Un Boeing 777-9 realiza pruebas de altitud en el aeropuerto de Sucre

Alcantarí fue seleccionado por contar con la certificación de aeródromo vigente, reunir las condiciones físicas y técnicas necesarias para las pruebas de rendimiento

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Un Boeing 777-9 aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional de Alcantarí, en Sucre, como parte de los ensayos para evaluar el comportamiento de sus motores en condiciones de gran altitud, en este caso a más de 3 000 metros sobre el nivel del mar.

Estas pruebas permiten a los fabricantes evaluar el desempeño de sus aeronaves en condiciones reales de operación, particularmente en terminales aéreas situadas a gran elevación, donde la menor densidad del aire representa un desafío técnico para la industria aeronáutica.

Las políticas del Ministro de Obras Públicas están orientadas a posicionar a Bolivia como una sede estratégica para la realización de estos ensayos, en el marco de la política de cielos abiertos.

Alcantarí fue seleccionado por contar con la certificación de aeródromo vigente, reunir las condiciones físicas y técnicas necesarias para las pruebas de rendimiento y disponer del soporte operativo prestado por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

Meses atrás, un Airbus A321XLR efectuó pruebas similares en los aeropuertos de Alcantarí y Juan Mendoza, en Oruro.

Código Minero creará una agencia contra la minería ilegal financiada con decomisos y aportes estatales

De acuerdo con el Ejecutivo, el nuevo marco normativo busca atraer inversiones privadas y desburocratizar los trámites en la actividad minera nacional.

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Uno de los pilares centrales del proyecto de Ley de Código Minero es el fortalecimiento de la lucha contra la minería ilegal mediante la creación de una nueva entidad especializada, la cual contará con financiación proveniente de aportes institucionales y de la monetización de los bienes que vaya a incautar.

El ministro de Minería, Marco Calderón, informó que la nueva institución se denominará Agencia de Promoción y Lucha contra la Minería Ilegal, instancia que estará encargada de combatir la minería ilegal y el robo de minerales perpetrado por los denominados «jucus».

«Afrontaremos un cambio institucional: se fusionarán la AJAM y el Senarecom. La atribución jurisdiccional de la AJAM se desvinculará para dar paso a esta nueva institución que se encargará exclusivamente de combatir la minería ilegal y el juqueo, para lo cual contará con presupuesto propio», explicó la autoridad.

Un 15 % de la recaudación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y un porcentaje similar del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) se destinarán a financiar la nueva entidad.

«Asimismo, pretendemos que esta institución monetice todo lo que logre incautar en los operativos, incluyendo maquinaria, equipos y cargamentos de minerales», detalló Calderón.

De acuerdo con el Ejecutivo, el nuevo marco normativo busca atraer inversiones privadas y desburocratizar los trámites en la actividad minera nacional.

Gobierno respalda al viceministro Maldonado y ratifica la ofensiva contra el crimen organizado

El viceministro Maldonado tiene el respaldo pleno del Gobierno nacional y la garantía de que no estará solo frente a estas amenazas.

eju.tv 

Las amenazas en contra del viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, son consecuencia directa de su labor contra el crimen organizado. Por ello, el Gobierno lo respalda plenamente en una tarea que no se detendrá porque «se acabó la impunidad», afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Oviedo dio lectura a un pronunciamiento oficial que fija la posición de la administración del presidente Rodrigo Paz respecto a la nota intimidatoria hallada junto al cadáver de una persona en Santa Cruz. En la conferencia de prensa estuvo presente el propio viceministro Maldonado, autoridades del Ministerio de Gobierno y el alto mando de la Policía Boliviana, encabezado por el comandante general de la institución.

«Desde la captura del narcotraficante Sebastián Marset, uno de los más buscados del mundo, el Gobierno nacional y las autoridades encargadas de esta lucha han sido blanco de ataques, amenazas y provocaciones promovidas por la estructura criminal de este delincuente», afirmó el ministro la noche de este martes.

El nombre de Maldonado apareció en un manuscrito dejado sobre el cuerpo de una persona asesinada con cinco impactos de bala en Santa Cruz. «Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo. De aquí para adelante los muertos que hayan va a ser tu conciencia, paga la deuda» (sic), se lee en el texto.

El Ejecutivo destacó que en los últimos meses se logró la captura de cabecillas de organizaciones criminales de gran peligrosidad, como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, Los Pulpos de Perú, Los Espartanos de Colombia y el Primer Cártel de Uruguay.

Asimismo, recordó que fue desarticulada una estructura delictiva que operaba desde los más altos cargos del Ministerio Público, a la cabeza del encarcelado exfiscal general Roger Mariaca, quien —de acuerdo con las investigaciones— brindaba protección al narcotráfico y al propio Marset.

«Frente a esta ofensiva (amenazas) queremos ser categóricos: no nos van a amedrentar. Con el respaldo del presidente constitucional Rodrigo Paz Pereira, el compromiso de la Policía Boliviana y el apoyo de las instituciones democráticas, continuaremos esta lucha sin dar un solo paso atrás. Nuestro propósito es derrotar al narcoterrorismo, desmantelar las redes de corrupción y combatir la delincuencia para devolver a los bolivianos la tranquilidad y garantizar su seguridad», establece el comunicado leído por Oviedo.

El ministro reiteró el mensaje a la autoridad: «Al viceministro Peter Maldonado Bacovic le decimos con absoluta claridad: continúe trabajando. Tiene el respaldo pleno del Gobierno nacional y la garantía de que no estará solo frente a estas amenazas».

