Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La captura de Armando Rojas se produce en medio de investigaciones por presuntos vínculos de fiscales con redes del narcotráfico; la exdiputada Luciana Campero denuncia pagos y uso de bolígrafos de tinta borrable en la elección de Roger Mariaca en 2024; y la Fiscalía investiga el asesinato a balazos de Johan Guzmán en Santa Cruz. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El fiscal coordinador de La Paz, Armando Rojas, fue aprehendido la noche del martes y trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Es investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas en grado de encubrimiento y organización criminal. Su captura se produce en el marco de las investigaciones que alcanzan al exfiscal general Roger Mariaca, al fiscal superior Martín Irusta y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, por supuestos vínculos con redes del narcotráfico. En la misma causa también fue capturado el mayor de la Policía Boliviana Rubén Aparicio. Hasta el momento de la publicación, el Ministerio Público no había emitido un informe oficial sobre los actuados que derivaron en la aprehensión.
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La exdiputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero afirmó que la elección de Roger Mariaca como fiscal general, el 21 de octubre de 2024, estuvo marcada por presuntos pagos a asambleístas a cambio de votos. Según su relato, dos legisladores que identificó como supuestos opositores repartían dinero y bolígrafos de tinta borrable durante la segunda ronda de votación. Mariaca fue elegido con 115 votos de 161. Campero sostuvo que había presentado una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria y que la retiró después de recibir presiones de colegas vinculados, según su versión, al entonces senador Carlos Alarcón. Aseguró que, de haber continuado el recurso, la elección podría haber quedado anulada. En su publicación no identificó por nombre a los dos operadores que menciona.
La fiscal Yolanda Aguilera informó que Johan Guzmán, asesinado a balazos el martes en un taller mecánico de la zona del zoológico de Santa Cruz de la Sierra, presentaba cuatro orificios de proyectil. La autopsia médico-legal deberá establecer cuáles corresponden a entradas y cuáles a salidas, además de precisar la causa de la muerte. La Fiscalía procesó la escena del crimen, precintó el taller y recolectó vainas servidas que serán incorporadas a la investigación. Aguilera confirmó que varias personas fueron trasladadas en calidad de arrestadas para prestar declaración, entre ellas trabajadores del taller y otras personas cuya relación con el hecho debe establecerse. También se trasladó a dependencias policiales un vehículo que presuntamente pertenecía a la víctima. La fiscal no confirmó otros heridos.
El Gobierno y la Asamblea Legislativa deben avanzar en la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, la reforma tributaria y varias leyes sectoriales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El analista Germán Molina señaló que entre las normas prioritarias están las de inversiones, hidrocarburos, minería, electricidad, compras estatales y sector agropecuario. También planteó modificar la Ley General del Trabajo. El proyecto de presupuesto debe ser remitido al Legislativo hasta el 31 de octubre. El próximo desembolso del FMI, previsto para noviembre, está condicionado a que se presente el proyecto del PGE con variables económicas acordadas. El analista político Carlos Cordero advirtió que las negociaciones legislativas y la posibilidad de nuevas movilizaciones podrían postergar reformas estructurales.
Representantes de gremiales e importadores de Santa Cruz expresaron su respaldo al proyecto de Ley de Inversiones presentado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco). Nicole Tasca, representante de los importadores del bloque multisectorial, afirmó que la propuesta puede atraer capital extranjero y fortalecer la actividad empresarial, siempre que incluya también a empresas medianas y pequeñas. El dirigente gremial César González pidió que la norma tenga alcance nacional y beneficie a distintos sectores. Por su parte, Luis Fernando Strauss, de Cainco, señaló que la iniciativa fue presentada nuevamente al Legislativo y que el sector busca su aprobación hasta diciembre. Entre los aspectos que destacó figura la estabilidad normativa para dar certidumbre a los inversionistas.
