Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Los exministros Arturo Murillo y Fernando López. Foto: ATB Digital
Justicia de EE. UU. condena al exministro Murillo y a su colaborador a indemnizar a Bolivia con $us 6,2 millones; para este año, Banco Mundial baja previsión de crecimiento de Bolivia de 1,5% a 1,4%; y Relator de la ONU pide a Bolivia dejar de perseguir a defensores de derechos y cambiar la economía extractivista. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
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Boris Bueno Camacho
La jueza de Estados Unidos, Lisa Walsh, condenó en un proceso civil al exministro Arturo Murillo y su excolaborador Sergio Méndez a indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 por el daño causado debido a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019, informó la Procuraduría General del Estado (PGE). “Obtuvo en la vía de la reparación Civil dos sentencias emitidas por la Justicia de Miami Florida (Juez Lisa Walsh) (…) como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengara un interés anual de 9,09% anual”, informó la Procuraduría.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, se pronunció este miércoles sobre la situación de Bolivia, que calificó de “profundamente preocupante”. El funcionario internacional, mediante su cuenta de X, instó a que el Estado boliviano deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales, que a menudo son indígenas. Además, pidió que Bolivia implemente leyes ambientales y cambie la economía extractivista. “Los derechos humanos dependen de una acción rápida”, afirmó Boyd.
Todos los antecedentes de los aspirantes a magistrados —incluso legales y de contravenciones— deberán ser tomados en cuenta por los legisladores que evalúan sus méritos. La idea es que la lista de postulantes que, finalmente, apruebe la Asamblea, en la última etapa de preselección, considere solo a los profesionales más idóneos para dirigir al Órgano Judicial. La recomendación fue emitida desde varios organismos vinculados con los derechos humanos, mientras los partidos opositores acusan a los oficialistas de alentar la presencia de candidatos cuestionados por actos, incluso, reñidos con la ley.
– El TSE responde a Chuquimia y le dice que Ávila es el vocal vigente en su lugar
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió a Dina Chuquimia que el nombramiento de Gustavo Ávila en su lugar goza de presunción de constitucionalidad. El secretario de Cámara del TSE, Luis Fernando Arteaga, le hizo saber a la otrora vocal la decisión de la Sala Plena respecto de su reclamo. A través de una carta, el funcionario aclaró que la decisión del TSE su sujeta en el Decreto Presidencial 5141, de 3 de abril de 2024, publicado en la Gaceta Oficial. Ávila “goza de la presunción de constitucionalidad que le otorga el artículo 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional», señala la carta.
Surgen varias reacciones con relación a las observaciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al congreso evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Dirigentes de sectores sociales que apoyan a Evo Morales, rechazan la determinación de este órgano y advierten que no van a consensuar con sectores que respaldan al presidente Luis Arce. “Estamos muy molestos por la determinación del Tribunal Supremo Electoral. Quieren obligar e imponer a nuestro hermano a Evo Morales para que convoque con los dirigentes corruptos y prebéndales”, dijo el exdirigente de los campesinos de La Paz, Omar Ramírez.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, se refirió al traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para el inicio del juicio oral por el caso Decreto 373, descartando su traslado porque considera que existen condiciones. “Ya hemos vertido declaraciones sobre esto. Se han elaborado informes respecto a la posibilidad de traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz. Existen las condiciones para realizar audiencia virtual. Además, enfrenta otros procesos”, adelantó el viceministro Ríos. La autoridad manifestó que las instancias judiciales también pueden trasladarse a La Paz para instalar el juicio oral sobre el caso Decreto 373.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, indicó que cómo institución técnica, se tiene una contradicción para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a la titularidad de tierras a favor de la familia Marinkovic. “Pues esta misma sala en una sentencia de años anteriores dijo que en estos casos el INRA no puede titular más de 5.000 hectáreas y ahora se pretende, se pueda reconocer en este predio, 21.0533 hectáreas, eso no puede ocurrir”, manifestó Núñez.
– Para este año, Banco Mundial baja previsión de crecimiento de Bolivia de 1,5% a 1,4%
El Banco Mundial bajó la previsión de crecimiento de Bolivia de 1,5%, previsto en enero pasado, a 1,4%, mismo que está incluido en su reciente informe denominado: “Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?”. Para el siguiente año calcula que registrará 1,5%. El porcentaje es menor al fijado en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, que calcula que el país tendrá una expansión económica del 3,71% y una tasa de inflación del 3,60%. En general, el organismo internacional prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina se expandirá un 1,6% en este año y se espera un crecimiento del 2,7 y 2,6% para 2025 y 2026.
– YPFB suspenderá contrato con transportadoras que enviaron ‘por su cuenta’ cisternas a Paraguay
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suspenderá contrato con las empresas transportadoras de combustible que enviaron cisternas a Paraguay por su cuenta y sin la respectiva nominación de la estatal. El director de Comercialización e Importaciones de YPFB, Ariel Montaño, observó, además, que las empresas no ofrezcan condiciones laborales adecuadas a sus choferes. Reiteró que las cisternas con matrícula boliviana paradas en Paraguay a la espera de carga de combustible fueron enviadas por cuenta de empresas privadas de transporte, “sin la autorización de YPFB, ni nómina”.
– En 10 años el país registró 1.185 feminicidios y más de 300.000 denuncias por violencia familiar
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, informó que en los últimos 10 años el país registró 1.185 feminicidios y más de 300.000 denuncias por violencia familiar. Cruz, informó que entre enero de 2013 y enero de 2024 “se han registrado 351.178 denuncias sobre violencia familiar o doméstica”. Este dato constituye el 80% del total de las denuncias relacionadas a violencia en razón de género. Otro dato alarmante proporcionado por la autoridad fue la cantidad de hechos de agresiones sexuales: solo entre enero de 2013 y enero de 2024 se ha registrado en nuestro país 82.156 casos.