Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Efectivos antidrogas custodian una fábrica de droga intervenida. Foto: FELCN
Gobierno presenta la Política Antidroga 2026-2030 con nueve ejes estratégicos. Proyecto de ley contempla que el presidente designe de manera interina a magistrados del TCP y del TSJ. Saucedo asegura que el 75% del presupuesto asignado se va en sueldos; buscan un 5% del PGE. El TCP ordena restituir personería de la Falange Socialista Boliviana y reconocer a Otto Ritter como su representante. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
– Gobierno presenta la Política Antidroga 2026-2030 con nueve ejes estratégicos
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó este martes la Política Antidroga 2026-2030 durante el acto de difusión del Informe de Validación de la Información sobre la Destrucción de Drogas Ilegales Incautadas en Bolivia correspondiente a 2025 y del Informe Mundial sobre las Drogas 2026, elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La autoridad afirmó que ambos documentos constituyen instrumentos fundamentales para fortalecer las políticas públicas y consolidar la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico. “El Gobierno Nacional recibe este documento como una herramienta estratégica esencial para la toma de decisiones soberanas. Los datos que hoy conocemos nos desafían a profundizar nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico con mayor rigor técnico, transparencia y responsabilidad institucional”, sostuvo Oviedo.
Diputados y senadores confirmaron por separado sobre la existencia de un proyecto de ley que plantea que el presidente, Rodrigo Paz, sea quien designe a magistrados interinos para cubrir las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta norma sale a la luz a días del pedido para que se convoque a elecciones judiciales para cubrir los cargos acéfalos. El proyecto de ley consta de 10 artículos y dos disposiciones transitorias. Señala que su objetivo es establecer un “mecanismo excepcional para la designación transitoria de interinatos” en el TSJ y el TCP. En una parte del artículo 8 del proyecto señala de manera textual: “La designación de los interinatos será efectuada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de las ternas a ser remitidas por la Cámara de Diputados para el caso del TCP y por la Cámara de Senadores para el caso del TSJ”.
– Saucedo asegura que el 75% del presupuesto asignado se va en sueldos; buscan un 5% del PGE
Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), detalló que el 75% del presupuesto que se le asigna al Órgano Judicial se va en sueldos y salarios del personal; queda solo un 25% para el resto de los ítems. La autoridad remarcó que desde el Tesoro General de la Nación (TGN) solo reciben el 0,35%, por lo que demandan un incremento de hasta el 5%. «(…) nosotros ese 0.35% que recibimos equivale aproximadamente a Bs 1.100 millones, para el funcionamiento del presupuesto del Órgano Judicial anualmente. De ese presupuesto, alrededor del 75% se va en sueldos y salarios de todo el personal que tenemos. Y no es que queramos subirnos los sueldos, no estamos reclamando eso, pero nos queda una parte miserable para atender las otras necesidades que tenemos», disparó Saucedo, en ON-Otra noche con Sissi, de El Deber, este martes.
Según explicó Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la frase: “a los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta”; en realidad quiso decir que: «nos sobran las ganas de trabajar, nos sobran la buena voluntad de atender a la población, a los magistrados nos sobran las ideas, nos sobra la unidad en la que estamos coordinando, pero no podemos avanzar porque tenemos estas limitantes». Saucedo remarcó que él no puede meterse en la cabeza de otras personas, que hayan malinterpretado sus palabras. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, elevó el tono de la disputa con el Gobierno por la demanda de un aumento en el presupuesto judicial. Desde Buena Vista, donde participó este martes en el acto por el centenario de la provincia Ichilo, defendió la legitimidad de las demandas del sector y lanzó una dura respuesta al Ejecutivo.
– Tras los bloqueos, el Ejecutivo y autoridades de Los Andes reactivan la agenda de desarrollo
Como parte de los compromisos de atención a las demandas regionales, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunió con autoridades originarias de la provincia Los Andes, del departamento de La Paz, con quienes coincidió en la necesidad de trabajar en proyectos carreteros y productivos. “El Gobierno nacional está comprometido con el diálogo constante y la atención a las demandas reivindicativas de todos los sectores y regiones del país. Trabajamos para dar soluciones concretas e inmediatas y consolidar una Bolivia mejor para todos”, afirmó la autoridad. La reunión se realizó en la Casa Grande del Pueblo, en cumplimiento de los compromisos de diálogo asumidos durante el prolongado bloqueo de caminos que fue convocado por la dirigencia campesina liderada por Vicente Salazar, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Evo Morales.