El canciller Héctor Huanca confirmó que el presidente de Chile, José Antonio Kast, llegará a Bolivia el viernes 16 de octubre por la mañana y permanecerá un solo día, pese a que inicialmente se había anunciado una agenda para el 16 y 17, incluida una escala en Santa Cruz. La agenda se coordina entre las cancillerías y no fue detallada por Huanca. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anticipó que Bolivia planteará la necesidad de asumir responsabilidades compartidas en la lucha contra el crimen fronterizo, especialmente por el ingreso de vehículos robados en Chile. También cuestionó la llegada de vehículos usados desde la Zona Franca de Iquique. La visita coincide con la controversia por madera boliviana retenida en puertos chilenos y posteriormente quemada por orden fiscal.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) presentó una propuesta normativa para atraer inversiones nacionales y extranjeras que incluye reducir al 10% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para proyectos que ingresen a un régimen especial de grandes inversiones. La iniciativa contempla garantías jurídicas, libertad cambiaria, arbitraje internacional y estabilidad normativa por 30 años. El régimen estaría dirigido a proyectos desde $us 50 millones en sectores como agroindustria, minería, energía, turismo y tecnología. Cainco pidió a la Asamblea Legislativa aprobar una ley corta de inversiones hasta diciembre, con el objetivo de evitar que el tratamiento se postergue hasta el próximo año. Se trata de una propuesta; no de una norma vigente.
La Defensoría del Pueblo reafirmó su independencia institucional y sostuvo que cumplirá su mandato de defensa de los derechos humanos sin admitir presiones ni interferencias de ningún sector. El pronunciamiento se conoció después de que el presidente Rodrigo Paz cuestionara públicamente la imparcialidad del defensor del pueblo, Pedro Callisaya, y le pidiera contribuir a la aplicación de las normas frente a las medidas de presión anunciadas por sectores evistas. La institución señaló que su independencia funcional, técnica y administrativa constituye una garantía para la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. También aseguró que su trabajo se rige por criterios de pluralismo, imparcialidad y objetividad técnica, y por estándares universales de derechos humanos, al margen de las coyunturas políticas.
La dirigencia de Unidad Nacional (UN) expulsó al diputado Alejandro Reyes tras la difusión de un audio en el que conversa con el exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo sobre la crisis política durante los bloqueos de carreteras y la posibilidad de declarar un estado de excepción. La presidenta de UN, Elizabeth Reyes, confirmó que el legislador dejó de pertenecer a la alianza. El secretario de la organización, Roberto Moscoso, pidió esclarecer el contenido de la conversación y cuestionó el vínculo entre ambos. Por su parte, la diputada Sandra Rivero, del Partido Demócrata Cristiano, anunció que coordinará con otros legisladores una denuncia contra Reyes ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Rivero sostuvo que el parlamentario debió rechazar las afirmaciones de Cerimedo sobre la posibilidad de que hubiera muertes.
El presidente Rodrigo Paz anunció que Bolivia incorporará a Uruguay como una “sexta frontera” en su estrategia de integración regional y anticipó nuevas gestiones diplomáticas para avanzar en acuerdos vinculados con la Hidrovía Paraguay-Paraná. Durante el acto por el 53 aniversario de la Escuela Naval Militar, realizado en Cochabamba, sostuvo que el país puede aprovechar su potencial fluvial y portuario para ampliar sus conexiones comerciales con los mercados del Atlántico y el Pacífico. También mencionó a Puerto Busch como uno de los puntos estratégicos de esa política. Paz anunció la llegada de una delegación el 20 de octubre para acelerar el proceso y señaló que ofreció las posibilidades portuarias bolivianas a los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Paraguay, Santiago Peña.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el principal acreedor multilateral de Bolivia, con una deuda de $us 4.360 millones, equivalente al 30,9% del total de la deuda externa pública. Según el informe del Banco Central de Bolivia al 30 de septiembre de 2026, el saldo total alcanzó los $us 14.117,2 millones. China encabeza la lista de acreedores bilaterales, con $us 1.000,7 millones. Las obligaciones con organismos multilaterales suman $us 9.984,5 millones, el 70,7% del total. Después del BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) ocupa el segundo lugar entre los acreedores multilaterales, con $us 3.195,5 millones, equivalentes al 22,6%; el Banco Mundial registra $us 1.719,2 millones, el 12,2%.
