Entre las prohibiciones están las concentraciones masivas y eventos que no cuenten con autorización expresa; portación de armas; el bloqueo de vías y carreteras; y la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
El estado de excepción no restringió la libre circulación, el uso de drones, las reuniones públicas ni los servicios financieros presenciales, debido a que no está vigente el parágrafo II del artículo 5 del Decreto Supremo 5636, aprobado la madrugada del sábado.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno aclaró que las medidas extraordinarias, tales como restricciones y prohibiciones, requieren obligatoriamente de una resolución biministerial de las carteras de Gobierno y de Defensa para entrar en vigencia y surtir efectos legales.
“Al no haberse emitido dicha Resolución Biministerial, las restricciones detalladas en el Parágrafo II del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 5636 no se encuentran vigentes y, por tanto, no son aplicables en el territorio nacional”, se lee en el comunicado.
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El parágrafo II contempla restricciones al derecho a la libertad de circulación y locomoción en el territorio nacional, a la libertad de reunión y manifestaciones públicas, y al uso de drones. Asimismo, prohíbe temporalmente las concentraciones masivas y eventos que no cuenten con autorización expresa; la portación de armas de fuego y armas blancas; el bloqueo de vías y carreteras; y la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
“El Gobierno nacional ratifica que la ejecución de cualquier medida extraordinaria será aplicada de forma progresiva, proporcional y bajo criterios de evaluación técnica de riesgo, conforme dispone el cuerpo normativo. En caso de que se determine la necesidad de implementar dichas acciones, el Ministerio de Gobierno informará oportunamente a la ciudadanía a través de los canales oficiales, previa emisión del instrumento legal correspondiente”, se aclaró.
El estado de excepción fue declarado la madrugada del sábado ante un bloqueo de más de 50 días que exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La medida fue dictada tras un acuerdo con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), lo que provocó el repliegue de los campesinos y un cuarto intermedio en los bloqueos de los sectores afines a Evo Morales.
El estado de excepción tiene una vigencia de 90 días.