Diferentes alcaldías enfrentan problemas de liquidez y desafíos “muy grandes”, por lo que se están gestionando reuniones en distintas regiones con los alcaldes, a fin de articular acuerdos e iniciativas para enfrentar la crisis y reactivar la economía desde lo local, informó el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva. “El interés del Gobierno nacional es que a las regiones, a los departamentos y a los municipios les vaya bien; para eso tenemos que enfrentar los problemas que se tienen, poner todo nuestro esfuerzo en la solución de los mismos y hacerlo con el mejor ánimo para poder avanzar”, afirmó al finalizar una reunión con alcaldes del departamento de Tarija. Oliva inició una serie de encuentros en diferentes regiones de Bolivia para conocer de cerca la situación financiera y otras problemáticas de las alcaldías, como parte de un trabajo local y departamental de diagnóstico y consenso de soluciones ante la compleja situación actual.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe restablecer de manera inmediata la personería jurídica de la Falange Socialista Boliviana (FSB), al confirmar un fallo de amparo constitucional que favorece a esa organización política. La decisión está contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0994/2026-S1, emitida por los magistrados Amalia Laura y Ángel Dávalos, quienes ratificaron la resolución dictada el 24 de junio por un juez público mixto de Roboré, dentro de una acción de amparo promovida por Otto Ritter. Además de ordenar la rehabilitación de la FSB, el máximo tribunal constitucional instruyó que Ritter sea reconocido como representante legal de la organización política, al confirmar íntegramente la tutela otorgada por el juez de garantías. En la resolución, el TCP precisa que esta determinación se limita al caso concreto.
El dirigente vecinal de la ciudad de El Alto, Alberto Quelali, fue enviado por seis meses a la cárcel con detención preventiva debido a su participación en el prolongado bloqueo de caminos, en el marco de la denuncia planteada por el Ministerio de Gobierno, informó el fiscal Ronald Jurado. Instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, delitos contra la salud pública y atentados contra los medios de transporte son los cargos por los cuales fue activada la denuncia, que busca justicia por los daños económicos y sociales a consecuencia de los 53 días de bloqueo. Además de Quelali, se encuentra en la cárcel con detención preventiva por cinco meses el dirigente alteño Pablo Merma. Jurado informó que están identificados otros dirigentes que alentaron los violentos bloqueos; sin embargo, por estrategia, no dará mayores detalles del curso investigativo. La Paz y El Alto fueron las ciudades más golpeadas por el bloqueo de 53 días.
– Fiscalía archiva caso ‘pasajes de Noemí’ que involucraba a Evo Morales
La denuncia presentada por Marcelo Alcazar, quien dijo ser ex Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) contra 11 personas por la compra de pasajes para la menor Noemí M., vinculada al expresidente Evo Morales, fue rechazada por la Fiscalía por varios factores que explicó el fiscal, Helo Rocha Tellez, en su fundamentación. En enero de este año, Alcazar denunció que estas personas compraron, entre 2011 y 2015 en 37 oportunidades pasajes para Noemí M. Según las investigaciones no se pudo avanzar por distintas razones, como la reglamentación para la reserva de pasajes para menores de edad, por tanto, dice la resolución, “los denunciados no recurrieron a engaños, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza u otra forma de coacción, amenazas o abuso de una situación de dependencia o vulnerabilidad de la presunta víctima”.
– BCB controlará que fluctuación del dólar no vaya a “extremos” y podría intervenir
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, afirmó este martes que la entidad permitirá que el tipo de cambio fluctúe libremente dentro del nuevo régimen cambiario flexible, aunque advirtió que hará seguimiento a su comportamiento para evitar movimientos “extremos” y no descartó intervenir en el mercado con ese fin. Durante una conferencia de prensa para evaluar los primeros días de vigencia del nuevo esquema cambiario, la autoridad explicó que el BCB definirá más adelante los parámetros que determinarán una eventual intervención. “Tenemos que entender que es un régimen de tipo de cambio flexible. Es decir que esto puede ir al alza o puede ir a la baja. (…) ¿Qué va a hacer el Banco Central? En base de indicadores va a ir controlando que esta fluctuación no esté en indicadores extremos, nada más”, afirmó al responder consultas de la prensa.
– Gobierno autoriza a privados a importar combustible, pero prohíbe mezclarlo con el que trae YPFB
El presidente Rodrigo Paz y su gabinete firmaron el decreto supremo 5644 que autoriza a privados la importación de diésel y gasolina para consumo propio y para su comercialización en surtidores en todo el país. La norma señala que se debe realizar un trámite previo y que la venta estará sujeta a “precios del mercado”. “Se autoriza de manera excepcional a personas naturales o jurídicas privadas, la importación de carburantes y no carburantes, conforme a lo establecido en el presente Decreto Supremo para su consumo propio y/o comercialización en el mercado interno”, señala. La norma señala que tanto el diésel como las gasolinas importadas no podrán mezclar estos carburantes con el que es entregado a precio subvencionado por YPFB. El decreto señala que “la comercialización de diésel y gasolinas importadas por personas naturales o jurídicas privadas está sujeta a precios de mercado”.