Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
La Asamblea de la Cruceñidad tomó varias determinaciones. Foto: El Deber
Cruceños emplazan al Gobierno y amenazan con autonomías de facto. Vocero presidencial: “Abrogar el decreto 5676 no resuelve el problema, lo agrava”. Diputados aprueban en grande la ley para “restituir derechos” de militares y policías dados de baja por la crisis de 2019. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
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La Asamblea de la Cruceñidad advirtió con asumir una «autonomía de facto» si el gobierno del presidente Rodrigo Paz no atiende su pliego de peticiones, el cual exige incorporar en el Presupuesto General del Estado 2027 la redistribución de ingresos fiscales bajo un esquema 50-50, además de decretar la plena liberación de la importación de combustibles con impuestos cero. «Esta Asamblea de la Cruceñidad emplaza al nivel central del Estado —que hasta el momento no demuestra voluntad para resolver la crisis económica, energética y social— para que Santa Cruz asuma su propio destino, como también deberán hacerlo cada uno de los departamentos del país», establece una de las conclusiones aprobadas por la máxima instancia de representación institucional cruceña.
Tras la Asamblea de la Cruceñidad en la que se determinó dar un mes de plazo al Gobierno para solucionar las demandas que plantean, el presidente cívico Stello Cochamanidis considera que no es necesario cambios en la Constitución para que las regiones asuman sus competencias y se fortalezcan para dar una solución a la crisis que atraviesa Bolivia. “Para recuperar las competencias en las regiones, no es necesario de manera inicial abrir la Constitución. Es necesario que los diputados y senadores trabajen pensando en sus regiones y el país”, señaló Cochamanidis. El cívico señala que la constitución otorga competencias a gobernaciones, municipios y universidad y se les asignan recursos que fueron quitados por el MAS.
Durante su intervención en la Asamblea de la Cruceñidad, el gobernador Juan Pablo Velasco planteó la necesidad de avanzar hacia la autonomía energética como una respuesta estructural a la crisis de abastecimiento de combustibles que afecta al país. Como medida inmediata, planteó que durante 90 días la importación de combustibles, por parte de los privados, esté liberada del pago del IVA y del IT, con el objetivo de reducir el impacto sobre el consumidor final. “Pedimos que por 90 días nos dejen importar combustibles sin pagar el IVA y el IT, si quitamos la subvención se van a ahorrar más de $us 200 millones por mes, dejando de cobrar IVA e IT, según el cálculo, son menos de $us 50 millones que van a dejar de ganar por mes”, afirmó.
Ante las crecientes demandas del sector productivo y la realización de la Asamblea de la Cruceñidad, que piden abrogar el decreto 5676 como una de las acciones para solucionar la escasez de diésel en el país, el portavoz del Ejecutivo, José Luis Gálvez, afirmó desde la Plaza Principal 24 de Septiembre en Santa Cruz que “abrogar el decreto no resuelve el problema, lo agrava”. El vocero presidencial remarcó la posición del Gobierno señalando que “nos va a crear más problemas, van a haber más colas, porque no va a cambiar el precio afuera y no va a dejar de distorsionarse el mercado”. Gálvez sostuvo que “hemos optado por dar aún tres millones y medio de litros diarios en lo que está sucediendo y se está programado y efectivamente está llegando”.
Tras la aprobación de una nueva ampliación de 45 días para el trabajo de la comisión legislativa que investiga el caso de la «gasolina basura», el senador Branko Marinkovic reveló el hallazgo de boletas de garantía falsificadas entregadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Aseguró que esta y otras irregularidades documentadas formarían parte del informe final. «Las boletas de garantía que recibe Yacimientos son falsas; ya contamos con información del supuesto banco emisor en el exterior que confirma que nunca emitió dichos documentos. Al haber trabajado en el sistema financiero durante años conozco el funcionamiento de una carta de garantía y, desde el primer día en que las revisé, advertí a mi colega senadora que eran ‘truchas’», aseveró.
