El gobierno y la COB instalaron el diálogo que espera la libertad de detenidos para continuar
La decisión de la Central Obrera Boliviana (COB) de ir al diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz tiene como fin la impunidad y se da en un momento en que la protesta empezaba a debilitarse, a 47 días de un duro bloqueo, coincidieron los analistas Jaime Dunn y Raúl Peñaranda, y el cívico cruceño Agustín Zambrana.
“(El diálogo) es netamente para quedar impunes ante estos hechos delictivos cometidos en estos 47 días de bloqueo”, aseguró Zambrana, respecto al diálogo instaurado y con una inicial exigencia de revisión de la situación jurídica de los detenidos en los bloqueos en busca de su libertad.
Paz inauguró la tarde de este miércoles el diálogo con la dirigencia de la COB, liderada por Mario Argollo, en medio de evidentes tensiones. Una de las primeras exigencias para dar continuidad a este proceso fue la libertad de los detenidos, por lo que ambas partes formaron una comisión que trabaja en la atención de este condicionamiento.
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Para Dunn, lo hecho hasta el momento muestra una crisis de Estado que se refleja en la exigencia cobista de respuestas inmediatas a sus ocho puntos de demandas bajo un “pliego conminatorio”.
“La pregunta aquí es quién manda: la Constitución, la ley o el bloqueo. Hay una crisis de Estado”, insistió, y coincidió con Zambrana en que el pliego cobista busca impunidad.
Mientras tanto, Peñaranda consideró que la aceptación gubernamental de dialogar le dio a la COB un respiro, porque el prolongado bloqueo se iba debilitando no solo por el cansancio de sus protagonistas, sino por el rechazo de la mayoría de la sociedad.
“El Gobierno hoy les da una soga para salvarlos, le permite a Argollo ir a hablar y ser insolente”, cuestionó en la red Bolivisión respecto a la actitud del dirigente cobista frente al presidente Paz.
La COB, junto a los campesinos y afines a Evo Morales, encara un prolongado bloqueo que deja millonarias pérdidas económicas y mantiene en una latente crisis humanitaria a regiones y ciudades por el corte de sus rutas de aprovisionamiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.
La protesta deja a unos 5.000 choferes y sus vehículos atrapados en las carreteras, además de 14 muertos porque no pudieron acudir a centros hospitalarios debido al bloqueo. Esta situación, además, muestra una “limitada capacidad de respuesta estatal” para resolver el conflicto y restablecer los derechos vulnerados, según la Defensoría del Pueblo.