otros. Debido a la normativa vigente, señaló que ni siquiera se conoce el monto total de estos recursos; no obstante, indicó que se estima que hay cerca de Bs 1.000 millones.
El magistrado del TSKJ, Carlos Ortega, explicó que, en 2017, la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial realizó un consolidado de los depósitos judiciales, en el que se consignaron casos relacionados con procesos contractuales, costos y multas, costos procesales, así como fianzas económicas por la comisión de delitos, cuyos sujetos procesales fueron beneficiados con medidas cautelares alternativas o menos gravosas que la detención preventiva.
El magistrado Carlos Ortega. Foto: Captura de pantalla
La iniciativa legal busca identificar el origen de los depósitos judiciales y diferenciarlos entre aquellos que pueden prescribir y pasar a la administración del Órgano Judicial, y los que no pueden hacerlo, como los vinculados a la asistencia familiar, beneficios sociales y laborales, recursos destinados a niños y adolescentes y los relacionados con casos de la Ley 1008.
“Obviamente, no va a prescribir el beneficio social y no va a prescribir la asistencia familiar; consiguientemente, se está garantizando el principio de seguridad jurídica de los sujetos procesales”, aseguró.
Con la iniciativa, explicó Ortega, si una persona “en el año 2017 depositó 50 mil bolivianos por concepto de fianza económica y la sentencia ha sido ejecutoriada”, una vez notificada la sentencia ejecutoriada comenzarán a correr los plazos de prescripción y corresponderá al sujeto procesal reclamar esos depósitos. “Si no lo reclama en cinco años, queda consolidado para el Órgano Judicial”, señaló.
Ortega señaló que esta ley permitirá al Órgano Judicial contar con recursos para mejorar su trabajo, mediante acciones como la transmisión de audiencias, una práctica que ya se ejecuta en algunas provincias.