La Policía revela que una organización criminal creó un grupo de WhatsApp y agregó a periodistas

Las organizaciones criminales de Brasil Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) tienen presencia en Bolivia, según autoridades nacionales

eju.tv /Video:Gigavisión

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que una organización criminal internacional proveniente de Brasil creó un grupo en la red social WhatsApp e incluyó los números telefónicos de varios periodistas, con el propósito de generar desinformación y tergiversar los hechos investigados.

«Han creado un grupo de WhatsApp al que muchos periodistas —algunos presentes en esta conferencia de prensa— han sido agregados, y desde el cual se ha difundido información sobre el acribillamiento ocurrido en Santa Cruz», afirmó la autoridad en una conferencia de prensa en la capital cruceña.

Álvarez hizo esta revelación durante la conferencia de prensa de este lunes, en la que informaba sobre la muerte de un hombre acribillado con cinco impactos de bala y la amenaza escrita contra el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado.

«Peter Maldonado ya se cumplió el plazo de aquí para adelante. Los muertos que hayan va a ser tu conciencia Paga la deuda» (sic), se lee en la nota dejada junto a la víctima.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre los administradores del grupo de WhatsApp, la autoridad policial remarcó la gravedad del hecho: «Esta es la muestra clara de que existe un esfuerzo sistemático frente a las operaciones del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, al intentar utilizar estos canales de desinformación y, en este caso, instrumentalizar a los medios de comunicación para distorsionar la realidad».

Las organizaciones criminales de Brasil Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) tienen presencia en Bolivia y pugnan por espacios de poder, de acuerdo a las autoridades nacionales.

El 1% de coparticipación representará cerca de Bs 560 millones para las 9 gobernaciones

Este martes se remitirá a las administraciones departamentales el texto del «Anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales»

eju.tv /Video:Btv

El 1 % de la coparticipación tributaria planteado para las gobernaciones representa cerca de Bs 560 millones, que se deberán distribuir en función de factores como la población, la eficiencia fiscal y los niveles de pobreza, informó el director del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Alfonso Lema.

«Estamos hablando de cerca de 560 millones de bolivianos por concepto de la coparticipación de siete impuestos nacionales. Adicionalmente a ello, existen otros recursos orientados a generar mejores condiciones en un momento económicamente complejo», explicó.

Este es uno de los puntos centrales consensuados en la reunión del viernes entre autoridades del Gobierno y de las gobernaciones, según un comunicado del Ministerio de la Presidencia; no obstante, los gobernadores de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; de Tarija, María René Soruco; de Cochabamba, Leonardo Loza, y de Oruro, Édgar Sánchez, expresaron abiertamente su rechazo.

Los impuestos sujetos a coparticipación son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y el Gravamen Arancelario (GA).

De acuerdo con la normativa nacional, el 20% de la recaudación se destina a los gobiernos municipales y las autonomías indígenas, mientras que el 5% se asigna a las universidades públicas.

Por el momento no existe una fórmula definitiva sobre cómo se distribuirá ese 1% a las gobernaciones, instancias que hasta la fecha no formaban parte de este mecanismo restringido a municipios y casas de estudios superiores.

«Los niveles de pobreza, los incentivos a la eficiencia y al esfuerzo fiscal —dado que las entidades territoriales autónomas también pueden generar ingresos propios—, además de la equidad territorial y la dispersión geográfica, serán aspectos evaluados al momento de fijar el mecanismo de distribución», explicó la autoridad en declaraciones a Bolivia TV.

Este martes se remitirá a las administraciones departamentales el texto del «Anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales», el cual contendrá como elemento central la asignación del 1 %. El Gobierno recibirá observaciones y sugerencias hasta el miércoles.

Cocaleros del Chapare piden diálogo sobre la racionalización de coca excedentaria para evitar enfrentamientos

En el trópico de Cochabamba aumentó el cultivo de coca de 14.275 hectáreas en 2024 a 17.471 hectáreas en 2025

eju.tv /Video:RKC

Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, lideradas por Evo Morales, se declararon en estado de emergencia y solicitaron al Gobierno una reunión urgente sobre las tareas de racionalización de cultivos excedentarios de hoja de coca en la región, con el fin de evitar enfrentamientos.

Dirigentes del sector aseguraron a través de Radio Kawsachun Coca (RKC) que a la zona se trasladó un contingente importante de efectivos militares dedicados a la erradicación y racionalización de los cocales no autorizados.

«Nuestros compañeros estuvieron a punto de rebasarnos. Tenemos que ser los dirigentes quienes tratemos de apaciguar, calmar y no llegar a mayores confrontaciones. Esperemos que el Gobierno tenga la voluntad de reunirse, coordinar y cumplir con la ley», afirmó uno de los representantes.

Morales encabeza a los productores de esta región, donde se concentra la mayor cantidad de cultivos de coca ilegal y excedentaria del país.

De acuerdo con informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2025 Bolivia registró 36.400 hectáreas de cultivos de coca frente a las 34.000 hectáreas identificadas en 2024, lo que representa un incremento nacional del 7 %.

Del total nacional, en los Yungas de La Paz la superficie cultivada disminuyó de 19.230 a 18.430 hectáreas; en contraste, en el trópico de Cochabamba aumentó de 14.275 hectáreas en 2024 a 17.471 hectáreas en 2025. La Ley General de la Coca autoriza un límite máximo de 22 000 hectáreas en el país, de las cuales solo 7.700 hectáreas corresponden al Chapare.

«Todos los compañeros están en estado de alerta y de emergencia. Son ellos quienes nos están exigiendo esta coordinación y el cumplimiento de la ley. Como dirigentes estamos haciendo conocer la situación con la responsabilidad que nos atañe», advirtió el dirigente.