Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
La Policía efectuó siete allanamientos en las pasadas horas. Foto: Unitel
La Fiscalía abrió un nuevo proceso contra Roger Mariaca por la presunta tenencia y uso de armas de gran calibre, mientras una comisión de fiscales de La Paz realizó siete allanamientos en dos días en Santa Cruz. En Chapare, un operativo de la Felcn terminó con el secuestro de una avioneta, armas y sustancias controladas. El BCB ratificó una inflación de 9,2% para 2026 y el FMI confirmó que Bolivia deberá eliminar los subsidios a los combustibles a comienzos de 2027. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
La Fiscalía General del Estado abrió un nuevo proceso penal contra el exfiscal general Roger Mariaca por la presunta tenencia y uso de armamento de gran calibre, de uso policial y militar. La investigación se activó después de que en uno de los vehículos oficiales que utilizaba Mariaca durante su gestión fueran encontradas dos armas de grueso calibre cargadas, un revólver, munición, chalecos antibalas y otros elementos. El fiscal general interino, José Armando Urioste, encabezó la requisa realizada en instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre. El vehículo Toyota Land Cruiser Prado, con placa 6470SSE, fue precintado y las armas fueron secuestradas para continuar con las investigaciones.
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Una comisión de fiscales de La Paz realizó al menos siete allanamientos en Santa Cruz durante dos jornadas, como parte de la investigación contra los exfiscales Roger Mariaca y Alberto Zeballos. El martes fueron intervenidas cuatro propiedades: la vivienda de Zeballos, los inmuebles de sus padres y de su hermana, y la casa de Mariaca. En esos operativos se encontraron $us 391.555 y Bs 328.200 en el domicilio de Mariaca, mientras que en un inmueble vinculado a un familiar de Zeballos se reportaron Bs 260.000, $us 2.800, joyas y un arma de fuego. El miércoles se realizaron otras tres intervenciones, entre ellas en la vivienda del abogado de Sebastián Marset, Roberto Arana, además de inmuebles relacionados con Rubén Aparicio y Mariaca.
Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en una pista clandestina de Villa Tunari, en el Chapare de Cochabamba, derivó en un enfrentamiento armado y en el secuestro de una avioneta, sustancias controladas, armas de fuego y un vehículo. Según el reporte policial, los agentes fueron recibidos con disparos cuando ingresaron a la pista y respondieron con sus armas de reglamento. Una vez controlado el lugar, encontraron la aeronave y bolsas con una sustancia que, de acuerdo con la investigación preliminar, sería cocaína y estaría lista para ser embarcada. La cantidad todavía no había sido establecida. Los presuntos traficantes escaparon hacia el monte y no se reportaron personas heridas durante el enfrentamiento.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan, afirmó que la nueva normativa impulsada por el Ministerio de Defensa permitirá fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. El coronel en retiro sostuvo que la nueva directriz de inteligencia militar permitirá realizar investigaciones de manera directa, sin depender de otros órganos. También planteó la necesidad de reactivar las instancias de la justicia militar, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia Militar y el Tribunal Permanente de Justicia Militar. Santistevan advirtió además que una ofensiva contra las estructuras del narcotráfico y las mafias puede generar represalias contra autoridades nacionales.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Roger Mariaca estuvo detrás del financiamiento de los 53 días de bloqueos registrados en el país y sostuvo que los recursos utilizados en esas movilizaciones provenían del narcoterrorismo. Según la autoridad, las investigaciones sobre la estructura vinculada al exfiscal permitieron identificar más de Bs 8 millones y movimientos de dinero provenientes del Trópico de Cochabamba y de remesas enviadas desde Santa Cruz. Oviedo afirmó que parte de esos recursos habría sido destinada a sostener las movilizaciones, movilizar personas y mantener los bloqueos. El ministro también relacionó a Mariaca con una estructura que, según su versión, operaba dentro del Ministerio Público.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) planteó realizar un nuevo estudio técnico de costos para definir las tarifas del transporte interdepartamental, después de que fracasara la reunión con la Confederación de Choferes. La ATT había propuesto un incremento transitorio del 15%, pero los transportistas exigieron al menos 45% y abandonaron la mesa de negociación. El director de la ATT, Carlos Agreda, rechazó que los operadores puedan establecer libremente los pasajes y advirtió con sanciones si se cobran tarifas por encima de las reguladas. La autoridad sostuvo que la entidad mantiene abierta la posibilidad de retomar el diálogo y realizar un nuevo estudio para contar con datos sobre los costos operativos.
El Banco Central de Bolivia ratificó que la inflación interanual llegará al 9,2% al cierre de 2026, pese a que el indicador descendió hasta 5,7% en septiembre desde el 9,2% registrado en junio. El reporte de Inflación y Política Monetaria del tercer trimestre señala que la inflación núcleo se mantuvo alrededor de 1,2% y que el BCB continuará aplicando una política monetaria contractiva para contener las presiones sobre los precios. El ente emisor advirtió que el proceso de desaceleración todavía no está consolidado debido a factores como los precios al productor y una mayor frecuencia de incrementos. La proyección de 9,2% considera también el efecto del nuevo precio del diésel y representa una reducción respecto al 20,4% registrado al cierre de 2025.
El Fondo Monetario Internacional ratificó que Bolivia deberá avanzar hacia la eliminación completa de los subsidios a los combustibles a comienzos de 2027. El acuerdo establece una alineación de los precios minoristas internos con los precios internacionales y la aplicación de un mecanismo automático de fijación que actualice periódicamente los valores según la estructura de costos. El FMI proyecta que el gasto destinado a subsidiar combustibles bajará de un equivalente al 6,2% del PIB en 2025 a 2,9% en 2026 y llegará a cero a comienzos de 2027. El organismo advierte que el proceso estará sujeto a las variaciones del tipo de cambio y los precios internacionales. También contempla una mayor participación privada en la importación y distribución de carburantes.
El Gobierno creó una Comisión Interministerial para elaborar un Plan de Desarrollo Integral de los 28 salares del país. La comisión está integrada por los ministerios de Gobierno, Obras Públicas, Presidencia y Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, y tendrá entre sus tareas visitar los salares y reunirse con sus habitantes para definir acciones de desarrollo. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicó que la iniciativa busca superar una visión centrada únicamente en la extracción de litio y desarrollar también las capacidades económicas de las regiones donde se encuentran los salares. El plan contempla infraestructura, actividades productivas y participación de autoridades locales, departamentales y pobladores.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Eduardo Iriarte, pidió que cualquier negociación sobre un eventual incremento salarial para 2027 se realice mediante un diálogo tripartito entre Gobierno, trabajadores y empleadores. El empresario sostuvo que las tres partes deben participar en la definición de un posible aumento y rechazó que la decisión sea adoptada únicamente mediante decreto. Advirtió que un incremento elevado podría generar dificultades para que los empleadores paguen los salarios. La Cámara de Exportadores analiza el tema con sus empresas asociadas antes de fijar una posición oficial. El viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, señaló que el Gobierno prevé abrir una negociación salarial a comienzos de 2027 y considera necesario analizar un incremento para preservar el poder adquisitivo de las familias.