El Gobierno nacional y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) instalaron este miércoles mesas técnicas en la Casa Grande del Pueblo para avanzar en las propuestas de la Agenda 50/50. La reunión contó con la participación del viceministro de Autonomías y Tierras, Adrián Oliva; el director del Servicio Estatal de Autonomías, Alfonso “Pica” Lema; el director ejecutivo de la FAM-Bolivia, Erlan Cordero Vera; entre otros representantes. “Inician las mesas técnicas con el sistema asociativo municipal para abordar las temáticas previamente acordadas en los ejes autonómico, económico e hidrocarburífero”, indicó el viceministro Oliva. Remarcó que este es un espacio de coordinación y trabajo conjunto orientado a la construcción de propuestas.
La Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande un proyecto de ley que busca restituir los derechos de militares y policías dados de baja por la crisis política de 2019. El documento previamente fue aprobado en la comisión de Gobierno, Fuerzas Armadas y Defensa. “Deberán restituir el grado militar que fue anulado con todos los elementos administrativos de dicha restitución. La restitución deberá realizarse en un plazo de 30 días, una vez emitida la resolución”, señala parte del documento. “Una de esas causas como legisladores es el sacrificio que han hecho policías y militares que se han sacrificado en sus vidas, carreras, derechos básicos por preservar la democracia y constitución”, explicó el diputado de Unidad, Carlos Alarcón.
Durante su visita a Sudamérica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó la influencia de la izquierda en países de la región y puso como ejemplo a Bolivia. “En Bolivia, miren lo que Bolivia ha sufrido durante 25 años debido al gobierno de izquierda”, afirmó Rubio durante su visita a Ecuador. Aseveró que la izquierda ha dejado miseria en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de haber tenido vínculos con actividades criminales, señalando a casos de Ecuador Colombia. Rubio sostuvo que no se permitirán en la región a grupos criminales transnacionales, que llegan a ser más poderosos que un gobierno en armamento, y que podrían constituirse eventualmente en una amenaza a Estados Unidos.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este miércoles que el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025, elaborado por vigésima tercera ocasión por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), registra un incremento del 22% en los cultivos de coca en el trópico de Cochabamba y una disminución del 4% en Los Yungas. Ante esta situación, el Gobierno trabaja en la reducción y contención de los cultivos mediante la concertación con los productores y el respeto de sus derechos, informó la autoridad. Oviedo señaló que los conflictos sociales que derivaron en bloqueos en el país retrasaron por más de dos meses las tareas de erradicación, pero afirmó que se busca superar los resultados alcanzados el año pasado.
El Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia expresó este miércoles su preocupación por la cantidad de detenciones de extranjeros en los operativos antidroga, en los que además se tiene consignada la incautación de «armas de grueso calibre» y decenas de avionetas utilizadas para trasladar cocaína al exterior. El titular de Gobierno, Marco Antonio Oviedo mencionó que en el último tiempo «se ha desbaratado una gran cantidad de laboratorios (de producción de cocaína)» y que «hay muchas detenciones de ciudadanos extranjeros colombianos, brasileños y paraguayos», además de «mucho» decomiso de sustancias controladas, aunque no precisó cantidades. El ministro informó que en los últimos meses se confiscaron «más de 80 avionetas».
Asambleístas reaccionaron con preocupación e indignación ante la revelación de que el día del accidente en el recinto militar de Viacha, varios conscriptos fueron obligados a ingresar al lugar, entre las dos explosiones, acarreando botellas de agua para apagar las llamas. Diputados y senadores de diferentes fuerzas con representatividad en la ALP exigieron investigación tanto a nivel FFAA, como desde el gobierno y la justicia; asimismo, lamentaron que la entidad castrense esté “desinstitucionalizada” y que el país en general esté poco preparado y capacitado para afrontar este tipo de emergencias. Finalmente, una senadora dijo que se debe establecer responsabilidades en la jerarquía militar, ya que se habría puesto en serio riesgo la vida de uniformados.
