Como no podía ser de otra manera, la denuncia efectuada por el arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, sobre el incremento del narcotráfico en el Chapare y la utilización de niños en el micro comercio de la droga, no gustó para nada al gobierno. Es que en un lapso de pocas horas la Iglesia puso el dedo en la llaga y desnudó las falencias del actual régimen entre ellas su inclinación autoritaria, la falta de gestión económica y el notorio incremento de las actividades del narcotráfico.
La luz de la palabra incomoda al poder (foto ilustrativa)
De que la Iglesia Católica, una vez más, apuntó al talón de Aquiles del gobierno, no cabe duda alguna y ahí se explica la ira con la que reaccionaron el presidente Evo Morales furibundo atacando hasta al Papa y el coro de sus ministros, viceministros y parlamentarios del MAS. El problema es que no toleran el disenso y son incapaces de asumir una crítica constructiva como lo fue el pronunciamiento emergente de la reciente reunión de Obispos celebrada en Cochabamba.
Es paradójico que monseñor Solari, quien fue un firme defensor de Evo y los cocaleros en el pasado cuando se suscitaban hechos de violencia por efecto de la erradicación de coca y la lucha antidroga en el Chapare, sea hoy considerado un “enemigo” del gobierno sólo por mostrar una realidad, admitida además por los policías de la Felcn que en diversas oportunidades alertaron sobre la utilización de menores, a veces hasta por sus propios padres, para el micro tráfico de droga.
Lo que molesta al poder es que los señalamientos surjan de personalidades serias y de una institución respetable y creíble –así lo dicen todas las encuestas- como la Iglesia Católica que representa a millones de bolivianos, así quieran mostrarla como la expresión de un grupo de “jerarcas” religiosos.
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Medios, a esperar represalias
El oficialismo intentó desprestigiar a toda costa la recolección de firmas en rechazo al atentado contra la libertad de expresión que el gobierno intenta perpetrar con el pretexto de “luchar contra el racismo”, utilizó ingentes cantidades de recursos en una costosa campaña mediática pero los resultados fueron exiguos. La población no se prestó a la campaña desinformadora e identificó muy nítidamente donde está el problema. Alrededor de 800 mil firmas lo acredita de forma muy clara.
La gente hizo largas filas para firmar los libros en apoyo a la prensa
Los métodos a los que recurrió no fueron precisamente éticos ya que echó mano al chantaje y la extorsión. Los encargados de prensa y relaciones públicas de las entidades del Estado fueron obligados a asistir para hacer bulto en las reuniones donde supuestamente se debatió el reglamentó de la “ley antirracismo”; también promovió la creación de “plataformas” de periodistas que respaldaban la cuestionada ley gubernamental.
La exitosa y absolutamente democrática campaña de recolección de firmas en contra de dos artículos mordaza de la ley contra el racismo, es un sonoro bofetón propinado por los periodistas y la población al autoritarismo masista. Sin embargo lejos de ser un llamado de atención para corregir errores como debiera ser; es de esperar represalias y ya se conoce que el gobierno alista contra los medios una serie de medidas que incluyen el corte de publicidad oficial y la revisión de las licencias de funcionamiento para encontrar cualquier pretexto que permita su clausura. Puede parecer recurrente pero se debe decirlo cuantas veces sea necesario: los métodos que aplica Evo Morales son típicamente chavistas.